La Justicia sospecha que parte de las ganancias obtenidas mediante el acceso irregular a dólares oficiales terminó vinculada a la relación financiera entre el exmarido de la modelo y Francisco Hauque.
La Justicia profundiza la investigación sobre el circuito millonario de maniobras con dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, con especial atención a las figuras de Francisco Hauque, Martín Migueles y Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio.
De esa maniobra con la moneda oficial, la Justicia cree que se generó la famosa deuda de 6 millones de dólares que Piccirillo le reconoció a Hauque y que podría haber derivado en el operativo trucho en su auto, con armas y drogas.
Esa deuda es investigada por el fiscal Gerardo Pollicita y la jueza Capuchetti, que buscan determinar cuál es el origen de los fondos. Es que en rigor no se descarta que se haya originado de las propias maniobras con el dólar oficial. En ese expediente se hallaron cheques rechazados con los que Piccirillo prometió pagar el dinero.
Según la documentación incorporada a la causa, Piccirillo aceptó pagar esa deuda con 39 cheques emitidos por la firma Constructora 11 S.A. Los valores de cada cheque oscilaban entre los $140 millones y los $190 millones y estaban fechados el 18 de diciembre de 2024. Sin embargo, muchos de esos cheques no tenían fondos y fueron rechazados. Los documentos fueron depositados en Sur Finanzas (NEBlockchain S.A.), otra de las firmas que aparece mencionada en el expediente.
La investigación intenta determinar el origen de esos 6 millones de dólares. De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía, parte del dinero podría provenir de las maniobras investigadas con casas de cambio y acceso al mercado oficial de divisas. El fiscal Franco Picardi sospecha que existió un esquema destinado a obtener dólares oficiales para luego derivarlos al mercado blue y obtener ganancias extraordinarias mediante el denominado “rulito”.
En conversaciones y audios incorporados a la causa, Hauque llegó a mencionar que había ganado “mucha plata con el rulito”. La fiscalía también investiga si para sostener algunas de esas operatorias se falsificaban boletas de servicios como luz y gas.
La deuda entre Hauque y Piccirillo ya había aparecido meses atrás en otro tramo del expediente a partir de un reconocimiento de deuda en el que Piccirillo admitía deberle 6 millones de dólares al empresario y se comprometía a cancelarlos mediante una serie de cheques que, según denunciaba el entorno de Hauque, no tenían respaldo económico.
En aquel documento, firmado ante escribano público, Piccirillo se comprometía a entregar cerca de 40 cheques por un total aproximado de $6530 millones. Los abogados de Hauque afirmaban entonces que no habían recibido “un solo peso”. También sostenían que varios de los cheques habrían sido emitidos por personas sin capacidad económica y denunciaban irregularidades en las firmas.
La defensa de Piccirillo rechazó esas acusaciones y aseguró que los cheques eran genuinos y contaban con fondos suficientes. Además, su entorno sostuvo que no solo se había cancelado la deuda original sino también intereses adicionales. Su abogado Fernando Sicilia llegó a afirmar que el empresario había sido obligado a firmar el reconocimiento de deuda bajo amenazas.
El expediente también investiga el vínculo entre esa deuda y el presunto operativo ilegal realizado contra Hauque en enero del 2025. Aquella noche, Hauque y su pareja fueron interceptados por policías de civil luego de cenar con Piccirillo en el Palacio Duhau. Los agentes afirmaron haber encontrado cocaína y un arma dentro del vehículo, pero la defensa del financista denunció que se trató de un procedimiento armado.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló posteriormente esa causa al detectar irregularidades en el operativo. Siete efectivos de la Policía de la Ciudad quedaron investigados y un agente convertido en imputado colaborador aportó detalles sobre el supuesto montaje. La Justicia sospecha que existió una conexión directa entre Piccirillo y los policías involucrados.
En paralelo, el expediente principal avanzó sobre las maniobras cambiarias realizadas entre 2021 y 2023. Los documentos del Banco Central describen un circuito en el que dólares adquiridos a valor oficial eran retirados en efectivo y perdían trazabilidad bancaria. Según la reconstrucción judicial, las divisas pasaban por bancos, casas de cambio y personas humanas que retiraban el dinero por ventanilla.
Los investigadores creen que parte de esos fondos terminaban en el mercado informal y que el sistema funcionaba con supuestos pagos clandestinos vinculados a las aprobaciones SIRA. En audios incorporados a la causa, Martín Migueles hablaba de costos de entre “11 y 12 por ciento” para acelerar autorizaciones y mencionaba márgenes adicionales calculados sobre el valor del dólar blue.
El expediente también analiza el rol de varias casas de cambio y financistas, entre ellos Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas. Bajo investigación aparecen firmas como Rosario Cambio SA, Fast Cambio SA, Gallo Cambios SAS, Cambio Belgrano SRL, Cambio DEM SAS, Atlántida del Rosario Servicios SA, Mega Latina S.A., Concordia Inversiones SRL y Arg Exchange.
Los investigadores intentan reconstruir el destino final de más de US$ 530 millones que habrían circulado mediante estas operatorias. Parte de los fondos, según documentos del Banco Central, habría sido utilizada para la compra de bienes de alto valor como autos de alta gama, motos de colección y aeronaves de lujo.
Fuente Tn