Desde su implementación en 2011, las primarias fueron cuestionadas por todas las gestiones sin importar el signo político. Qué dicen los datos sobre su funcionamiento, qué aspectos quedaron pendientes y por qué su eliminación vuelve a generar disputas en el Congreso.
Las PASO han sido, desde su estreno en 2011, un blanco recurrente de casi todos los oficialismos que, sin distinción partidaria, con mayor o menor ímpetu, mayor o menor éxito, argumentos más o menos sólidos, han coqueteado con la idea de reformarlas, suspenderlas, posponerlas o directamente eliminarlas. Una vez más, el Gobierno nacional de Javier Milei avanza en el Congreso con un proyecto de reforma electoral con el que busca volver a suspender las primarias para la elección nacional. Lo que vuelve a abrir la pregunta de para qué han servido las PASO y por qué siempre están bajo discusión.
TN dialogó con politólogos e investigadores sobre cuáles podrían haber sido los éxitos y fracasos de las PASO en sus 15 años de vida y sobre los posibles riesgos de avanzar en reformas electorales si detrás hay, más que la búsqueda de una mejora del sistema, un cálculo político de corto plazo, como indican las recientes negociaciones del oficialismo.
El proyecto de reforma electoral que el Gobierno envió al Congreso en abril se apoyaba formalmente en tres argumentos para eliminar las primarias: el fracaso de sus objetivos originales; la libertad de los partidos para definir sus candidaturas; y la erradicación de gastos innecesarios. El discurso público del Gobierno, sin embargo, se concentra básicamente en el gasto fiscal que suponen. Pero la oposición advierte —y en el propio oficialismo reconocen— que el objetivo de fondo sería complicar las chances de reorganización del peronismo o de otras ofertas opositoras de cara a las elecciones presidenciales de 2027, y al mismo tiempo evitar desafíos internos a Javier Milei.

Públicamente, el Gobierno afirmó que la suspensión de las PASO permitiría ahorrar entre US$ 150 y US$ 200 millones, una estimación global basada en evitar todos los gastos de una jornada electoral completa (logística, boletas, aportes a partidos y seguridad). Para los comicios de 2025 —cuando las PASO se suspendieron—, el Correo Argentino y el Ejecutivo calcularon un ahorro de casi US$11 millones, acotado únicamente a la transmisión de telegramas y el escrutinio provisorio. Finalmente, informes privados como el de la Fundación Éforo determinaron que el ahorro neto real en 2025 fue de aproximadamente US$9,5 millones, ya que el recorte en boletas, aportes extraordinarios de campaña y seguridad —estimado en alrededor de US$90 millones— por no realizar las PASO, quedó casi neutralizado por el encarecimiento récord del operativo logístico del Correo para las elecciones legislativas generales.
Martín D’Alessandro es politólogo, profesor de Ciencia Política en la UBA y presidente de Poder Ciudadano, organización apartidaria sin fines de lucro que promueve la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública. D’Alessandro advierte que el argumento del costo fiscal, si bien discursivamente útil para la narrativa oficialista, es débil para juzgar una regla electoral. “La democracia es cara. Es un argumento inadmisible, por que con el argumento de que se gasta mucho dinero, mañana eliminamos directamente las elecciones parlamentarias, o eliminamos el Congreso, porque nos aprovechamos de que la ciudadanía tiene una opinión negativa de los diputados y los senadores. Las PASO sí o las PASO no tienen que ser evaluadas en función de si mejoran o no mejoran la representación democrática, que es el problema que tiene la Argentina. El gasto de las PASO… bueno, la democracia es cara”, sostiene.
Ariadna Gallo —investigadora del CONICET en el IEALC-UBA— ha desarrollado numerosos trabajos de investigación sobre el funcionamiento de las PASO desde 2011, la primera elección nacional en que se aplicaron. Afirma que un instrumento electoral tiene que evaluarse según si cumplió la función para la que fue pensado. En ese sentido, el objetivo central de la ley fue democratizar la selección de candidaturas: que las disputas internas de los partidos se resolvieran ampliando el universo de quienes pueden elegir a los candidatos. A eso se sumaban la reducción de la fragmentación y el ordenamiento de la oferta electoral.

