El fiscal federal Franco Picardi envió un nuevo oficio a distintos organismos para detalle qué funcionarios participaron en la aprobación de las SIRA en 2023.
El fiscal federal Franco Picardi envió un nuevo oficio a la Dirección General de Aduanas para que informe, de manera urgente, qué funcionarios participaron en la aprobación de las solicitudes del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) entre el 2020 y el 2024, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Se trata de la cuarta solicitud similar en el marco de una investigación por presuntos pagos de coimas. Los pedidos fueron enviados, además de Aduana, al Banco Central y al Ministerio de Economía.
El objetivo de la medida es reconstruir la trazabilidad de fondos en pesos y divisas, identificar responsables institucionales y profundizar en las comunicaciones vinculadas a presuntas autorizaciones irregulares.
El requerimiento, enviado la semana pasada al titular de Aduana, José Velis, exige “de forma urgente” el listado completo de todos los agentes que participaron en esos procesos, con identificación específica de quienes intervinieron en las solicitudes de tres empresas puntuales cuya identidad no fue revelada públicamente.
En esta oportunidad, el pedido involucra a las firmas Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazza, Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L..
Concretamente, el fiscal pidió el “listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, identificando específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las sociedades antes mencionadas”.
En la causa se investigan los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández y el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando habitualmente los trámites demoraban hasta seis meses.
Picardi reiteró el pedido ya que las respuestas anteriores se limitaron a explicar el funcionamiento automatizado del sistema y derivaron el requerimiento nuevamente a la Aduana, sin aportar datos concretos sobre los funcionarios intervinientes.
La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Elías Piccirillo y Francisco Hauque.
En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. Paralelamente, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.
Fuente TN