Los bloques críticos no lograron conseguir los avales necesarios para abrir el recinto; el oficialismo logró el apoyo clave de los gobernadores Pullaro, Jaldo y Sadir para bloquear el debate
Pese a los intentos a contrarreloj para sumar avales, la oposición no logró reunir el quorum necesario para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/23 y tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. El auxilio de los gobernadores del norte y centro, con influencia directa sobre las bancadas provinciales, fue clave para el Gobierno, que obtuvo tras esta derrota un poco de aire con miras a dos temas que le interesan especialmente a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.
Los bloques críticos alcanzaron los 121 votos: les faltaron ocho para poder abrir el recinto. Entre las ausencias de peso destacaron los tres legisladores de Independencia alineados con Osvaldo Jaldo; los integrantes de Provincias Unidas Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Tampoco bajaron al recinto Sergio Capozzi (Río Negro) y Lourdes Arrieta (Mendoza), Alejandra Torres (Córdoba), Jorge Ávila (Chubut) y los radicales Jorge Rizotti e Inés Zingarán, que responden al gobernador jujeño Carlos Sadir. Todos ellos del bloque de Provincias Unidas, que suele quedar dividido ante las presiones de los gobernadores.
El auxilio de los gobernadores
La marcha atrás de Zingarán da cuenta de esta situación. La diputada había sido una de las firmantes de la convocatoria, pero finalmente se ausentó sin previo aviso. Su decisión no cayó bien en el bloque que conduce Scaglia, donde le achacan haber cambiado de opinión al filo de la sesión a pedido del propio gobernador jujeño.
Tanto ella como Rizotti, responden a Sadir, quien hace gala de su buena sintonía con la Casa Rosada y participó del Argentina Week en París, junto a otros 12 mandatarios provinciales.
En concreto, Tucumán, Jujuy y Santa Fe salieron al rescate del Gobierno.
En cambio, Catamarca y Salta, cuyos mandatarios mantienen diálogo activo con la Nación, le hicieron sentir el peso de sus votos al Ejecutivo y finalmente por acción u omisión aportaron respaldos al quorum opositor.
El desmarque de Salta y Catamarca
Los tres diputados de Elijo Catamarca, que responden a Raúl Jalil, también presente en la Argentina Week, dieron el presente pese al pedido expreso del gobernador de no apoyar la embestida opositora.
Antes de que la Corte Suprema restituyera los límites a la venta de tierras a extranjeros, los catamarqueños habían anticipado a LA NACION su intención de bajar al recinto. Sin embargo, tras el fallo, el bloque dejó en suspenso esa definición. Finalmente, desoyeron a Jalil. Su influencia sobre estos diputados es relativa desde que anunció que no buscará la reelección, y el oficialismo nacional está al tanto.
Capítulo aparte el de los salteños de Argentina Federal. Visiblemente incómodos y celular en mano, Pablo Outes y Bernardo Biella, permanecieron de pie cerca de sus bancas hasta que finalmente decidieron sentarse al filo del cierre. Yolanda Vega, por su parte, ya había anticipado su falta por motivos de salud.
Hasta último momento se especuló con una devolución de gentilezas por parte de Sáenz, después de que el Gobierno anunciara una convocatoria a empresas mineras y operadores logísticos para mejorar el funcionamiento del Belgrano Cargas en Salta y atraer inversiones privadas destinadas a reactivar sus ramales ferroviarios.
Desde temprano, referentes de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas habían comenzado a cuestionar el toma y daca entre el Ejecutivo y las provincias. Y en particular apuntaban a la concesión de la Casa Rosada al gobernador salteño.
La medida no habría alcanzado para retener a los legisladores. Sin embargo, queda el interrogante de si recién decidieron ocupar sus bancas cuando advirtieron que el número para el quorum era inviable. Aun así, la administración de Sáenz aprovechó la confusión para enviarle un mensaje a la Casa Rosada.
Si bien desde entorno del gobernador se ocuparon de valorar la “escucha” del Ejecutivo, en lo que refiere al Belgrano Cargas y afirmaron que se trata de “un paso importante”, deslizaron también que todavía falta “dar el paso decisivo: que las obras sean obligatorias en los pliegos de licitación, con inversiones comprometidas y plazos definidos”.
Todo indica que Sáenz volverá a poner el reclamo sobre la mesa antes de asegurar su respaldo al Presupuesto 2027.
No obstante, la sorpresa para el Gobierno fueron los cinco cordobeses de Provincias Unidas, que reportan a Martín LLaryora: Carolina Basualdo, Juan Schiaretti, Juan Brügge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. La única que no hizo su aporte fue Alejandra Torres, quien suele desmarcarse de sus coterráneos.
Cerca de Martín Menem no vieron con buenos ojos el accionar de los cordobeses. “No creo que quieran ir en contra de la desregulación de internet satelital, o de la ley de alquileres en su provincia”, objetaron desde LLA, en referencia a algunas de las consecuencias que habría tenido el rechazo del DNU.
Los misioneros ligados al gobernador Hugo Passalacqua también hicieron valer sus propios intereses, en defensa del sector yerbatero, desregulado por el megadecreto. Solo Daniel Vancsik, que todavía mantiene vínculos con Carlos Rovira y exhibe una buena relación con Menem, se diferenció del resto.
En total, entre quienes se sentaron en sus bancas se cuentan 90 diputados de Unión por la Patria (UP), con las ausencias de los peronistas Agustín Tita (Tierra del Fuego) y Estela Neder (Santiago del Estero); 10 de Provincias Unidas; los tres de Elijo Catamarca; cinco de Argentina Federal —tres misioneros y dos salteños—; dos de Encuentro Federal; otros dos del espacio de San Luis y los monobloques de la cordobesa Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
Ley de Tierras
A las negociaciones con los gobernadores, se suma la maniobra que ensayó este miércoles el oficialismo al incorporar dos artículos vinculados con la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El primero, el artículo 38, “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, mientras que el segundo, el 39, restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La jugada de los libertarios buscó no solo atender el reclamo de sus aliados de Pro y la UCR, que habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, sino contener a los sectores de centro de Provincias Unidas, que finalmente oficiaron, una vez más, como aliados circunstanciales del oficialismo.
Con cierto alivio, y algunos festejos por parte de Menem que celebró por redes sociales el revés opositor, el Gobierno ya oficializó la convocatoria a una sesión para el próximo 21 de octubre, que incluye un ambicioso temario que abarca el reciente dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con los proyectos de discapacidad, morosidad y vandalismo rural, entre otros. Todavía no se resignan a incorporar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas, aun sujeto a varias modificaciones.
Marcha universitaria
La jornada coincidió con la quinta marcha federal universitaria, que desde pasadas las 13 reunió a docentes, estudiantes, directores de hospitales universitarios y dirigentes gremiales en una movilización masiva, que terminó con fuertes incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Los gases que lanzaron las fuerzas de seguridad llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados, ubicado frente al Congreso en Rivadavia y Riobamba, durante los disturbios.
Los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones y se vieron notablemente afectados, al punto que Moreau se descompuso y tuvo que ser atendida por personal médico.
Por Delfina Galarza
Fuente Lanacion