Raúl Alfonsín

En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de Presidente de la Nación, con lo cual finalizó el gobierno de facto de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no hubo nuevas interrupciones al orden constitucional desde entonces hasta la actualidad. La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por la realización del Juicio a las Juntas, así como también por el Tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile y la mejora de las relaciones con Brasil, lo que posteriormente llevó a la formación del Mercosur. En reconocimiento a su fecunda política internacional le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1985.

Alfonsín entregó el mando a Carlos Saúl Menem en 1989 en forma anticipada, en medio de un proceso hiperinflacionario.

Tras dejar la presidencia realizó el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la realización de la Reforma de la Constitución Argentina de 1994. Unos años después participó en la formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a Fernando De la Rúa.

Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer pulmonar. Se decretaron tres días de duelo nacional y miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro, que mantuvo su féretro en el Congreso y luego lo trasladó al Cementerio de la Recoleta.

Fue el mayor de los 6 hijos de Raúl Serafín Alfonsín (1899-1964) y Ana María Foulkes (1906-2003). Su padre era un reconocido comerciante minorista radicado en Chascomús, una pequeña ciudad de entorno agrícola-ganadero a 120 kilómetros de Buenos Aires. Era descendiente de españoles y alemanes por su padre – su abuelo paterno, Serafín Alfonsín Feijóo, era un inmigrante gallego5 – y de británicos por parte de su madre que era hija del galés Ricardo Foulkes y de la malvinense María Elena Ford.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, de donde egresó con el grado de subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de clase a Leopoldo Galtieri y Albano Harguindeguy.

Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires recibiéndose de abogado en 1950.

El 4 de febrero de 1949 se casó con María Lorenza Barreneche con quien tuvo 6 hijos: Raúl Felipe Alfonsín, Ana María Alfonsín, Ricardo Luis Alfonsín, Marcela Alfonsín, María Inés Alfonsín y Javier Ignacio Alfonsín, nacidos en 1949, 1950, 1951, 1953, 1954 y 1956 respectivamente. De todos ellos, Ricardo Alfonsín es el único que se dedicó también a la actividad política.

En 1950 comenzó su actuación política en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical, en Chascomús, donde participó de la fundación del diario «El Imparcial».

En 1954 fue elegido concejal en Chascomús, en 1955 fue encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCRP.

El 17 de noviembre de 1966 durante la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía fue detenido por un breve tiempo, por haber reabierto el Comité de la Provincia.

Movimiento de Renovación y Cambio

A partir de la instalación de la Revolución argentina, una dictadura militar de tipo permanente, Alfonsín estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda, como el socialismo dirigido por su amigo Guillermo Estévez Boero, y comenzó a desarrollar, desde la Provincia de Buenos Aires, un pensamiento socialdemócrata dentro del radicalismo que tendría un considerable impacto en la juventud. En aquel primer núcleo alfonsinista se encontraban Bernardo Grinspun, Roque Carranza, Germán López, Raúl Borrás, entre otros.

Con la política prohibida y una situación internacional conflictiva, la juventud progresista argentina se vio frente a la opción concreta de sumarse a la lucha armada. Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso social, que adoptaron por entonces algunos grupos católicos, nacionalistas, peronistas y de izquierda, para ofrecer a un amplio sector de la juventud un canal pacífico de militancia de centro-izquierda. El alfonsinismo apoyó la consigna “Elecciones libres y sin proscripciones”, como alternativa a “Ni golpe ni elección: revolución”. La actividad política vedada obligó a Alfonsín a expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su actividad periodística: fue columnista de la revista Inédito de Mario Monteverde y escribió artículos en otros semanarios bajo el seudónimo de Alfonso Carrido Lura.

Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional y Franja Morada, que habían mantenido una militancia activa contra la dictadura militar, comienzan a acercarse a Raúl Alfonsín. Entre aquellos jóvenes radicales se encontraban Luis «Changui» Cáceres, Sergio Karakachoff, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Juanjo Cavallari, Facundo Suárez Lastra, Gabriel Martínez, Carlos Muiño, Jesús Rodríguez, Ricardo Laferrière, entre otros.

De este modo el alfonsinismo comenzó a definirse como línea interna progresista frente al balbinismo-unionismo que expresaban una actitud conservadora dentro de la Unión Cívica Radical.

En septiembre de 1972, en Rosario, se creó el Movimiento Renovador Nacional, reclamando un programa de carácter nacional, popular, democrático y liberador, y proclamando a Raúl Alfonsín como precandidato presidencial en las internas de la UCR. En las elecciones internas se impuso el balbinismo-unionismo, en tanto que el alfonsinismo obtuvo la minoría, por haber alcanzado más del 25%.

En 1973, la Unión Cívica Radical perdió las elecciones ante Juan Domingo Perón; Raúl Alfonsín resultó electo, una vez más, diputado nacional. Poco después, en mayo, Alfonsín amplió la extensión del sector que conducía para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, con una posición sumamente crítica a la estrategia de unidad nacional del balbinismo, en contra de todo acuerdo con el peronismo, y un programa de izquierda socialdemócrata que proponía la reforma agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social.

Formación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio al Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron laAsamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o «Triple A»). Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón y además del propio Alfonsín asistieron el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. 

La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos, apoyó el trabajo de la CONADEP y luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional. Parte de la responsabilidad del juzgamiento de dichos crímenes fue del propio Alfonsín, cuando fue presidente, durante la realización del Juicio a las Juntas.

Durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sí misma solía significar la muerte.

Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional Socialista (IS), denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina.

En 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y Control, una de las escasas revistas políticas opositoras en aquellos primeros años del gobierno militar.

En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsín, asesorado por un grupo de intelectuales como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Sabato, fue uno de los pocos políticos argentinos que se opuso a la acción militar en las islas Malvinas y sostuvo que su finalidad era lograr el fortalecimiento de la democracia. Exigió al gobierno militar que proveyera información verídica sobre la marcha del conflicto.

Este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsín en promover la caída de la Junta de Comandantes encabezada por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el ex presidente Arturo Illiacon el fin de proceder a la democratización.

La derrota en la guerra de las Malvinas debilitó políticamente al Proceso. Los dirigentes militares se acusaban unos a otros, los sectores que los habían apoyado (como la Iglesia o los empresarios ) ya no lo hacían, y el discurso represivo perdió legitimidad. Esto llevó a su vez a un aumento de la movilización política y a una disminución de la autocensura en la prensa, que comenzó a revelar acciones polémicas de los uniformados (principalmente la existencia de desaparecidos), que hasta entonces eran silenciadas. Al levantarse la veda política los partidos atravesaron un período de afiliación masiva de la sociedad: se considera que al realizarse las elecciones de 1983 uno de cada tres electores estaba afiliado a un partido político.

