El decreto 1366/2026 redefine quiénes pueden ser considerados proveedores locales de los grandes proyectos de inversión y flexibiliza las condiciones para que empresas nacionales participen de las cadenas de suministro.
El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de ampliar la participación de empresas radicadas en el país como proveedoras de los proyectos beneficiados por este esquema. A través del decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, estableció que las compañías constituidas y domiciliadas en Argentina podrán ser consideradas proveedores locales sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni el origen de su capital.
La principal modificación apunta a despejar una restricción para las empresas argentinas con participación de capital extranjero. Hasta ahora, la definición de proveedor local estaba sujeta a condiciones que el Ejecutivo decidió modificar. Con la nueva reglamentación, una sociedad constituida y domiciliada en el país podrá integrar la cadena de abastecimiento de un proyecto RIGI, siempre que provea bienes o servicios destinados a esos emprendimientos. En el caso de los bienes, deberán cumplir con los criterios de origen nacional establecidos por el Mercosur.
Qué empresas podrán ser proveedoras locales del RIGI
El cambio busca ampliar la cantidad de compañías que pueden participar como proveedoras de los grandes proyectos de inversión, entre ellos los vinculados con energía, minería e infraestructura. La nueva definición reconoce como proveedores locales a las personas humanas con domicilio fiscal en el país y a las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina. De esta manera, el Gobierno busca favorecer la integración de empresas radicadas en el territorio nacional, independientemente de quiénes sean sus accionistas.
Sin embargo, la modificación no significa que cualquier producto comercializado por esas compañías sea automáticamente considerado de origen nacional. Para la provisión de bienes, deberán cumplirse los criterios establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur. La Autoridad de Aplicación será la encargada de precisar cómo se determinará ese origen.
Cambios en los plazos de inversión de los grandes proyectos
El decreto también introduce precisiones sobre los compromisos de inversión de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). En particular, establece que deberá fijarse una fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión exigido para el proyecto en su conjunto. Esa fecha deberá estar contemplada tanto en el plan de inversión como en el acto administrativo de aprobación.
La modificación busca diferenciar ese requisito de los compromisos de inversión correspondientes a cada etapa del proyecto. Es decir, no elimina ni reduce los montos mínimos que deben cumplirse durante las distintas fases, sino que establece con mayor claridad cuándo deberá estar alcanzado el monto total exigido para acceder al régimen.
Transferencias de empresas y reorganizaciones societarias
Otro de los cambios establece reglas para la compra de participaciones en empresas adheridas al RIGI. Los terceros podrán adquirir acciones, cuotas o participaciones de un Vehículo de Proyecto Único (VPU) sin que la operación implique la pérdida de los beneficios del régimen. Sin embargo, la compra de esas participaciones después de presentada la solicitud de adhesión no podrá contabilizarse como una inversión en activos computables para alcanzar el monto mínimo exigido por la ley.
También se habilitan mecanismos específicos para las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos que funcionan como vehículos de inversión. Sus integrantes podrán transferir total o parcialmente sus participaciones o incorporar nuevos miembros, siempre que informen la operación a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días corridos de su inscripción. El nuevo integrante deberá cumplir los requisitos de acceso al RIGI y asumir los compromisos de inversión y las garantías pendientes.
El decreto, además, permite que las Sucursales Dedicadas adheridas al régimen se transformen en sociedades anónimas o sociedades anónimas unipersonales, previa autorización oficial. Para hacerlo deberán transferir la totalidad de los activos, pasivos, derechos y obligaciones vinculados con el proyecto. La reorganización no implicará una nueva adhesión ni modificará la fecha original de ingreso al RIGI, los plazos ni los beneficios y obligaciones ya reconocidos.
El RIGI amplía las alternativas de financiamiento en dólares
Por último, la normativa modifica las condiciones para computar los ingresos de divisas destinados a financiar los proyectos. A partir de ahora, además de los dólares ingresados y liquidados directamente por el VPU, podrán contabilizarse los aportes de capital y los endeudamientos financieros externos canalizados por sus socios, accionistas directos o indirectos y otros integrantes de estructuras asociativas vinculadas con el emprendimiento.
Para que esos fondos sean reconocidos deberán ingresar y liquidarse en el mercado de cambios, destinarse efectivamente al Proyecto Único y quedar registrados contablemente de manera que pueda comprobarse su trazabilidad. La medida amplía las alternativas de financiamiento disponibles para los emprendimientos adheridos, sin eliminar las condiciones que el Banco Central puede establecer para el acceso al mercado cambiario.
Fuente Mdzol