De acuerdo a su análisis, los datos de las elecciones nacionales entre 2011 y 2023 —la última en la que se celebraron las PASO— muestran que aproximadamente ocho de cada diez agrupaciones que compitieron presentaron lista única, tanto en la categoría presidencial como en Diputados y Senado. En otras palabras, solo alrededor del 20% presentó más de una lista para dirimir en las primarias. Así, para Gallo, “el objetivo de abrir para democratizar no se cumplió, o se cumplió muy limitadamente”.
Pero, además, entre las que sí llevaron más de una lista, no todas tuvieron una competencia real. Se estima competitiva una interna cuando, en la categoría presidencial y en Senado, la diferencia entre las dos primeras listas fue menor a 20 puntos porcentuales y, en Diputados, cuando la lista ganadora obtuvo menos del doble de votos que la segunda. En la categoría presidencial, también se considera competitiva una interna si las encuestas previas daban como ganador a quien finalmente perdió.
Con ese criterio, en la categoría presidencial hubo 46 participaciones de agrupaciones:
- 36 con fórmula única
- 7 con más de una lista, pero sin competencia real
- 3 con internas competitivas: la del Frente de Izquierda en 2015, entre Nicolás del Caño y Jorge Altamira; la de Juntos por el Cambio en 2023, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta; y una tercera, de una fuerza que no superó el umbral mínimo de 1,5% de los votos para llegar a las generales
En las categorías legislativas, donde cada agrupación se cuenta una vez por distrito y por elección, la tendencia se repite. En Diputados, de 1322 participaciones:
- 1039 fueron con lista única
- 140 con más de una lista sin competencia real
- 143 con internas competitivas —un 10,8% del total, aunque la proporción creció del 6,4% en 2011 al 16,1% en 2023—
En el Senado, de 432 participaciones
- 338 fueron con lista única
- 57 con más de una lista sin competencia real
- 37 con internas competitivas —un 8,6% del total—

Tampoco habría gran evidencia, al menos en estos datos, de que las primarias hayan servido para procesar los conflictos internos en una coalición y que esta sobreviva. El caso más claro de esto es el de Juntos por el Cambio en 2023, la única interna competitiva de una coalición con posibilidades reales de ganar la presidencia —ya que la interna entre Sergio Massa y Juan Grabois, si bien pudo servir para mantener sectores dentro de la coalición oficialista, no fue realmente competitiva—: tras las PASO y la derrota en la primera vuelta, JxC implosionó, a tal punto que no solo Bullrich y Larreta ya no forman parte de aquella coalición, sino que ni siquiera forman parte del PRO, el partido que integraban dentro de la alianza.
Gallo discute, además, la idea de que las PASO hayan sido la condición para que se armaran coaliciones como Cambiemos, que en 2015 ganó la elección presidencial: “Las coaliciones existen históricamente, más allá de las PASO. Hay una asociación entre dos hechos que son datos de la realidad: por un lado, la existencia de las PASO; por otro, la conformación de Cambiemos y su estatus de coalición ganadora. Pero no hay ninguna conexión directa entre ambos elementos. Se podría haber formado igual y podría haber competido igual”.
La Argentina es, además, un caso particular: el único país con primarias reguladas de doble obligatoriedad, para los partidos y para los votantes. En Uruguay, todos los partidos deben pasar por las internas, pero votar en ellas es optativo; en Chile y Colombia, las primarias son voluntarias tanto para las fuerzas políticas como para los electores. Perú aprobó un sistema similar al argentino, pero lo eliminó antes de aplicarlo.
Santiago Leiras, profesor y politólogo de la UBA, coincide en que un punto débil del instrumento fue que no motivó competencia real para la definición de candidaturas: “No sirvió para estimular la competitividad. Al existir, por lo general, previamente, acuerdos internos establecidos antes de ir a la primaria, las PASO terminaron siendo más bien una instancia formal”. Sin embargo, le reconoce un valor: “Ayudó a morigerar un poco la fragmentación y, en alguna medida, a ordenar un poco la oferta electoral para las oposiciones. Ese me parece que es el mejor aporte”.