Elecciones presidenciales de 1983

Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia bajo la presidencia del general Reynaldo Bignone, Alfonsín se convirtió, primero en presidente de la Unión Cívica Radical al imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas partidarias. Poco después fue nominado candidato a presidente de la Nación, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín en todo el país. Como candidato a vicepresidente fue nominadoVíctor H. Martínez. Alfonsín era uno de los dos principales candidatos presidenciales, mientras que el otro era el peronista Ítalo Lúder por el Partido Justicialista (PJ). Existía entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo sería un claro ganador, incluso entre los propios dirigentes radicales.

La campaña electoral de Alfonsín se caracterizó por renovar los canales de la comunicación política en Argentina. Ocho meses antes de la elección, Alfonsín contrató al publicista David Ratto para dirigir su campaña. Por entonces los partidos políticos argentinos solían restar importancia a la publicidad como método para lograr adhesión electoral y solía ser realizada por los propios dirigentes políticos. El equipo publicitario decidió personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato y destacando sus cualidades naturales. Varios lemas tuvieron impacto masivo, como la frase “Ahora Alfonsín”, o la imagen de un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales «RA», correspondientes tanto a Raúl Alfonsín como a República Argentina. También fue importante el “saludo de Alfonsín”, con la forma de un “abrazo a la distancia”, que surgió del gesto que el propio Alfonsín tuvo en un acto en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982.

Un momento clave de la campaña electoral fue la denuncia de un pacto entre la cúpula de las fuerzas armadas y la dirigencia sindical para no juzgar los crímenes cometidos por estos, lo que tuvo repercusión en el mundo.

La pericia de los dirigentes de la campaña de la UCR quedará de manifiesto con la denuncia del denominado «Pacto militar-sindical», un supuesto acuerdo entre representantes de los sindicatos (léase el centro neurálgico del partido peronista en ese momento) y los militares en vías de abandonar la casa de gobierno. A través de la denuncia de ese arreglo político —que de acuerdo a las encuestas fue considerado por el grueso de los electores como algo real y negativo para el destino del país— Alfonsín logró identificar a su principal oponente con el pasado inmediato, con el conflictivo periodo 1974-1976, y con la dictadura. Esa jugada política fue efectuada —según un análisis realizado por Oscar Landi— en un momento en que los expertos coincidían en que la tasa de los intencionados de voto por la UCR se había estabilizado en tanto crecía la del peronismo.

La campaña de Alfonsín buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos o discursos agresivos. Para acentuar la importancia de su mensaje democrático eligió para cerrar sus discursos en los actos el Preámbulo de la Constitución Nacional. En cambio, el cierre de campaña del PJ se destacó por la quema de un ataúd con las siglas de la UCR. Aunque a veces se atribuye a dicha acción la derrota del PJ (la primera en elecciones libres), la mayoría de los analistas políticos consideran que Alfonsín habría triunfado de todas formas.

Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo. Asumió en el cargo el 10 de diciembre, fecha en que tuvo lugar una gran concentración popular en la Plaza de Mayo, pero en lugar de saludar desde los balcones de la Casa Rosada Alfonsín habló desde el Cabildo de Buenos Aires.

El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con las Fuerzas Armadas; y la obra general de gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.

El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberían someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.

Relación con las Fuerzas Armadas

El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado al terrorismo de estado y la guerra.

El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de autoamnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su conocido informe titulado Nunca Más y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín acompañada de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, aArmando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.

El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.

La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas” dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección. Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo al borde de la guerra civil. Alfonsín, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, y zonas adyacentes, respondió a esa orden. Sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y así avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros. El propio Alfonsín ha revelado luego que, fuera de quicio, quiso marchar encabezando a la multitud a Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente no lo hizo para evitar la guerra civil.

En vez de ello, Alfonsín concurrió el 30 de abril personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habían depuesto su actitud, con un discurso a la multitud reunida en la Plaza de Mayo, que provocó rechazo en muchos al definir a los rebeldes como Héroes de Malvinas y al terminar el discurso con un saludo de ¡Felices Pascuas (…) la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina!24 25 26 que algunos iban a considerarlo como un acto de claudicación y otros, en cambio, lo elogiaron por haber sabido evitar un enfrentamiento en el que hubiesen podido producirse muertes.

Alfonsín, sin poder militar para detener el golpe de Estado, negoció con los líderes militares «carapintadas» la garantía de que no habría nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender públicamente la dictadura y elterrorismo de estado. Desde entonces Alfonsín debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada. Con posterioridad, ambas leyes y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como «las leyes de impunidad», y serían derogadas por el Congreso Nacional en 2003. El propio Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondía a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso.

Quienes justifican las decisiones que tomó para detener los juicios contra los militares, sostienen que en aquel momento las Fuerzas Armadas no obedecían las órdenes del presidente y que no existía poder para reprimir las insurrecciones, lo que hubiera llevado a un sangriento golpe de Estado y eventualmente a una más sangrienta guerra civil.

Alfonsín se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo:

Las medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad, no se compadecían con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos. Acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos políticos opositores. De modo tal que cuando Menem, posteriormente, realiza el indulto se creyó que era mucho menos grave que lo que yo había hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que había señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la tercera, los que en ese marco de terror que había, creyeron en la legitimidad de la orden impartida. Entonces, sobre esos yo no quería que recayera la pena.

La Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión para la popularidad de Alfonsín, que se reflejaría en la derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año. Aún así, Alfonsín logró entregar su mandato a otro presidente civil, de otro partido político, hecho que no sucedía desde 1916, y que desde su asunción en 1983 Argentina inició el más extenso período democrático de su historia.

Durante el mandato del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, se sucedieron constantes modificaciones en la cúpula de las tres fuerzas armadas, especialmente en el ejército.

La Armada de la República Argentina fue la más estable de todas, ya que el Almirante Ramón Antonio Arosa, designado titular de la fuerza el 16 de diciembre de 1983, se mantuvo al frente de la marina hasta la finalización del mandato de Alfonsín el 8 de julio de 1989.

En la Fuerza Aérea Argentina se sucedieron dos comandantes. El 14 de diciembre de 1983 es puesto al frente de la aeronáutica el Brigadier General Teodoro Guillermo Waldner, quien luego pasó a ser Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el 5 de marzo de 1985, quedando el cargo de titular de la fuerza aérea en manos del Brigadier General Ernesto Horacio Crespo, quien acompañó a Alfonsín hasta el final de su gestión.

La fuerza más inestable fue Ejército Argentino, ya que se sucedieron cinco titulares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ellos fueron los generales de división Jorge Hugo Arguindegui (1983 – 1984), Ricardo Gustavo Pianta (1984 – 1985), Héctor Luis Ríos Ereñú (1985 – 1987) y los tenientes generales José Segundo Dante Caridi (1987 – 1988) y Francisco Eduardo Gassino (1988 – 1989).

La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente desfavorable, interna y externamente. En 1982 estallaba la crisis de la deuda latinoamericana, ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores. Internamente, la deuda externa argentina había pasado de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. Por otro lado el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975 al 37% en 1982 (datos para el Gran Buenos Aires),33 anticipaban grandes presiones sociales una vez reconquistada la democracia. Para América Latina, la década de los años ochenta fue conocida como la década perdida.

