Con una recaudación golpeada por la recesión y límites estructurales para seguir recortando gastos, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener su principal bandera económica.
La profundización del plan económico comienza a auto condicionar el cumplimiento de su meta más sagrada: el equilibrio fiscal. El último dato de actividad económica (EMAE) sorprendió a la baja a las principales consultoras de la City, rompió la dinámica de recuperación en «serrucho» que proyectaba el Gobierno y profundizó la fase contractiva. Con una recaudación tributaria que parece haber llegado a un piso peligroso, un estancamiento de los sectores rezagados le pondrá límites estructurales al ajuste por el lado del gasto con una exigencia de contraer aún más: un 7% real interanual durante la segunda mitad del año.
Para fin de año, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que exhibir ante un Fondo Monetario Internacional (FMI) que llega de visita la próxima semana un 1,4% del PBI de superávit fiscal primario. Junio registró el primer déficit primario de la actual gestión, excluyendo diciembre por su estacionalidad. Gastos que crecieron por la extensión de subsidios energéticos, la extensión del plazo de Ganancias y el pago de aguinaldos marcaron un desliz que, con los ingresos en franco descenso, mostraron una abertura en el scoring perfecto que exhibía la gestión libertaria.
De acuerdo con un relevamiento exhaustivo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el Sector Público Nacional registró en junio una caída en sus ingresos totales del 8,5% interanual en términos reales. Los ingresos tributarios sufrieron un desplome aún más severo, retrocediendo un 8,8% frente al mismo mes del año anterior. En contrapartida, el gasto primario trepó un 3,1% en términos reales, transformando el superávit en un déficit primario de $696.843 millones a valores constantes.
Un semestre en rojo que complica el segundo tramo
En el Palacio de Hacienda, tan solo dos meses atrás, se entusiasmaban con números de alta frecuencia que hoy volvieron a estar en rojo. Y la foto del primer semestre pone en jaque los compromisos asumidos, ya que son los ingresos vinculados a la actividad y al consumo los que traccionan hacia abajo. Un informe de la consultora MAP reveló que en los primeros seis meses del año los ingresos totales cayeron 5,0% real interanual, arrastrados por los recursos tributarios, mientras que el gasto se contrajo apenas un 2,0%. Esta dinámica comprimió el superávit primario acumulado al 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del 0,9% registrado en el mismo período de 2025.
De hecho, este resultado implicó incumplir la meta fiscal acordada con el FMI, incluso después de la flexibilización otorgada en la última revisión. El superávit primario acumuló $6,3 billones, frente a un objetivo recalibrado de $6,8 billones (originalmente pautado en $8,5 billones).
Para cumplir la meta anual, entonces, el escenario proyectado no admite desvíos. Asumiendo una estabilización y moderación en la caída de los ingresos, el gasto debería contraerse cerca de un 7% real interanual durante la segunda mitad del año. Este esfuerzo fiscal se choca de frente contra un semestre en el que el gasto es estacionalmente más alto.
El límite de la motosierra y el fin de la licuación
El problema central radica en que los principales resortes del ajuste ya se encuentran agotados o severamente deprimidos. Durante la primera mitad del año, la poda se concentró en la parálisis de la obra pública (con caídas del 26,4% en el Gasto de Capital Nación en junio) y el desplome de las transferencias corrientes a las provincias, que se hundieron un 63,9%. Estos rubros ofrecen poco espacio adicional para el recorte sin desatar una crisis de gobernabilidad territorial.
A su vez, la mecánica de la «licuación» pierde su efectividad como herramienta de ajuste silencioso ante la baja de la inflación. Partidas rígidas como las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se actualizan por fórmula, comenzaron a ganarle a los precios. En junio, las jubilaciones subieron un 5,4% real interanual y la AUH un 13,1%.
El dilema de las tarifas y el costo social
El último gran bastión del ajuste son los subsidios económicos, cuya reducción conlleva un elevado costo político y social. Pero a la vez, los precios de la energía en el mundo sufrieron el shock de la guerra en Irán y eso provocó en el equipo económico activar su muñeca más pragmática con las tarifas, estirando la ayuda estatal. El resultado: en el mes de junio, los subsidios a la Energía experimentaron un salto del 125,4% interanual, asociados tanto a la regularización de pagos atrasados a CAMMESA como a la suba de los precios energéticos a nivel internacional. El rubro Transporte también escaló un 53,8% en términos reales.
El margen para profundizar el bisturí sobre las tarifas es exiguo. Entre febrero y mayo, el 65% de la demanda residencial ya quedó alcanzada por la tarifa plena, y los subsidios económicos globales cayeron del 2,1% del PIB en 2023 al 1,0% proyectado para este año. Una nueva quita impactaría directamente sobre los deciles de menores ingresos, perforando un tejido social ya tensionado al máximo.
Buscando aire fresco, Economía se apoya en ingresos de capital extraordinarios, como la reciente adjudicación del control de Transener por USD 356 millones. Además, apuestan sus fichas a una eventual privatización de AySA antes del cierre del ejercicio presupuestario. No obstante, estos fondos, si bien alivian la caja, no computan formalmente para la meta de superávit primario pautada en el Extended Fund Facility (EFF) con el organismo multilateral.
Fuente Perfil