Pero, por otro lado, Leiras señala un efecto nocivo tal vez no previsto originalmente, y es que las PASO se terminaron convirtiendo en una especie de primera vuelta de tres elecciones (con las generales y el balotaje). “Como hay tiempos muy largos entre cada proceso electoral, una situación de incertidumbre política tras un resultado electoral se vuelve más problemática”.
El caso más claro habría sido el de 2019, cuando Alberto Fernández superó a Mauricio Macri por más de 15 puntos en las primarias y, al día siguiente, el dólar se disparó y la bolsa se desplomó. “Al ganar Alberto Fernández la PASO de manera tan contundente, generó una situación grande de incertidumbre a nivel económico y político, porque eran muy largos los tiempos entre la PASO y el traspaso de mando, con un resultado prácticamente definido antes de la elección general inclusive”, recuerda Leiras. Por eso, más allá de derogarlas o no, plantea revisarlas: acortar los tiempos, o pensar primarias abiertas y simultáneas, pero no necesariamente obligatorias.
Por su parte, D’Alessandro apunta a la coherencia interna de todo el proyecto original de reforma electoral del Ejecutivo. Entre sus aspectos positivos destaca que buscaba reducir la cantidad de partidos políticos, algo que considera necesario porque la normativa vigente “es muy laxa, muy permisiva” para crearlos y mantenerlos. “El Gobierno había hecho un proyecto contradictorio. Si vos querés reducir el número de partidos y estás proponiendo unas reformas que son buenas, dirigidas a ese objetivo, ¿por qué después querés eliminar las PASO, que cumplen el mismo objetivo?”. Si las primarias no cumplieron algunos de sus objetivos, plantea, lo que correspondería es revisarlas: “Lo ideal sería tener un diagnóstico de dónde está el punto flaco y reformarlas en función de eso. ¿Por qué hay que caer en el reduccionismo de todo o nada?”. Y concluye: “Esto te muestra que la intención del Gobierno no es la de mejorar el sistema político, trabajar seriamente una reforma, mejorar la representación de la democracia, sino lo que le conviene a uno en el cortísimo plazo”.
El riesgo de las reformas por conveniencia política
Para Miguel De Luca, director de la carrera de Ciencia Política de la UBA, la tentación de modificar las reglas electorales en beneficio propio no es exclusiva de ningún gobierno. El problema, explica, es que las reglas electorales, para funcionar y sostenerse, necesitan un alto nivel de legitimidad: “Uno de los aspectos centrales que caracteriza a las reglas electorales en cualquier democracia del mundo es que hay certidumbre respecto de cómo se va a jugar la próxima competencia. Entre los especialistas tenemos un dicho: en las elecciones hay certidumbre en relación a las reglas e incertidumbre respecto al resultado”.
Las PASO, de alguna manera, nacieron de un cálculo político partidario. En junio de 2009, el kirchnerismo —con Néstor Kirchner como primer candidato a diputado nacional— perdió las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires frente a la lista de Francisco de Narváez, como peronista disidente aliado al PRO. A fines de ese año, el Congreso sancionó la Ley 26.571, que creó las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La regla buscaba, entre otras cosas, limitar la fragmentación: obligar a los sectores en disputa —en especial dentro del peronismo— a dirimir sus diferencias en un mismo espacio, donde el oficialismo tenía más chances de imponerse. Se estrenaron en las elecciones de 2011.
Parece un ejercicio contrafáctico pensar si hubiera sido posible o no una alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica en 2015 sin la existencia de las PASO. Hay quienes interpretan que Cambiemos, que ganó la presidencia con Mauricio Macri tras una interna con Ernesto Sanz y Elisa Carrió, fue en buena medida un producto exitoso de la existencia de la primarias. Sin embargo, ya durante el gobierno de Macri hubo sectores de la coalición que plantearon suspenderlas en 2017 y 2019, y en 2019 el diputado del PRO Pablo Tonelli llegó a presentar un proyecto para derogarlas, que no avanzó.
