El juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González buscarán determinar si existió un circuito de lavado de dinero detrás de la adquisición del inmueble y los vehículos de lujo.
La investigación por la mansión de Pilarvinculada a laAsociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá una nueva etapa después de que la Corte Suprema resolviera que el expediente quede en manos del juez federal Daniel Rafecas. El foco estará puesto en reconstruir el origen y el recorrido del dinero utilizado para adquirir la propiedad y los vehículos de lujo encontrados en el lugar.
Según pudo saber TN, tanto la Justicia buscará determinar si existió un circuito de lavado de activos detrás de la adquisición de esos bienes, que podrían haber sido comprados con fondos provenientes de presuntas maniobras ilícitas vinculadas con la AFA.
De esta manera, la investigación no se limitará a establecer quién es el verdadero dueño de la mansión, sino que intentará reconstruir cómo se generaron y circularon los fondos utilizados para comprarla, además de identificar a todas las personas y sociedades que pudieron haber intervenido en esas operaciones.
En ese sentido, las fuentes consultadas señalaron que el análisis tampoco se concentrará exclusivamente en Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de Real Central SRL, la sociedad propietaria de la quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pila
La hipótesis que buscará profundizarse es que la mansión y los vehículos podrían ser el resultado final de una serie de maniobras de lavado de dinero. Por eso, los investigadores intentarán reconstruir las operaciones económicas que precedieron a la adquisición de los bienes y determinar si existieron otros involucrados.
Una de las medidas que podría impulsarse es un peritaje integral para analizar el origen de los fondos y las operaciones utilizadas para comprar la propiedad y los vehículos. Sin embargo, aún resta que el juez Charvay envíe todo el expediente y que las autoridades judiciales comiencen a analizar los papeles.
La investigación también pondrá la atención sobre la facturación de Real Central SRL y la documentación secuestrada durante los allanamientos realizados en diciembre de 2025 en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los elementos que podrían resultar relevantes aparecen los movimientos de dinero entre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia y la empresa propietaria del inmueble.
En las últimas horas, TN reveló documentación sobre pagos por más de $300 millones vinculados con la AFA y Real Central SRL. Entre ellos figura una orden de pago de junio de 2025 por $231.110.000, junto con otros comprobantes por $70.400.000.
Esos registros se suman a documentación sobre vehículos de alta gama relacionados con sociedades del entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a un comprobante de una operación de $600 millones entre Argentinos Juniors y la entidad en el que aparece la firma de Pantano.
La causa vuelve a Rafecas tras la decisión de la Corte Suprema

El nuevo rumbo de la investigación se conoce después de que la Corte Suprema de Justicia resolviera que Rafecas debe quedar a cargo del expediente, que hasta ahora estaba en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, señalado por su cercanía con la AFA.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había enviado la investigación a Campana.
El expediente se inició en diciembre de 2025, a partir de una denuncia de dirigentes de la Coalición Cívica. Durante los primeros allanamientos se encontraron vehículos de lujo y otros elementos que permitieron establecer posibles conexiones entre la propiedad y dirigentes de la AFA.
La investigación también busca determinar si Pantano y Conte tenían capacidad económica para justificar la compra del inmueble, que fue adquirido mediante una operación declarada por US$1,8 millones, aunque una tasación incorporada a la causa le asignó un valor cercano a los US$17 millones.
Por el momento, no está definido si habrá llamados a declaración indagatoria antes de fin de año. Además, resta determinar cuándo llegará efectivamente el expediente desde el juzgado de Campana a Comodoro Py y qué documentación será remitida.
La remisión del material será uno de los primeros pasos necesarios para que Rafecas y González puedan evaluar las pruebas reunidas y definir las próximas medidas de investigación.
Fuente TN

