La disputa por la reestatización de YPF entra en una fase decisiva con impacto más político que financiero. El posible repliegue de Burford no sólo refleja el desgaste de una estrategia especulativa, sino también el cambio de clima en torno a un caso que durante años expuso a la Argentina a una presión externa millonaria. En juego no está sólo el eventual costo económico, sino la validación –o no– de una decisión soberana crucial sobre los recursos energéticos. El desenlace puede redefinir la relación entre el país y los grandes fondos internacionales, y fortalecer la posición del Estado frente a futuras controversias similares. Fin de semana clave.
El estudio Burford estudia seriamente si continuar insistiendo con el juicio contra la Argentina por la manera en que se renacionalizó YPF, o darse por vencido. El fondo que llegó bastante lejos en la intención de quitarle al país unos US$ 18 mil millones (en realidad, si se llegaba al final de la historia en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos podrían haber sido más de 20 mil millones de dólares), sabe que es casi utópico que el Máximo Tribunal de ese país pueda dar marcha atrás en una decisión de una segunda instancia judicial. Más bien, lo más probable, es que ni siquiera tome el caso. Es lo que le sucedió a la Argentina en el “Juicio del Siglo” contra los fondos buitre.
El problema de seguir con la proclama judicial para un fondo como Burford o similar, no es una cuestión de búsqueda de justicia o de la verdad. Sino perder dinero. Seguir con un caso donde lo más probable es una derrota final significativa, costaría millones de dólares en abogados, asesores, lobbys varios y costes judiciales. Y, en definitiva, todo se trata de ganar o perder lo mínimo indispensable. Burford Capital se está tomando este fin de semana para resolver los pasos a seguir, los que dependerán en realidad de lo que decida la jueza de primera instancia Loretta Preska; quien en septiembre del 2023 le había dado una alegría al fondo demandante al fallar a su favor, pero que ahora debe revisar de fondo su fallo ante el reto histórico de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que el viernes le dio marcha atrás a esa decisión de hace dos años. Si Preska, sin mayores trámites, acepta lo ordenado por dos de los tres jueces de segunda instancia (suficientes para definir un ganador); para Burford no habría mucho más que pelear. Sabe que el aval de Preska al criterio que tiene más peso institucional, una ley nacional que el estatuto de una empresa privada (la decisión de fondo de la Cámara de Apelaciones), deja sin efecto cualquier posibilidad de evaluación del monto que Argentina debería pagar. Por una razón simple. El país, el único acusado (YPF está fuera de la causa), no es culpable; y, en consecuencia, no debería pagar un dólar por la acusación ya que no habría violentado ningún derecho adquirido por nadie. Especialmente por Burford. Lo importante en este caso es que la causa estaría judicialmente terminada. Y para el fondo, continuar con demandas ante la Corte Suprema de EE.UU, sería una utopía. Y algo peor, una pérdida de dinero.
Las opciones de Preska
Si, por el contrario, Preska insiste de alguna manera en su posición original de la culpabilidad de la Argentina y se enfrenta a la decisión de la Corte, Burford tendría alguna posibilidad remota; ya que la evaluación final quedaría para el Máximo Tribunal. Si es que lo acepta. El problema para Burford es que difícilmente Preska porfíe en una cruzada donde la Cámara de Apelaciones (superior en poder judicial y real), ya definió como juzgada; sabiendo que la Corte elegiría más lo que definió la segunda. Las más altas probabilidades, son que todo termine pronto en la primera instancia. Burford debería entonces elegir si avanzar o no con las apelaciones máximas, subiendo las pocas probabilidades de éxito existentes y el extremo peligro de perder dinero. Abriendo las posibilidades reales, a Burford le conviene más una retirada pronta, antes que un drenaje de dólares épico.
