La Audiencia Nacional asegura que nueve empresas sin actividad real actuaron como vehículo para canalizar fondos
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a cargo de la investigación sobre el caso Plus Ultra, atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ser el presunto líder de la trama que investiga el supuesto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en forma de rescate durante la pandemia. Según las pesquisas judiciales, las comisiones cobradas en esta operación por Zapatero ascenderían a 1,9 millones de euros, divididos en 1,5 para sí mismo y 423.779 euros para sus hijas.
El auto, al que ha tenido acceso Infobae, sostiene que el que fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 es el líder de una trama que creó “sociedades instrumentales” y empresas pantalla para “ocultar el origen y destino de los fondos”. El juez asegura que nueve mercantiles actuaron como vehículo para canalizar fondos sin actividad real, redistribuir recursos y emitir facturación simulada y contratos ad hoc. Además de esto, la operativa tenía en común la “intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico”, como las relativas al coque de petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas. Entre estas nueve empresas destaca la consultora Análisis Relevante, firma que asesoró a la aerolínea en su rescate, cuyo dueño, Julio Martínez, es amigo de Zapatero; Whathefav SL, la empresa de sus hijas, u otras como Sofgestor SL, Caletón Consultores, Voli Analítica o Afitta SL.
Mensajes de Zapatero (Infobae España)
Asimismo, en la resolución también se identifica la creación de una offshore en Dubái, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, con la colaboración de la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez; el responsable de Análisis Relevante y su gestor, Cristóbal Cano. El juez identifica a Idella Consulenza Strategica SL como la sociedad desde la que se habría articulado el desvío al extranjero de fondos relacionados con Plus Ultra, cuya titularidad integra ostentaría Julio Martínez.
La offshore, destinada a “ofrecer servicios de consultoría profesional a empresas y organizaciones empresariales de países de habla hispana interesadas en tener presencia y/o hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos, así como a empresas de los EAU interesadas en expandir sus negocios en España y Latinoamérica”, preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años. “La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público [a Plus Ultra]) ―sin constancia del pago en España―, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español», señala Calama.
Las facturas falsas
La investigación también describe la supuesta fabricación de contratos y facturas ficticias. El magistrado sostiene que la red emitía “contratos de asesoramiento”, “facturación genérica” y “documentación simulada” para justificar movimientos económicos que, según la investigación, carecían de soporte real.
La investigación sostiene que los implicados consensuaban previamente los conceptos, las fechas y los importes de las facturas para que cuadraran con los pagos que necesitaban justificar. En conversaciones intervenidas por la UDEF, Gertrudis y Cano llegan a pedir instrucciones concretas sobre qué cantidades debían reflejar o qué concepto resultaba más adecuado para sostener la operativa. En uno de los mensajes incorporados puede leerse: “Ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada”, mientras que en otra conversación se propone “ir consensuando los conceptos”.
El auto recoge además que gran parte de los contratos eran elaborados “ad hoc” e incluso con carácter retroactivo. Los investigadores consideran acreditado que muchas relaciones mercantiles se diseñaban únicamente para respaldar movimientos bancarios ya acordados con anterioridad. En uno de los episodios descritos, Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de Plus Ultra, plantea a Martínez Martínez una estrategia para canalizar los pagos mediante la creación de un contrato a “medida” cuyo objeto se adecue al concepto de la factura: “Luego, en fecha, dejarlo sin efecto al no haber cumplido la segunda cuota o similar”. Para el juez, estas conversaciones reflejan una “operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento” y “generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos”. Pregúntale a la gente de Afitta si (…) han presentado la factura el año pasado para el tema del Iva ¿vale? Eso lo primero, para poder cambiar el concepto”, le dijo por audio Federico Lledo, que fue administrador de Summer Wind, a Martínez Sola.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este martes de «escándalo internacional» la investigación del expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso ‘Plus Ultra’ y ha criticado que el Gobierno de la nación «cuestione» la labor de la Justicia. (Fuente: Comunidad de Madrid)
La documentación intervenida también revela el uso habitual de conceptos genéricos o directamente irreales. Entre las facturas analizadas aparecen referencias a “servicios agencia”, “honorarios de asesoramiento”, “informes mensuales” o supuestos desarrollos tecnológicos inexistentes. Uno de los ejemplos que cita el auto es una factura de 50.000 euros por el supuesto “desarrollo e implementación de aplicación informática destinada a utilización en sector aéreo”. Sin embargo, más tarde admitían que la sociedad Caletón Consultores, controlada por Santiago Fernández Lena, secretario del Consejo de Administración de la aerolínea, “no tiene programas”, por lo que proponía “darle una vuelta para ver si pueden hacerlo de otra manera con otro o concepto”.
El auto también hace mención a las instrucciones expresas para censurar palabras comprometedoras en los borradores contractuales. En concreto, el texto detalla que en mayo de 2022 se redactó un contrato que fijaba una remuneración del 3%. Dos días después, el gestor Cristóbal Cano solicitó “por indicación de Julio Martínez, que elimine del documento la palabra ‘comisión’”. Para el magistrado, esta instrucción expresa demuestra que la red utilizaba denominaciones alternativas, como supuestos servicios de asesoramiento, con el único objetivo de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones.
Fuente infobae