En una primera etapa Alfonsín recurrió al esquema económico que el radicalismo había utilizado con considerable éxito durante la presidencia de Arturo Illia 20 años antes. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, y gran parte de sus colaboradores habían sido parte de aquel equipo. En ese primer momento Alfonsín y la mayor parte de la Unión Cívica Radical básicamente consideraban que la vigencia de las instituciones democráticas garantizaba que la economía diera respuesta a las necesidades de la población. De esa primera etapa proviene una frase recordada que repitió durante toda la campaña electoral: “Con la democracia se come, se educa y se cura”.

A poco andar fue evidente que el nacionalismo económico clásico del radicalismo, que estaba llevando adelante Grinspun, tenía serios problemas. Al finalizar 1984 el salario real había aumentado un 35%, pero la inflación alcanzó 625% anual.

En febrero de 1985 Alfonsín reemplazó a Grinspun por Juan Vital Sourrouille con el fin de implementar una política económica que atacara frontalmente la inflación. El 14 de junio Alfonsín y Sourrouille anunciaron por televisión la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el Austral, se congelaban todos los precios de la economía, y se establecía un mecanismo de «desagio» para desindexar los contratos. El Plan Austral fue un plan no monetarista, que se basaba en la idea de que, en una economía de alta inflación durante varias décadas, como la argentina, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que llamaban “inflación inercial”, es decir la anticipación de la inflación por parte de los agentes económicos. Sólo después podrían atacarse las causas estructurales.

El Plan Austral funcionó bien al principio. En octubre la tasa de inflación mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja para la economía argentina del último medio siglo. La estabilidad económica jugó un importante papel en el amplio triunfo electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1985.

Pero en 1986 la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados, situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos argentinos de exportación (40% en el período). El gobierno anunció entonces una flexibilización de las estrictas normas de congelación de precios establecidas un año atrás que no dio gran resultado.

Para 1987 comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. El desfinanciamiento crónico del Estado ya no podía ser resuelto ni recurriendo a los fondos de pensiones, ni por el endeudamiento interior y exterior, ni por la emisión monetaria.

En julio de 1987 los ministros de Economía, Sourrouille y de Obras y Servicios Públicos, Terragno anunciaron conjuntamente un paquete de medidas para la reforma del sector público. En esa oportunidad decía Sourruille:

Las múltiples funciones del Estado, funciones que fueron surgiendo en el último medio siglo, no por un capricho ideológico, sino al calor de un consenso social más o menos espontáneo, hoy ya no pueden ser abarcadas con la debida eficiencia ni solventadas sin afectar la estabilidad… para avanzar hacia este crecimiento diferente es preciso actuar sobre una pieza clave en el engranaje de la vida nacional: el Estado. El Gobierno Nacional ha iniciado ya un proceso de reformas en el Estado, que hoy nos proponemos profundizar. La crisis del viejo modelo no se resuelve en la falsa antinomia de más o menos Estado, sino en la construcción de un Estado de nuevo tipo.

El gobierno de Alfonsín no pudo avanzar mucho en este plan de reforma del Estado, en parte por la oposición del peronismo en el Congreso, y en parte porque los partidos políticos populares de entonces, incluida la Unión Cívica Radical, se encontraban sumamente comprometidos con las ideas estatistas y nacionalistas que habían dominado la mayor parte del siglo XX. Finalmente estas reformas serán realizadas drásticamente durante el gobierno de Carlos Menem, utilizando según sus propias palabras, un método de “cirugía mayor sin anestesia”.

Entre las transformaciones económicas estructurales diseñadas por el gobierno de Alfonsín, merece destacarse la iniciación de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercosur. Esta iniciativa ha sido considerada como “el legado más perdurable de toda la política económica del gobierno de Alfonsín”.

En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. En agosto la inflación alcanzaba el 27,6% mensual. En octubre entonces, el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas.

El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El 5 de febrero, el ministro Juan Vital Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Para ello dispusieron decretar un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación, que en febrero de 1989 era del 9,6% mensual, alcanzó 78,4% en mayo, mes de las elecciones presidenciales, adelantadas intencionalmente por Alfonsín debido a la fuerza presión de los sindicatos y los grupos económicos (en un principio lo consideró un grave error, pero con el tiempo entendió que estaba en una situación extremadamente compleja). La hiperinflación de 1989, llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989, al récord histórico de 47,3% en octubre del mismo año.

En las elecciones presidenciales del 14 de mayo, el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz, fue derrotado por Carlos Menem. Pero aún faltaban 7 meses para la fecha de entrega del mando que debían transcurrir en medio de la hiperinflación. Ante el riesgo de disolución del Estado y la eventualidad de un nuevo golpe militar, Alfonsín resolvió adelantar el cambio de mando a Carlos Menem para el 9 de julio de 1989, ya que por esos días una escalada de saqueos se dieron en todos los comercios y supermercados del país por parte de la población marginal. Fueron unos días de mucha tensión, violencia y robos descontrolados.

Alfonsín sostuvo una activa política internacional implementada por su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, el único que se mantuvo durante casi todo su mandato. Las prioridades fueron fortalecer el sistema democrático en Argentina, evitar que la Guerra Fría no regenerara la concepción de la seguridad nacional, impulsar el proceso de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad negociadora regional frente a las grandes potencias y promover la integración subregional.

La preocupación del gobierno de Alfonsín por promover mecanismos multilaterales y de integración supranacional, lo llevó también a promover la integración comercial entre Argentina yBrasil, uno de los casos de enfrentamiento internacional más persistentes del mundo.

Desde fines de 1982 y la elección de Franco Montoro como gobernador de São Paulo, Alfonsín percibía el renacimiento de un proceso democrático en Brasil. Para su asunción, Alfonsín invitó a Montoro, Ulisses Guimarães, Helio Jaguaribe, Fernando Henrique Cardoso, y Fernando Gasparián. A mediados de la década, Alfonsín ordena a su canciller, Dante Caputo, de iniciar el proceso de integración subregional. Así, a principios de 1985 Alfonsín propuso al presidente electo del Brasil, Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración económica entre Argentina y Brasil “para fortalecer la democracia, afrontar la deuda externa y posibilitar la modernización productiva” que fue recibida con agrado por el mandatario brasileño. Poco después Tancredo Neves falleció, pero su sucesor José Sarney adoptó con entusiasmo el proyecto de integración, y autorizó al embajador Francisco Thompson Flores una importante compra de trigo argentino en condiciones desventajosas, por razones puramente políticas. A partir de allí el proyecto de integración se desarrolló vertiginosamente:

• el 28 de julio de 1985, en una decisión sin antecedentes para su política exterior, Brasil aceptó la propuesta argentina y se incorporó al Grupo de Apoyo a Contadora, junto a Perú yUruguay;

• El 30 de noviembre de 1985 Alfonsín y Sarney suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú, piedra basal del Mercosur. En 2004, Argentina y Brasil resolvieron conjuntamente que el 30 de noviembre se celebrara el Día de la Amistad Argentino-Brasileña.

