Tras la llegada de Diego Santilli y luego de la parálisis provocada por Manuel Adorni, en Casa Rosada ya tienen fecha para una sesión maratónica, con temas sensibles.
Luego de semanas de parálisis política por la defensa a Manuel Adorni, el Gobierno busca recuperar la iniciativa política y prepara una sesión en el Senado para este mes, con múltiples reformas a la vista.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las negociaciones para recobrar las conversaciones con los bloques dialoguistas e insistir con distintos proyectos que quedaron en el olvido por todas las gestiones para evitar la interpelación del exjefe de Gabinete.
De acuerdo con altas fuentes oficiales, el Gobierno prevé una sesión el 16 de julio en el Senado. Prevé tratar el paquete de reformas en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca, pliegos judiciales y ascensos militares.
«Estamos tratando de cerrar la sesión. El 8 hay labor parlamentaria y buscamos acordar los temas. Creemos que tenemos el número para volver a recuperar la gestión», recalcó una fuente oficial.
En la última reunión de Javier MIlei con diputados y senadores, realizada este miércoles en Casa Rosada, el jefe de Estado pidió avanzar con el proyecto de reforma electoral que, entre otras cuestiones, busca implementar la suspensión de las elecciones PASO. También quiere sancionar definitivamente los cambios en el régimen de zonas frías y promover modificaciones a la reciente ley de Inocencia Fiscal. A su vez, impulsará un proyecto para reformar el marco normativo del Banco Central.
De qué trata la ley de Protección de la Propiedad Privada
El expediente busca modificar distintos aspectos vinculados a expropiaciones, ocupaciones de inmuebles, desalojos y regularización dominial. La iniciativa apunta a reforzar las garantías de los propietarios y limitar herramientas que, según el oficialismo, favorecieron la incertidumbre sobre el derecho de propiedad.
Uno de los capítulos centrales está referido a las expropiaciones. El proyecto establece que el Estado deberá contar con una partida presupuestaria específica antes de avanzar con la toma de un bien y fija mayores exigencias para justificar la utilidad pública. Además, pretende evitar situaciones en las que los propietarios permanezcan durante años sin recibir la indemnización correspondiente o con pagos demorados por litigios judiciales.
Otro eje es el de las usurpaciones y ocupaciones ilegales. La propuesta incorpora mecanismos para agilizar la restitución de inmuebles y facilitar los desalojos cuando exista una ocupación sin título legítimo. El objetivo declarado es reducir los plazos judiciales y evitar que la permanencia prolongada de ocupantes termine generando conflictos sobre la titularidad o el uso efectivo de la propiedad.
En materia de barrios populares, el proyecto modifica el régimen vigente de protección de inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La iniciativa elimina restricciones que impedían avanzar con desalojos o acciones judiciales sobre determinados terrenos ocupados y busca restituir plenamente los derechos de los propietarios registrales. Para el Gobierno, las políticas de regularización dominial deben desarrollarse mediante acuerdos, compras o programas específicos, sin afectar el derecho de propiedad de terceros.
La iniciativa también introduce cambios sobre la prescripción adquisitiva, conocida como usucapión. Si bien mantiene este mecanismo previsto en el Código Civil y Comercial, endurece algunos requisitos probatorios para evitar que una ocupación irregular pueda derivar con facilidad en la adquisición del dominio de un inmueble.
Otro apartado apunta a reforzar la protección judicial de los propietarios frente a ocupaciones, daños o impedimentos para ejercer la posesión de sus bienes. En esa línea, se amplían facultades para solicitar medidas cautelares y recuperar el control de los inmuebles en plazos más breves.
Desde el oficialismo sostienen que el proyecto busca otorgar mayor previsibilidad jurídica, incentivar inversiones y reafirmar el derecho constitucional de propiedad. Sus detractores, en cambio, advierten que algunas modificaciones podrían afectar procesos de integración urbana, regularización de asentamientos y acceso a la vivienda para sectores vulnerables.
En términos generales, la propuesta se estructura sobre una premisa central: fortalecer la posición jurídica del propietario frente al Estado y frente a terceros, limitando excepciones o regímenes especiales que, según el Gobierno, debilitaron la protección de la propiedad privada durante las últimas décadas.
Fuente Mdzol.com