La decisión del juez del Supremo Tribunal Federal, motivada por denuncias de problemas con el transporte público, generó dudas sobre su implementación y expuso demoras del Tribunal Electoral y de los partidos
RASILIA.- Los expertos legales consideran que la decisión del magistrado Cristiano Zanin, del Tribunal Supremo Federal (TSF), que prorrogó el período de votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tras las denuncias de falta de transporte público en las ciudades brasileñas, ha llevado a la jornada electoral a una situación sin precedente, creando nuevos desafíos y una posible nueva ola de judicialización de los comicios.
Ante las dudas que rodean la implementación de la decisión, el ministro Zanin se pronunció al anochecer y explicó que la prórroga del plazo solo se aplica a las urnas que aún no han sido cerradas. Según Eduardo Damián, abogado y profesor de Derecho Electoral en la Escuela de Magistrados del Estado de Río de Janeiro, los partidos tardaron en actuar.
“Si se cuenta con inspectores y delegados de las coaliciones de todo el país encargados de verificar cualquier ilegalidad o incidente, esto debería haberse anunciado con antelación para dar tiempo a su implementación y para que todos estuvieran al tanto de la ampliación del horario”, afirma Damian, quien considera que la situación no tiene precedentes.
Gustavo Sampaio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Federal Fluminense (UFF), afirma que el Tribunal Superior Electoral (TSE) tardó en actuar. Antes de ordenar la prórroga del plazo de votación, Zanin había enviado un comunicado al ministro Kassio Nunes Marques, quien preside el TSE.
Según la valoración de Sampaio, Marques podría haber tomado una decisión por iniciativa propia, pero optó en cambio por consultar al Tribunal Electoral Regional de Bahía (TRE-BA) sobre la situación del transporte público en Salvador.
“Dio un plazo de 30 minutos, pero ya eran las 16.40. El ministro Zanin esperó y, ante la falta de respuesta, emitió la resolución, esta ya no podía hacerse cumplir”, afirma el profesor. Considera que, independientemente del resultado de las elecciones, la situación abre la puerta a posibles litigios.
Wallace Corbo, profesor de Derecho Público en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (Uerj), cree que la decisión de Zanin fue correcta, pero planteó interrogantes sobre cómo se implementaría.
“El problema radica en que cada Tribunal Electoral Regional (TRE) deberá diagnosticar rápidamente qué centros de votación aún pueden recibir votantes y brindar la orientación adecuada sobre cómo recolectar los votos. Una urna que ya ha sido cerrada no puede reabrirse; una urna electrónica que ya ha sido cerrada no puede reabrirse”, explica el profesor.
Al igual que Damián, Corbo cree que las campañas y el Tribunal Electoral tardaron en actuar.
“En el caso de los partidos políticos, la demora se explica por la falta de información, a veces dispersa, que debían recopilarse. Para el Tribunal Electoral Superior (TSE), la demora es menos justificable”, afirma el profesor, quien añade: “Lamentablemente, es probable que haya litigios”.
Según Felipe Fonte, profesor de Derecho de la FGV-Río, la proximidad de la decisión de Zanin a la hora de cierre de las urnas prevista inicialmente aumenta la incertidumbre. “Se ha vuelto imposible cumplir con esto en muchas zonas electorales. No tenemos precedentes en el derecho constitucional brasileño para algo así” dice Fonte, quien agrega: “Aún es posible que se discuta la idoneidad de la vía elegida para llevar el asunto ante el Tribunal Supremo Federal”.
Por Paulo Assad
Fuente Lanacion