• El 29 de julio de 1986 se firmó el Acta para la Integración Argentino-Brasileña. Mediante este instrumento se estableció el programa de Integración y Cooperación entre Argentina y Brasil (PICAB) fundado en los principios de gradualidad, flexibilidad, simetría, equilibrio, tratamiento preferencial frente a terceros mercados, armonización progresiva de políticas y participación del sector empresario. El núcleo del PICAB fueron los protocolos sectoriales en sectores claves.

• El 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alvorada, mediante el cual Uruguay se sumó al proceso de integración regional.

• El 29 de noviembre de 1988 se celebró el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil. El Tratado fijó un plazo de 10 años para la remoción gradual de las asimetrías.

Complementariamente, durante el gobierno de Alfonsín, Argentina y Brasil dieron forma a varios protocolos de integración, para sectores específicos, implementados por su secretario de Industria y Comercio Exterior, Roberto Lavagna, posterior ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

El proceso se completaría el 26 de marzo de 1991, ya durante las presidencias de Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, con la firma del Tratado de Asunción en el que se constituye el Mercosur.

Algunos analistas consideran que el proceso de integración de Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, que puso en marcha Alfonsín es uno de los puntos más altos y trascendentes de su obra de gobierno.

Tratado de Paz y Amistad con Chile

Para Alfonsín garantizar la paz con Chile fue una cuestión prioritaria desde el momento de asumir:

Ni bien comenzó el gobierno radical, el 10 de diciembre de 1983, di precisas instrucciones para que se avanzara en la búsqueda de una solución para el diferendo austral.

En 1978 la Reina de Inglaterra dio a conocer el Laudo Arbitral de 1977, que le había sido entregado para su conocimiento y publicación por una Corte Arbitral de cinco jueces nombrados en 1971 de común acuerdo entre los presidentesAllende y Lanusse. La sentencia, (ver texto depositado en las Naciones Unidas Beagle Channel Arbitration between the Republic of Argentina and the Republic of Chile, Report and decision of the Court of Arbitration), determinó que las islas en disputa pertenecían a Chile. El gobierno militar argentino declaró la nulidad del laudo y posteriormente dio partida a la Operación Soberanía para ocupar las islas. A partir de entonces el Vaticano se mantuvo como mediador intentando llevar a las partes a un acuerdo que no contradijera el laudo de la Corona Británica.

En 1984 la mediación estaba prácticamente agotada y Chile aún se encontraba gobernado por una dictadura militar. La persistencia del conflicto era un factor de fortalecimiento del militarismo en ambos países, y por lo tanto una amenaza inmediata a la democracia argentina.

En 1983 el Papa presentó una segunda propuesta de solución (la primera había sido rechazada por Argentina). Alfonsín estimó necesario entonces cerrar el conflicto aceptando la propuesta del Vaticano. Como primera medida, Alfonsín firmó en el Vaticano el 23 de enero de 1984 una Declaración Conjunta de Paz y Amistad en la que los dos países se comprometían a alcanzar una solución “justa y honorable” para el conflicto, “siempre y exclusivamente por medios pacíficos”.

Pero el gobierno alfonsinista evaluó que el momento más crítico iba a presentarse cuando la propuesta vaticana fuera conocida, y los sectores nacionalistas comenzaran a cuestionarla subrayando las pérdidas de soberanía frente a su reclamo máximo.

Ello llevó a Alfonsín a tratar de crear un fuerte consenso interno que le permitiera aprobar la propuesta del Vaticano y al mismo tiempo evitar el fortalecimiento de los militares golpistas en ambos países. Existía el peligro cierto de que la mayoría peronista en el Senado, presionada por la exigencia de defender la soberanía, rechazara la propuesta del papa Juan Pablo II.

Alfonsín entonces, primero incluyó en el Acta de Coincidencias entre los partidos políticos que se firmó el 7 de junio de 1984, un punto estableciendo que debía aceptarse la propuesta que hiciera el Vaticano. El Acta fue firmada por 16 partidos políticos, incluido el peronismo, siendo rechazada por 4.

Pero fundamentalmente Alfonsín buscó generar un sólido consenso interno mediante una consulta popular no vinculante, pero que presionara a los senadores. Si bien los principales líderes del peronismo (Lúder, Cafiero, Carlos Menem,Lorenzo Miguel, Isabel Perón) estaban a favor de aceptar la propuesta papal, la oposición a la misma había crecido y sumaba a varios senadores peronistas como José Humberto Martiarena, Oraldo Britos, Francisco Villada, Vicente Leónidas Saadi, Olijuela del Valle Rivas, Libardo Sánchez; radicales como Ramón Vázquez; nacionalistas como Marcelo Sánchez Sorondo, Alfredo Rizzo Romano, Alberto Asseff; socialistas como Alicia Moreau de Justo y Jorge Abelardo Ramos, entre otros.

En esas condiciones se produjo el famoso debate televisivo entre Dante Caputo y Vicente Saadi que tuvo un impacto decisivo para el triunfo del «SI» a la propuesta papal. El 25 de noviembre de 1984 se realizó el plebiscito y triunfó el «SI» con un apoyo del 81,32%. Cuatro días después, el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile.

El propio Alfonsín realizó años después esta conclusión sobre las consecuencias de aquel Tratado:

Debemos mirar con orgullo y esperanza lo mucho que han progresado las relaciones entre la Argentina y Chile a lo largo de los últimos 21 años, alcanzando niveles insospechados de confianza mutua y cooperación. Desde aquellos difíciles primeros años, el camino transcurrido ha sido muy grande y la relación con Santiago constituye ahora uno de los pilares centrales e indispensables de la política exterior de nuestro país. Además, Chile participa como país asociado al Mercosur y en forma plena en la Comunidad Sudamericana, proyectos de integración que buscan unirnos en un destino común. La inmensa cordillera se ha transformado en un nudo de unión, desde donde podemos mirar ilusionados al horizonte, que nos anuncia un futuro mejor.

El Grupo de Cartagena y el intento de formar un club de deudores

El gobierno de Alfonsín intentó crear mecanismos multilaterales, para tratar la cuestión de la deuda externa, que permitieran a los países latinoamericanos actuar conjuntamente. La heterogeneidad de los países latinoamericanos, y principalmente la decisión final de México y Brasil de negociar bilateralmente, limitó considerablemente las posibilidades que abría una acción conjunta. Sin embargo, los intentos de formar un “club de deudores” impulsados por el gobierno de Alfonsín, anticiparían los procesos de integración subregional y regional que se producirían en la década de 1990, y coaliciones multilaterales Sur-Sur, como el Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones y sobre todo el Grupo de los 20.

