La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de cuatro directivos de Jonestur, que después de 12 años de causa, quedaron a un paso del juicio oral; manejaron una cartera de al menos US$138 millones de sus clientes, entre ellos, Daniel Muñoz
Doce años después de iniciada la investigación, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur por el delito de lavado de activos agravado mediante una estructura destinada a captar fondos de clientes, administrarlos por fuera de la actividad formal de la casa de cambio y transferirlos a sociedades en Panamá y cuentas bancarias en Andorra.
La Cámara Federal consideró que existen pruebas suficientes para sostener que los cambistas involucrados manejaron una cartera de al menos US$138 millones de sus clientes. Entre ellos, el círculo íntimo de uno de los secretarios privados de la familia Kirchner, Daniel Muñoz, que terminó por adquirir inmuebles en Miami y en el otrora hotel Plaza de Nueva York, e involucrados en maniobras de narcotráfico que formaron parte del operativo “Carbón Blanco”.
El tribunal también ordenó embargos por $10.000 millones contra cada uno de los procesados en la investigación que comenzó con una denuncia del Banco Central (BCRA) e impulsó la fiscal federal Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Criminalidad Económica y otros delitos complejos de Mar del Plata, con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
En su resolución, la Cámara consideró acreditado que Jonestur operó como mucho más que una casa de cambio. También prestó servicios de administración patrimonial, asesoramiento financiero y gestión de carteras, y fugó fondos al exterior mediante sociedades constituidas en Panamá hacia cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Los procesamientos confirmados recayeron sobre los máximos responsables de Jonestutr -Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro-, quienes quedaron a un paso de afrontar un juicio oral “por haber tomado intervención en el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y haberse cometido de forma organizada”.
La Cámara también dictó la falta de mérito o el sobreseimiento de otros acusados -entre ellos, los directivos de Transcambio- y estimó que no hay evidencias suficientes para confirmar que integraron una asociación ilícita, tal como sostuvo el juez federal, Santiago Inchausti, al procesarlos, decisión que el Ministerio Público apelará ante la Casación Penal.
La operatoria bajo sospecha benefició, entre otros, al círculo íntimo de Daniel Muñoz, quien movió decenas de millones de dólares sin declarar. Según la investigación, su pareja, Carolina Pochetti, y uno de sus testaferros, Sergio Todisco recurrieron a esas estructuras financieras para triangular y reciclar fondos que terminaron en sociedades offshore para luego volcarse en operaciones inmobiliarias en Estados Unidos.
La causa se inició en 2014 a partir de una presentación del BCRA por posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario atribuidas a sitios que operaban como “cuevas financieras” en la ciudad de Mar del Plata. La denuncia quedó radicada ante la justicia federal de esa ciudad e incluyó allanamientos en locales comerciales, oficinas paralelas y domicilios particulares. También se analizaron elementos tecnológicos, documentación secuestrada y registros vinculados con la operatoria financiera desplegada por el grupo investigado.
El intento de hacer caer la causa
Pronto afrontó, sin embargo, obstáculos y demoras en los tribunales, que se sumaron a los planteos de las defensas para cerrar el expediente. En ese sentido, la Cámara Federal marplatense llegó a disponer en un fallo anterior el apartamiento del juez Inchausti, el sobreseimiento de todos los imputados y el cierre de la investigación, pero la Casación revirtió la anulación y forzó la reapertura del expediente, en tanto que la Corte Suprema restableció a Inchausti al frente de la investigación judicial.
Con el expediente otra vez en sus manos, Inchausti avanzó contra los directivos de Jonestur y Transcambio en septiembre pasado. En total, procesó a 29 imputados; entre ellos, a miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro -señalado como nexo clave entre ambas organizaciones-. También, al comisario (RE) de la Policía bonaerense, Gerardo Julio Gómez, imputado por encubrimiento agravado porque omitió denunciar las maniobras.
Inchausti también libró una rogatoria internacional a Andorra para inmovilizar activos detectados en cuentas en la BPA de García Navarro, sus hijas y un conjunto de sociedades panameñas asociadas al grupo. El expediente detalla que en 2023, en Andorra, directivos de Jonestur —entre ellos Rigano y Seret— celebraron un acuerdo con el Ministerio Público del Principado, donde reconocieron delitos financieros y aceptaron multas por más de 32 millones de euros, además del decomiso de casi 8 millones de euros en comisiones ilegales. A pesar de ello, en la entidad andorrana permanecen congelados cerca de 40 millones de euros, que la Justicia argentina busca recuperar.
La investigación requirió años de escuchas telefónicas, peritajes contables, testimonios de ahorristas damnificados -muchos de ellos patrocinados por los letrados Pedro Bove, Julián Vespa y otros profesionales- y cooperación internacional. Y para Inchausti, “quedó acreditado que los fondos manejados provenían de actividades ilícitas y que ambas estructuras actuaron con vocación delictiva permanente”, configurando una de las mayores redes de intermediación financiera ilegal de las últimas décadas en Argentina.
Por Hugo Alconada Mon
Fuente Lanacion