El Frente de Todos llegó al poder. A fines de 2020, gobernadores peronistas pidieron suspender las PASO de 2021 por la pandemia y diputados del FdT presentaron un proyecto con ese fin, pero no había consenso interno total, JxC se opuso y el acuerdo al que se llegó en el Congreso fue postergarlas un mes, por única vez. En 2022, con las presidenciales en el horizonte y en medio de una fuerte interna en el oficialismo, los gobernadores del PJ volvieron a insistir, y el entonces ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que respondía a Cristina Kirchner, impulsó políticamente la discusión. Un aliado del oficialismo, Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, presentó la iniciativa legislativa de derogación. Además del rechazo de JxC y otros bloques opositores, la iniciativa chocó con la resistencia del sector más ligado al presidente Alberto Fernández, y las PASO se hicieron en agosto de 2023.

Ya con Milei, el Ejecutivo propuso eliminarlas a fines de 2024 y el Congreso solo aprobó suspenderlas para 2025. En abril de este año volvió a proponer su derogación. El PRO, aliado del Gobierno, no mostró una posición unificada. Los gobernadores, por su parte, pidieron primero garantías para blindar sus territorios frente a candidatos libertarios y usaron el tema como moneda de negociación en otros temas de su agenda con el Gobierno nacional. Y el peronismo, que como oficialismo había impulsado en gran medida su suspensión o eliminación, hoy las defiende como un instrumento útil para dirimir internas y ordenar la oferta electoral, mientras busca, con ciertas dificultades, reorganizar una alternativa de unidad para enfrentar al Gobierno en las elecciones nacionales del año que viene.
Es decir, los intentos por suspender las PASO nacieron recurrentemente de los oficialismos, que suelen tener un ordenador natural en la figura del presidente y cuentan con el aparato estatal, por lo que necesitan menos de una primaria para resolver sus candidaturas. Para un gobierno, además, las PASO pueden abrir la puerta a que alguien desafíe al propio presidente. Las oposiciones, en cambio, suelen tener menos recursos, divisiones internas más fuertes, y encuentran en las PASO al menos una herramienta para ordenarse e integrar, aunque no haya más de un candidato competitivo.
Para De Luca, la historia de las reformas electorales muestra que el cálculo no siempre sale como el oficialismo pretende. “Hay casos de mala praxis, donde quien quiere promover una reforma piensa que lo va a beneficiar y no hace un buen cálculo estratégico respecto a ese cambio”. A eso se suma lo que llama el “efecto aprendizaje”: una regla puede favorecer al oficialismo en la elección inmediata, pero en la siguiente la oposición aprende a usarla y la da vuelta, como podría haber sido el caso de Cambiemos.
Hay ejemplos de hace más de un siglo, como la ley Sáenz Peña, que cita De Luca. Los conservadores, que tenían mayoría en el Congreso, la aprobaron en 1912 convencidos de que les aseguraría dos tercios de las bancas y de que el radicalismo, integrado como minoría, dejaría de impugnar el sistema. En 1916, Hipólito Yrigoyen ganó la presidencia. Algo parecido ocurrió en los 90 con la ley de lemas, que varios gobernadores peronistas impulsaron porque les permitía ganar sumando los votos de varios candidatos propios frente a opositores que, de manera individual, podían tener más votos. “Pero después las oposiciones armaron lo que se llamó los superlemas, y empezaron a tener muy buenos resultados. Conclusión: el propio peronismo llegó a promover la derogación de la ley de lemas”, recuerda.
“Las reglas se divorcian de las intenciones de quienes las crearon. Quienes crearon esas reglas las crearon por un determinado objetivo, y después siguieron su propio curso, y ahí pasan cosas inesperadas”, dice De Luca. Y advierte: “Yo sería mucho más cauto, si fuera el Gobierno. Por un lado, no es bueno un cambio de reglas sin un alto nivel de legitimidad, pero por otro lado, además, es posible que no siempre te vaya tan bien como creés que te va a ir con una reforma”.
Créditos
Procesamiento de datos: Damián Mugnolo
Fuente TN