El llamado Grupo de Cartagena comenzó a tomar forma en enero de 1984, en la Conferencia Económica Latinoamericana (CELA) realizada en la ciudad de Quito, a iniciativa del presidente de Ecuador Osvaldo Hurtado. En esa ocasión el ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín, Dante Caputo, expuso la propuesta argentina:

La democracia argentina no acepta la trampa en la que el sistema financiero internacional y las minorías a él asociadas la han colocado al generar esta agobiante deuda externa. Los estados nacionales han sido usados para apañar a estos grupos especuladores. El destino del continente está en salir fuera de esta trampa. (…) La crisis que sufrimos quizás tenga como contrapartida la creación de una oportunidad invalorable para convertir finalmente en realidad la integración de América Latina y del Caribe.

Dante Caputo, ministro de Relaciones Exteriores

Los días 21 y 22 de junio de 1984 los cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay yVenezuela se reunieron en la ciudad colombiana de Cartagena para formar el Grupo de Cartagena en la que no prosperó la posición máxima impulsada por Argentina de crear un mecanismo práctico del más alto nivel para la actuación conjunta en las negociaciones de la deuda externa,50 pero que emitió un documento denominado Consenso de Cartagena que creó un mecanismo de consulta y seguimiento regional. En 1985, el Grupo de Cartagena consideró insuficiente el «Plan Baker».

El Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora (Grupo de los Ocho)

Con un espíritu similar al que inspiraba el Grupo de Cartagena, el gobierno de Alfonsín impulsó una acción multilateral conjunta de las democracias latinoamericanas para garantizar la paz y la democracia en la región.

Con ese objetivo el gobierno argentino impulsó el apoyo al Grupo Contadora, una iniciativa de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica que habían establecido Colombia, México, Panamá y Venezuela en enero de 1983.

Con ese fin, el 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando el encuentro de presidentes para asistir a la asunción del presidente Alan García, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del Grupo de Apoyo a Contadora (o Grupo de Lima). Ambos grupos de países juntos fueron conocidos como el Grupo de los Ocho, y desempeñó un papel muy importante en la pacificación de América Central. Particularmente importante fue su actuación cuando los países centroamericanos adhirieron a las propuestas del Grupo de los Ocho, el 14 de enero de 1986 mediante la Declaración de Guatemala.

Más adelante del Grupo de los Ocho amplió sus preocupaciones a otros problemas de interés regional, abordando la situación de las islas Malvinas (exhortando a la negociación entre Argentina y Gran Bretaña), la deuda externa y elproteccionismo de los países desarrollados.

A partir de 1990 el Grupo Contadora adoptó el nombre de Grupo de Río.

El gobierno de Alfonsín instrumentó un Plan Nacional de Alfabetización (PNA) diseñado por la profesora Nélida Baigorria. Al asumir el gobierno los datos del censo de 1980 indicaban un analfabetismo de 6,1%. En el censo de 1991 el analfabetismo se había reducido a 3,7%, porcentaje similar al que registran España y Canadá.

En 1988, el PNA de Argentina recibió el premio otorgado por la Asociación Internacional de Lectura de la Unesco.

En la Universidad, reorganizó las universidades nacionales bajo los principios de la Reforma Universitaria, básicamente garantizando la autonomía universitaria plena, el cogobierno entre docentes, estudiantes y graduados y la gratuidad de los estudios de grado.

Alfonsín implementó el “Plan Alimentario Nacional” (PAN), que se hizo conocido por su Cajas PAN, como solución de emergencia para afrontar el hambre y la pobreza.

El plan PAN se implementaba mediante la distribución de cajas de alimentos a través de los municipios. Autores críticos delinean que no se trataba de un programa dirigido a reducir la pobreza estructural sino de una medida que seguía la tradición asistencialista del Estado argentino y de corto plazo.

La crisis hiperinflacionaria y la destrucción de la moneda, llevó la pobreza al 47%, volviendo a su nivel previo en 1991.

El PAN inspiró posteriormente otros planes similares implementados en otros países latinoamericanos.

En Argentina, la patria potestad compartida había sido establecida en 1949, mediante la reforma constitucional realizada ese año. La derogación de dichas reformas por proclama militar en 1956, y la ratificación de dicha derogación por la Convención Constituyente de 1957, restableció la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974 el Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidenta María Estela Martínez de Perón vetó la ley. Básicamente los influyentes sectores conservadores en Argentina argumentaban que la unidad de la familia exige que uno de los cónyuges tenga «la última palabra», y que por razones culturales y tradicionales, resultaba razonable que esa facultad fuera atribuida por la ley al varón.

En 1985, durante el gobierno de Alfonsín se restableció la patria potestad compartida, mediante la Ley 23.234, un derecho largamente reclamado por las mujeres.

En Argentina el primer proyecto de ley de divorcio vincular fue presentado en 1888 pero su tratamiento fue bloqueado sucesivamente por los sectores católicos y conservadores. En 1954, el presidente Juan Domingo Perón en su etapa de enfrentamiento con la Iglesia Católica impulsó un proyecto que fue transformado en ley. Como represalia el Papa excomulgó a varios legisladores peronistas. El golpe de estado conocido como Revolución Libertadora derogó la ley en 1955. En 1984 Argentina era uno de los pocos países en el mundo en el que no existía el derecho al divorcio vincular; en ese momento existían 3.000.000 de personas, un 10% de la población, separadas de hecho, inhabilitadas para volver a casarse legalmente.

Bajo el gobierno de Alfonsín fue presentado nuevamente un proyecto de ley de divorcio vincular, que fue sancionado como Ley 23.515 del 8 de junio de 1987 a pesar de una fuerte presión ejercida por la Iglesia Católica, incluso recurriendo a manifestaciones públicas, que no resultaron convocantes. La Iglesia presionó entonces al presidente Alfonsín para que vetara la ley, pero ello no sucedió.

La Conferencia Episcopal Argentina discutió entonces la posibilidad excomulgar a los legisladores que votaran la ley, pero la idea no prevaleció. Sin embargo, el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Desiderio Collino, excomulgó a los diputados de su diócesis.

La Iglesia Católica, que mantuvo siempre una tirante relación con el presidente Alfonsín, se mostró dividida frente a la ley de divorcio. El sector más conservador, encabezado por el obispo de Mercedes (Buenos Aires), Emilio Ogñenovich, organizó una procesión a Plaza de Mayo encabezada por la Virgen de Luján. Ante la escasa cantidad de asistentes, Ogñenovich acusó a los obispos ausentes de haber traicionado el compromiso.

Por otra parte, los sectores más abiertos de la Iglesia, mantuvieron una posición crítica sin ser intolerante, como el caso del obispo Justo Oscar Laguna que manifestó: «El divorcio es un mal, pero es un mal para los católicos, y no podemos imponer en una sociedad plural una ley que toca a los católicos. Son los católicos los que tienen que cumplirla y no el resto».