De todas maneras, Burford ganó algunos millones de dólares, en tres momentos diferentes y claves del juicio, cuando todo parecía verde para su demanda. Fue en el 2016, cuando vendió a fondos de inversión el 1% del éxito final de la demanda por unos US$ 4 millones. Otra en 2017 cuando se realiza otra venta parcial por unos US$ 40 millones y otra en 2024, cuando coloca un total del 35% de las acciones. En total consiguió en estas subastas unos 236 millones de dólares; mientras que hasta el momento había pagado sólo los US$ 15 millones del costo de compra de los derechos de la causa al síndico del tribunal 3 de Madrid, donde se transitaba el concurso de Petersen Inversora y Petersen Energía; las empresas que se presentaron en concurso por no poder pagar las cuotas luego de la prohibición del kirchnerismo de distribuir dividendos. La diferencia entre el pago al tribunal español y la venta de estas acciones indica una ganancia de aproximadamente 221 millones de dólares; un monto nada despreciable. Obviamente migajas en comparación con los 20 mil millones que podría haber conseguido si no se interponía la Cámara de Apelaciones. Pero, en términos canyengues, salvaron la ropa. El problema es para los inversores del caso que compraron esas acciones; que ahora deberán llevar esos dólares directamente a pérdida. Puede suceder. Así es el mercado. Y el de altísima volatilidad casi buitre, aún más.
La principal operación de este tipo se dio el 16 de junio de 2017, cuando luego de la presentación oficial y pública de la demanda ante la jueza de Nueva York, vendió el 15% del litigio a un grupo de inversores por unos US$ 66 millones; tres años después de haber adquirido en 2014 la causa total por unos US$ 35 millones en la Justicia Civil y Comercial de Madrid; sede de la trifulca judicial original de Petersen Energía y Petersen Inversora, el nombre de fantasía legalista de todo el conflicto.
En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta original del 15% de la causa a los misteriosos accionistas, Burford Capital pudo solventar todos los gastos, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. Si la Justicia de los Estados Unidos hubiera mantenido firme el fallo negativo contra el país y sostenido así que el monto a pagar fuera de US$ 16 mil millones, la ganancia de Burford entre la compra y el cobro final treparía al 45 mil% en algo más de 9 años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016. Y hubiera sido más rentable que el narcotráfico, el trafico de personas o la venta de armas en Medio Oriente. No pudo ser.
La causa de fondo se basaba en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Burford era hasta aquí un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital. El tipo de maniobra en que se especializa Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo el dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 11 años. El problema ahora es que la espera podría extenderse muchos años hasta que defina la Corte Suprema, pero con bajísimas (casi nulas) probabilidades de éxito. Y con gasoducto de dólares de pérdida imposible de presentar ante el NYSE, donde cotiza la acción de Burford.
El reclamo original del fondo es por los supuestos daños que había generado al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen desde que se presentó en concurso y posterior quiebra en 2012 en los tribunales españoles), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.
Para muchos, la necesidad de una reestatización de la petrolera era necesaria. Repsol estaba haciendo un desastre, invirtiendo más en Libia que en Argentina. Se razona además que, ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa argentina, en lo posible estatal.
El juicio no fue por la decisión de reestatizar, cuestión que era necesaria. Es por la manera en que se reestatizó; y el acusado fue siempre el Estado argentino y no la empresa petrolera.
En la decisión de reestatización de 2012 se decidió pagar unos US$ 6 mil millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Se decide, además, dejar de distribuir dividendos a los accionistas. El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presenta en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta causa y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso (crean o no, es así). El síndico de la causa radicada en Madrid le vendió la causa –esto es habitual– el 4 de mayo de 2015. La compra Burford en 15 millones de dólares. Lo hace a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones de dólares.
En septiembre de 2015, Burford se presenta en los tribunales de Nueva York. Por sorteo, le toca Loretta Preska, heredera del sillón de Thomas Griesa como jueza de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York.
Entre diciembre de 2016 y marzo de 2018, Preska se toma su tiempo para analizar las leyes cruzadas de Argentina y EE.UU. En marzo de 2019 define que las normas de la SEC son más importantes que las leyes locales. Se basa, otra vez, en jurisprudencia de EE.UU.
En septiembre de 2023 falla a favor de Burford y de un segundo demandante llamado Eton Park (Dios sabe quién está atrás de estos).
El problema reclamado por Burford fue no haber extendido el pago a Repsol a una oferta al resto de los accionistas. Luego estos podían aceptarla o no, pero era obligación, por estatuto, abrir la oferta al 49% de los accionistas.
El fallo de fondo en primera instancia fue el de septiembre de 2023. Ahí se perdió el juicio. Argentina está obligada por leyes locales a apelar. De no hacerlo, al Presidente en ejercicio le cabe la acusación de mal ejercicio en sus funciones.
Ahora la Cámara de Apelaciones refutó los argumentos de Preska y obliga a la jueza a replantear su fallo, sobre la base que la razón legal la tiene Argentina, y no los demandantes.
Fuente Perfil