El expresidente del Gobierno se dedicará a tiempo completo junto con su abogado al interrogatorio en la Audiencia Nacional.
José Luis Rodríguez Zapatero se apresuró a grabar un vídeo una vez conoció este martes su imputación en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El expresidente del Gobierno quiso “reafirmar con toda contundencia” que no tuvo papel alguno en el rescate de la aerolínea, así como que ha desempeñado su labor profesional privada bajo la legalidad y declarado vía IRPF todos sus ingresos. Mostró su “disposición a colaborar con la Justicia” y terminó diciendo que “en los próximos días” atendería a los medios de comunicación. Cuando pronunció estas palabras, aún no habían visto la luz las 85 páginas del auto del juez José Luis Calama, que primero hicieron cambiar de opinión y de tono a los socios de Pedro Sánchez y más tarde al propio investigado.
Este jueves, la Audiencia Nacional dio un nuevo paso en las actuaciones y ordenó bloquear las cuentas bancarias en las que Rodríguez Zapatero recibió cerca de 490.000 euros de la consultora en el foco de Calama. Ahora, quienes habían hablado de lawfare y señalado a la derecha y la extrema derecha, esperan al 2 de junio, cuando el socialista tiene que declarar, así como al resultado de los registros tanto su despacho como a la agencia de sus hijas, que pudiera apuntalar la línea de puntos que ha trazado el instructor, y que sitúa al expresidente en en el “vértice” de la presunta red de influencias internacional. El auto relata maniobras para ocultar el dinero, con facturas falsas de 50.000 euros; la existencia de una sociedad offshore en Dubái u órdenes para borrar la palabra “comisión”.
No era un secreto a qué se ha dedicado Rodríguez Zapatero este tiempo. Él de hecho en distintas entrevistas ha explicado su función como consultor y admitido haber cobrado generosas cantidades, qué el ve justificadas dados sus conocimientos y sus contactos por el cargo que ostentó. En este sentido, la ley es muy clara con los privilegios de los expresidentes, pero muy vaga con sus obligaciones, o a la hora de trazar una línea entre el lobby y el tráfico de influencias. El Estado paga cerca de 75.000 euros anuales a quienes fueron inquilinos de Moncloa, además de permitirles ser miembros vitalicios del Consejo de Estado, con una remuneración de 103.000. Tienen a funcionarios a su servicio, coche oficial, escoltas proporcionados por Interior o apoyo diplomático en sus desplazamientos al extranjero.
La acusación pedirá prisión
Actividades que Rodríguez Zapatero podía normalizar delante de un micrófono son hoy objeto de pesquisas y podrían tener graves consecuencias para él. Según informa RTVE, la próxima vez que le veamos será ya el 2 de junio, y tampoco esto está claro. En las últimas horas se ha visto al abogado del expresidente entrando y saliendo de su domicilio, preparando la estrategia. Por ella ya no pasa someterse a las preguntas de los periodistas, como se comprometió en el vídeo el martes, revela la radiotelevisión pública. Es más, el letrado y su cliente barajan pedir un aplazamiento de la declaración a fin de poder prepararla mejor, lo que no signficaría necesariamente que fuera concedido. La acusación popular, Iustitia Europa, solicitará formalmente la prisión provisional por un “elevado” riesgo de fuga.
En este momento, el mayor defensor de Rodríguez Zapatero se llama Pedro Sánchez. El presidente lo hizo antes y lo hace después del auto, llegando a protagonizar un tenso cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados este miércoles. “Al gobierno se llega con votos, no con atajos”, acusó al líder de la oposición, deslizando que la imputación no sería sino una operación política del PP. “Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, proclamó Sánchez, que se arropó en la guerra de Irak, el 11M o el fin de ETA para atacar a su oponente y proteger a su referente. Entretanto, Moncloa trata de contener a los socios, para los que el caso “pinta feo”.
Fuente infobae