El massismo rompió el silencio por las presuntas coimas para importar en el gobierno de Alberto Fernández

El massismo rompió el silencio por las presuntas coimas para importar en el gobierno de Alberto Fernández

El extitular de la Aduana, Guillermo Michel, se refirió a las nuevas investigaciones judiciales en torno al sistema SIRA para las importaciones y fue tajante ante las acusaciones.

Tras conocerse una nueva investigación judicial por presuntas coimas en el sistema de importaciones durante el gobierno de Alberto Fernándezel massismo negó haber cometido algún delito o irregularidad y aclara que los funcionarios acusados fueron sobreseídos.

El fiscal federal Franco Picardi impulsa una investigación sobre posibles irregularidades y pago de sobornos vinculados al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un esquema que rigió entre 2022 y 2023 y permitía a empresas acceder al dólar oficial en condiciones preferenciales, con Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

El magistrado busca establecer si hubo presuntas maniobras en las que al menos cuatro empresarios habrían abonado retornos de entre el 10% y el 15% para obtener autorizaciones de importación. El objetivo habría sido acceder a un tipo de cambio más bajo que el del mercado y así inflar artificialmente los márgenes de ganancia en cada operación. La causa tramita bajo la órbita del juez Ariel Lijo y se mantiene bajo secreto de sumario.

Picardi solicitó “informes urgentes” a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central de la República Argentina, además de pedir el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas, tanto físicas como jurídicas. También dispuso cerca de 30 allanamientos y ordenó incorporar testimonios y peritajes sobre teléfonos celulares entregados por algunos de los imputados. Entre ellos figuran funcionarios del Banco Central como Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García.

También aparecen en la investigación empresarios del sector cambiario, entre ellos Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles, propietarios de casas de cambio que quedaron bajo la lupa judicial.

Qué era el SIRA y cómo funcionaba

El SIRA, implementado en octubre de 2022, funcionaba como una herramienta digital para regular el ingreso de bienes del exterior en un contexto de escasez de divisas. En la práctica, operaba como filtro para autorizar importaciones y habilitar el acceso al mercado cambiario oficial. El mecanismo fue eliminado por la actual administración en diciembre de 2023.

Ante esta investigación, referentes del exministro de Economía desmienten cualquier delito o irregularidad. El titular de la Aduana en ese entonces, Guillermo Michel, dijo: “Todo funcionario está obligado a dar explicaciones y ya las dimos oportunamente en la justicia. Se seguirán dando. No hay ningún inconveniente”.

“Hay dos investigaciones con dos sobreseimientos, no lo digo yo, sino la justicia. Si la justicia tiene que seguir investigando, somos respetuosos. No hay inconvenientes con eso”, completó el actual diputado, en diálogo con Cadena 3.

En medio de las investigaciones por supuesta corrupción en el Gobierno de Javier Milei, el presidente denunció en reiteradas ocasiones que en la anterior gestión peronista se cometieron hechos delictivos sobre el esquema SIRA, mediante el pago de coimas.

También lanzó acusaciones el año pasado Guillermo Francos, quien era el jefe de gabinete por entonces: “¿Se acuerdan que cuando había que importar se daban las SIRA? Eran US$50.000 millones de dólares lo que tenía que dar el Estado para responder a las SIRA. Claro, a dedo. Algunos dijeron que se hicieron muchos negocios con eso, dicen. No sé si alguna vez algún juez lo investigará o no. Pero para obtener las SIRA se pagaban coimas, comisiones. Bueno, entonces, eso espero… Ahí se pagaron comisiones, en todo eso. US$50.000 millones fue lo que el Gobierno se comprometió a dar para que los industriales argentinos pudieran traer sus insumos. Esa es una de las cosas que el gobierno nacional arregló“. Pese a las denuncias mediáticas, los libertarios nunca se presentaron en los tribunales.

El día que la Justicia sobreseyó a los exfuncionarios peronistas

Matías Tombolini, secretario de Comercio Interior en el Gobierno de Alberto Fernández

Matías Tombolini, secretario de Comercio Interior en el Gobierno de Alberto Fernández

El 27 de diciembre del 2023, la Justicia federal resolvió sobreseer al exsecretario de Comercio Matías Tombolini y a otros exfuncionarios investigados por esta causa.

La decisión se apoyó en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien tras una investigación propia concluyó que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones. El juez federal Julián Ercolini avaló ese criterio y dictó el sobreseimiento de Tombolini junto a Juan Cruz Morello, Gustavo Daniel Barloa, Germán Carlos Cervantes y Danilo Raimondi.

Tras analizar el funcionamiento del SIRA, Taiano sostuvo que la aprobación de importaciones respondía a un procedimiento administrativo con múltiples controles. En ese sentido, explicó que se trataba de “un trámite administrativo que solamente puede autorizarse una vez que el solicitante completa los requisitos exigidos normativamente en las diversas etapas del procedimiento”, en el que además intervenían distintos organismos del Estado como la AFIP, el Banco Central y la Secretaría de Comercio.

A partir de ese análisis, el fiscal descartó que el entonces secretario tuviera margen para actuar de manera arbitraria. En ese sentido, afirmó que “tal procedimiento de monitoreo y trazabilidad de los trámites permitió a su vez también descartar que el Lic. Matías Tombolini, en su carácter de Secretario de Comercio, hubiera contado con facultades discrecionales amplias con competencia en materias de comercio exterior, como para facilitar y/o favorecer prácticas ilegales en lo que refiere a la aprobación de tales solicitudes”, un criterio que extendió al resto de los acusados.

También se desestimó la existencia de intermediarios que operaran por fuera de los canales formales. Según el fiscal, los hechos investigados “no tienen carácter delictuoso”, por lo que no corresponde atribuir responsabilidades penales en el caso.

“Los datos aportados por los denunciantes tenían sustento en noticias periodísticas y/o en denuncias anónimas que ellos mismos indicaron como no verificables y carentes de prueba que las avalen”, concluyó Taiano.

Fuente Mdzol.com

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