El 16 de abril de 1986, Raúl Alfonsín dio desde los balcones del ministerio de economía de la provincia de Río Negro un efusivo discurso donde invitaba a los argentinos a «avanzar hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío» y donde anunciaba el traslado de la Capital Federal al área patagónica integrada por las ciudades de Carmen de Patagones (en la Provincia de Buenos Aires), Viedma y Guardia Mitre (ambas en la provincia de Río Negro). Se trataba de un ambicioso proyecto, el cual es conocido como Proyecto Patagonia, cuyo fin era descentralizar el poder político y económico del país, excesivamente concentrado en el Gran Buenos Aires, promoviendo también el poblamiento de laPatagonia.

Para concretar el proyecto el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 23.512 y se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital Empresa del Estado (ENTECAP), que debía diseñar y planificar la construcción de los edificios donde funcionarían los organismos administrativos del Gobierno y las diferentes obras de infraestructura necesarias para el asentamiento de población y evitar el impacto demográfico negativo en los habitantes de las ciudades y pueblos ya existentes en el área federalizada.

El proyecto tuvo enorme rechazo de los sectores ligados a los intereses políticos y económicos de la ciudad de Buenos Aires y de los medios de comunicación porteños, los cuales lo tildaban de «costoso», «faraónico» e «innecesario». Este frente político antitraslado que se armó estaba integrado fundamentalmente por los sectores neo-conservadores, que tenía entre sus principales líderes y referentes al ingeniero Álvaro Alsogaray, quien desde un primer momento se opuso al traslado. Estos sectores hicieron todo lo que estaba a su alcance para tirarlo abajo. También se abrió un gran debate sobre la eventualidad de que la Ciudad de Buenos Aires retornara a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, lo que se resolvió con el artículo 6º de la ley 23.512, el cual establecía la provincialización de la Ciudad una vez que las autoridades federales estuvieran radicadas en la nueva capital y que se debería convocar a una Convención Constituyente para organizar sus instituciones. Esta ley fue el antecedente inmediato de la autonomía porteña actual. Cuando Carlos Saúl Menem asumió la presidencia intentó continuar con el proyecto de traslado de la Capital, pero posteriormente, presionado por los sectores conservadores con quienes se alió políticamente, decidió anularlo disolviendo el ENTECAP, liquidando sus bienes y propiedades. La ley de traslado aún está vigente ya que nunca fue derogada por el Congreso.

Quienes apoyaron el proyecto le han criticado a Alfonsín su falta de decisión política para llevarlo adelante y no haber ejecutado actos que hicieran irreversible el traslado, «mediante acciones de gobierno en Viedma, como firmas de decreto». El propio Alfonsín se arrepiente de no haberlo hecho, cuando le respondió a un periodista: «No haberme ido, aunque sea con una carpa, a Viedma como Capital. Ese fue un error grosero». También se critica a los funcionarios por él nombrados al frente del ENTECAP de dilatar los tiempos haciendo estudios y maquetas y de diseñar un proyecto demasiado costoso, el cual le daba argumento a los opositores del mismo. Este organismo además fue muy cuestionado por funcionar más en Buenos Aires que en Viedma, donde debía tener su sede.

A pesar de haber sido anulado por el gobierno menemista, en muchas oportunidades Raúl Alfonsín manifestó su anhelo de que algún gobierno retome el proyecto de Traslado de la Capital. En 1990 se incluyó el tema en el punto III, que se refiere al Federalismo, de las Bases de Acción Políticas de la Unión Cívica Radical, el cual dice: «…Propiciar el reordenamiento territorial y la desconcentración de la población. Implementar oportunamente el traslado de la Capital Federal». La Convención Constituyente de 1994, que surgió de la firma del Pacto de Olivos, introdujo en el nuevo texto constitucional la posibilidad de trasladar la Capital Federal fuera de la Ciudad de Buenos Aires y la provincialización de esta última, a través de los artículos 45º y 129º. El primero de éstos sostiene que «La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado…» y el segundo dice que, «La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…» pero que «…Una ley garantizara los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación…»

Uno de los pilares del discurso de Alfonsín que lo llevó a la victoria en 1983 fue la denuncia de un supuesto «pacto sindical-militar». La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir alsindicalismo en el peronismo.

Siete días después de asumir el gobierno Alfonsín abrió la confrontación frontal con los sindicatos, enviando al Congreso, sin consulta ni diálogo alguno, un proyecto de reforma sindical conocido como «ley Mucci», con el objetivo de incluir a las minorías en los organismos de dirección de los sindicatos. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados pero rechazado por la Cámara de Senadores, dominada por la oposición peronista que controlaba la CGT.

Pero el proyecto tuvo el efecto de unir rápidamente a todos los sectores sindicales, y establecer una lógica de confrontación entre el gobierno radical y los sindicatos, que se expresará en 13 huelgas generales organizadas por la CGT. Estas huelgas fueron calificadas como políticas, ya que al estar la CGT controlada por el peronismo, la huelga general era un instrumento que utilizaba el Partido Justicialista para entorpecer la acción del gobierno radical.

Por su parte el gobierno radical se opuso frontalmente a restablecer los mecanismos de negociación colectiva, con el fin de preservar en manos del Estado el poder de fijar los salarios.

En los seis años del gobierno radical se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresa (67% en el sector público) y 13 huelgas generales.

En 1987 Alfonsín cambia su táctica de confrontación con el movimiento obrero y ofrece el Ministerio de Trabajo a uno de los principales dirigentes sindicales del país, Carlos Alderete, secretario general de Luz y Fuerza. Como resultado de este acuerdo, el gobierno de Alfonsín elaboró una nueva Ley Sindical que fue aprobada en 1988 (ley 23.551), con el apoyo unánime de todos los sindicatos y parlamentarios de todos los partidos políticos. En cambio fue cuestionada ante la OIT por la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal organización empresarial de Argentina. Esta queja sería continuada en los años 1990 por la CTA.

Durante su gobierno el presidente Alfonsín abordó otras cuestiones de relativa importancia como:

• La creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia que llegó a elaborar un proyecto de reforma constitucional;

• El Congreso Pedagógico de 1988;

• Viajes internacionales, entre ellos a los Estados Unidos, la Unión Soviética, China, España

• Estrechas relaciones con el nuevo gobierno democrático de Uruguay;

• Elección de Dante Caputo como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989;

• La circunstancia de haberse producido durante su gobierno el triunfo de la selección argentina en la Copa Mundial de Fútbol, encabezada por Diego Armando Maradona, quienes utilizaron el balcón de la Casa Rosada para festejar;

• La toma del Regimiento Militar de La Tablada en 1989, por el grupo Movimiento Todos por la Patria, encabezado por Enrique Gorriarán Merlo;

• Las relaciones políticas con el justicialismo;

• La participación en su gobierno de socialistas y conservadores;

• La dinámica política implementada en materia de cooperativas;

• Apoyó al cine nacional que obtuvo en su período un premio Óscar con «La Historia Oficial»;

• Al llamado a conformar un «tercer movimiento histórico»;

• La política nuclear y espacial.

Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989. Sin embargo, por razones electorales vinculadas a la grave situación económica, decidió adelantar considerablemente la fecha de las elecciones estableciéndolas el 14 de mayo, casi siete meses antes de la entrega del mando. Alfonsín, en el futuro, calificaría como «un error tremendo» de su parte, haber adelantado las elecciones de esa manera.

Los dos candidatos con posibilidades de resultar elegidos eran el radical Eduardo Angeloz, por la Unión Cívica Radical, y el peronista Carlos Menem, por el Partido Justicialista.

Hasta enero de 1989 la posibilidad de que la Unión Cívica Radical volviera a ganar las elecciones tenía un serio fundamento en las encuestas electorales. Sin embargo, a partir de febrero, el proceso hiperinflacionario destruyó toda posibilidad de triunfo. El diario Ámbito Financiero de Buenos Aires, en aquel año, tituló «Golpe de Mercado» y analizó de este modo la fuerza real que había producido la derrota del radicalismo:

«Esta Argentina democrática no quiere más golpes de Estado militares pero ha adoptado una estrategia para defenderse de la demagogia de los políticos».

Las elecciones se realizaron en medio del proceso hiperinflacionario y en un clima de desorden y saqueos. El 14 de mayo Carlos Menem triunfó con el 47% de los votos, frente a 32% del candidato radical. En ese mismo mes lainflación alcanzó el 78% mensual y la pobreza comenzó a crecer de modo exponencial: en mayo era del 25% y en octubre del 47%. El 30 de mayo Alfonsín decretó el estado de sitio. La situación era insostenible y poco después Alfonsín anunció que entregaría el poder en forma anticipada, lo que se realiza el 8 de julio de 1989. De ese modo y en esas condiciones se cumplió la primera sucesión entre dos mandatarios constitucionales civiles de distintos partidos desde 1916.

Luego de la derrota electoral de 1989 Alfonsín permaneció como presidente de la Unión Cívica Radical. Por entonces, en el mundo estaban sucediendo transformaciones de fondo que poco a poco se irían denominando con la palabra «globalización». El gobierno de Menem fue ajustando sus políticas a la dinámica de la globalización, pero en los primeros años de la década de 1990 existía una gran confusión sobre la verdadera naturaleza del proceso.

En las elecciones parlamentarias de 1991 el desempeño electoral de la Unión Cívica Radical obteniendo el 29% fue aún peor que la de 1989. Ello llevó a Alfonsín a renunciar a la presidencia del Comité Nacional, aunque quedó al mando Mario Losada, hombre de confianza del ex presidente.

Alfonsín creó entonces la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI) desde donde comenzó a reorganizarse y publicar varios libros de defensa de su gestión.

El desempeño electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias del 3 de octubre de 1993, en donde el partido obtuvo el 30% del voto popular a nivel nacional, llevó a Alfonsín a comprender que era necesario un enfoque nuevo de todo el proceso y en especial del ya entonces denominado «menemismo», que se veía cada vez más fortalecido, con un apoyo social generalizado y decidido a reformar la Constitución para permitir su reelección en 1995, aún forzando las normas constitucionales vigentes.

Alfonsín sostuvo entonces que era necesario dialogar y llegar a un acuerdo con el presidente Carlos Menem. A pesar de la oposición de los principales líderes radicales (Angeloz, de la Rúa, Storani e incluso Losada), Alfonsín volvió a ser elegido presidente del Comité Nacional de la UCR en 1993. Inmediatamente después se reunió en secreto con Menem en la casa de su ex canciller, Dante Caputo, quien se encontraba en Haití, cercana a la residencia presidencial, y terminó llegando a un acuerdo conocido como el Pacto de Olivos.

El Pacto de Olivos fue un acuerdo para reformar la Constitución Nacional pero estableciendo pautas básicas sobre las condiciones de la reelección de Menem y los contenidos de la reforma constitucional. Allí se acordó no realizar un plebiscito, y aceptar la reelección por una sola vez de Menem, pero acortando el primer mandato, al mismo tiempo que se acortaron los mandatos de los senadores, se incorporó un tercer senador por la minoría, se estableció la figura del Jefe de Gabinete y el Consejo de la Magistratura para atenuar el presidencialismo, a la vez que se sometían los decretos-leyes a reglas precisas, se incluían varios derechos de tercera y cuarta generación y se daba prioridad a los tratados internacionales sobre la leyes.

Pocos días después, al asumir como presidente Alfonsín presentó el Pacto al Comité Nacional de la UCR. Si bien generó una importante discusión y la dura oposición de algunos dirigentes importantes, como Fernando de la Rúa, el Comité Nacional aprobó el Pacto de Olivos por un 75% de sus miembros.

La Convención Constituyente sesionó en la Ciudad de Santa Fe entre mayo y agosto de 1994 y produjo la importante Reforma Constitucional de 1994 en la que resultaron modificados 43 artículos. El propio Alfonsín fue convencional constituyente allí.

El Pacto de Olivos tuvo un impacto muy negativo sobre la UCR que en las elecciones de convencionales constituyentes obtuvo el menor porcentaje de su historia hasta entonces (19,9%), y en las elecciones presidenciales de 1995cayó aún más al 17,1%, constituyendo por primera vez en la historia la tercera fuerza (segunda fue el FREPASO). El desastre electoral le costó a Alfonsín la presidencia de la UCR aunque permaneció en el Comité Nacional como Secretario de Relaciones Internacionales. En esta función, gestionó en 1996 la incorporación de la Unión Cívica Radical a la Internacional Socialista.

Fue miembro del Club de Madrid.

La caída electoral de la UCR y la evidencia de que Menem buscaba un tercer mandato, incluso forzando la letra de la nueva Constitución llevó a Alfonsín a acercarse al FREPASO. El 3 de agosto de 1997, se concretó La Alianza entre el FREPASO y la UCR, en una reunión celebrada en la casa de Federico Polak, vocero de Raúl Alfonsín. Para dirigirla se constituyó una mesa de cinco miembros, El Grupo de los Cinco (Raúl Alfonsín, Carlos «Chacho» Álvarez,Fernando de la Rúa, Graciela Fernández Meijide y Rodolfo Terragno). La Alianza obtuvo un notable triunfo en las elecciones parlamentarias de 1997, alcanzando el 45% de los votos en todo el país y ganando incluso en la Provincia de Buenos Aires, cuya lista de diputados nacionales encabezó Graciela Fernández Meijide, figura ascendente en la política nacional desde el FREPASO.

Alfonsín asumió entonces la dirección del Instituto Programático de La Alianza (IPA). Bajo la dirección de Alfonsín, el IPA se organizó como un espacio abierto en el que cientos de intelectuales, especialistas y activistas, de todas las tendencias y ámbitos de actuación, participaron en la elaboración del programa de gobierno de la Alianza y un esquema de nuevos paradigmas teóricos y políticos, guías para la acción, que sostuvieran una nueva «cultura aliancista» de características socialdemócratas. La tarea de síntesis quedó a cargo de Dante Caputo. Sin embargo, finalmente, los candidatos de la Alianza, rechazaron las propuestas programáticas del IPA y presentaron un programa alternativo más moderado. De hecho la Alianza se presentó a las elecciones con dos programas, el que fuera elaborado por el IPA bajo la dirección de Alfonsín, y el que fuera confeccionado por los candidatos personalmente. Este desacuerdo llevó a Alfonsín a renunciar en febrero de 1999 a la dirección del IPA, a la Comisión de Acción Política de la UCR y a la posibilidad de luchar por la presidencia del Comité Nacional de la UCR.

En 1998, el presidente Carlos Menem inició una confusa campaña para que se permitiera su tercer mandato, que incluía la posibilidad de un plebiscito o una autorización especial de la Corte Suprema. Ante ello Alfonsín reaccionó advirtiendo de que en ese caso la Alianza llamaría a la desobediencia civil, porque implicaría un golpe institucional. Decía entonces:

El tema es de una importancia extraordinaria, porque significa terminar con las instituciones de la Nación, transformar un gobierno democrático en un gobierno de facto… con el pacto (de Olivos) el Presidente dio su palabra. No es un asunto personal, pero es evidente que yo fui protagonista. Por eso me siento traicionado.

Finalmente, el 10 de marzo de 1999, la Cámara de Diputados declaró que Menem no podía ser reelecto nuevamente.

El 17 de junio Alfonsín sufrió un grave accidente automovilístico, en el que se temió por su vida, pero del que se recuperó más rápido de lo esperado.

En las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999 triunfó el candidato presidencial de la Alianza, Fernando de la Rúa.

En noviembre Alfonsín fue designado vicepresidente de la Internacional Socialista y en diciembre elegido por unanimidad presidente del Comité Nacional de la UCR a propuesta de Fernando de la Rúa.

Durante el gobierno de de la Rúa, Alfonsín mantuvo un rol de intermediario entre las diversas y heterogéneas fuerzas que componían la Alianza, con el fin de preservar su unidad. Sin embargo, a medida que el presidente De la Rúa acentuaba su alianza con los sectores más conservadores, Alfonsín fue tomando distancia del gobierno.

En las elecciones parlamentarias de octubre de 2001 resultó elegido senador por la minoría de provincia de Buenos Aires.

El 20 de diciembre de 2001, en medio de una crisis económica y de agitación social (que incluyó el llamado «cacerolazo»), el presidente De la Rúa presentó su renuncia. Alfonsín, como senador, apoyó la elección como presidente provisional de Eduardo Duhalde, para luego renunciar a su banca en julio de 2002. Roberto Lavagna, ministro de Economía de Duhalde y Kirchner (hasta 2005), había sido en su momento Secretario de Comercio Exterior de Alfonsín por un breve período. Durante su período como senador, Alfonsín colaboró activamente con el gobierno provisional, y fue él quien le aconsejó a Duhalde que pusiera a Lavagna como Ministro de Economía.

El 24 de marzo de 2006, al cumplirse 30 años del golpe militar de 1976, Alfonsín encabezó un acto frente a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el que reivindicó el rol de su gobierno en el juicio a las juntas y su política de derechos humanos, y cuestionó al gobierno de Néstor Kirchner, por la modificación no consensuada de la ley del Consejo de la Magistratura.

En el año 2008, Alfonsín, aquejado de una grave dolencia, fue sometido a tratamiento en los Estados Unidos. El 2 de julio del mismo año, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires lo nombró ciudadano ilustre, reconociéndolo por «su aporte permanente a la democracia y los derechos humanos». Esa misma noche, se realizó el acto de homenaje en el Teatro Argentino de La Plata, en donde más de 4000 personas le agradecieron por su inagotable defensa de los derechos humanos y la democracia.

Ese mismo año, el 1 de octubre en un homenaje dirigido por la Presidenta Cristina Kirchner al cual asistieron más de 400 personas se inauguró un busto en su honor en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada.

Falleció a los 82 años, el 31 de marzo de 2009, debido a un cáncer de pulmón y luego que su salud se viera agravada, en sus últimos días, por una neumoníabroncoaspirativa.

El Gobierno de Argentina decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento y sus restos fueron velados desde primeras horas del 1 de abril de 2009 en el Salón Azul del Congreso Nacional al que concurrieron además de autoridades y políticos de distintos partidos un número aproximado de 80.000 personas que debió esperar en fila entre cinco y seis horas. Entre las autoridades políticas que participaron del acto se encontraban los ex presidentes Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Fernando De la Rúa y Néstor Kirchner; la presidenta Cristina Fernández no pudo estar presente por encontrarse en la Cumbre del G-20 de Londres.

Al día siguiente fueron llevados en una cureña militar escoltada por el Regimiento de Granaderos a Caballo al Cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Los restos del ex presidente descansaron provisoriamente en la bóveda de los caídos en la Revolución del Parque hasta que el 16 de mayo fueron trasladados a un monumento individual en el mismo cementerio en un lugar construido sobre mármol gris y beige, donde hay una cruz en lo alto y un luminoso vitraux por el que entra una luz tenue. La frase del preámbulo de la Constitución Nacional que el solía repetir durante la campaña presidencial está grabado sobre un mármol, como reseña de sus intenciones y legado: «… Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…» 

La muerte de Alfonsín motivó también reacciones internacionales. Perú y Paraguay decretaron uno y tres días de duelo nacional respectivamente, mientras que los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Nicaragua y Chile enviaron fuertes mensajes de condolencias con el fallecimiento. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez pasó por el Congreso, así como también los ex presidentes extranjeros Julio María Sanguinetti (de Uruguay),Fernando Henrique Cardoso y José Sarney (de Brasil). También llegaron condolencias desde España por parte del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, así como también de la OEA y de los Estados Unidos. El presidente estadounidense Barack Obama envió a Cristina Fernández una carta en donde escribía «El Presidente Alfonsín fue una figura fundacional en la consolidación de la democracia en América latina. Nos unimos a los que a lo largo de América expresan su respeto y estima por su integridad y su compromiso con los principios democráticos y los derechos humanos». Finalmente, se celebró una misa en su memoria en el Vaticano.

El 20 de junio de 2009 se inauguró la plaza «Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín» en la localidad de Villa Zagala, partido de General San Martín, en laProvincia de Buenos Aires.

En diciembre de 2012, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, a instancias de la Juventud Radical de Ramallo, declaró y reconoció, mediante resolución, al ex Presidente de la Nación Dr. Raúl Alfonsín, “PADRE DE LA DEMOCRACIA ARGENTINA”, en carácter de título honorífico post mortem; e invitó a los Concejos Deliberantes de la Provincia,a la Cámara de Diputados de la Provincia y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a que se expidan en igual sentido. Del mismo modo, el 10 de Diciembre de 2012 se inauguró el Monumento a Raúl Alfonsín en la localidad de Villa Ramallo.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn