La medida cautelar fue dictada por un juzgado de La Plata tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El fallo cuestiona aspectos del proceso impulsado por el Gobierno nacional y advierte sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, las obras de infraestructura y la protección ambiental.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso frenar el avance del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para transferir empresas públicas al sector privado.
La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El magistrado consideró que existen elementos suficientes para analizar el posible impacto que podría tener la privatización sobre derechos vinculados al acceso al agua potable y al cuidado del ambiente.
Además de suspender el proceso, el fallo ordenó que AySA mantenga sin modificaciones sus obligaciones de prestación, inversión e infraestructura en los 26 municipios bonaerenses donde brinda servicios.
El planteo de la Defensoría del Pueblo
La acción judicial fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Guido Lorenzino, que había advertido sobre eventuales consecuencias derivadas del nuevo esquema de concesión diseñado por el Gobierno nacional.
Según el organismo, el proceso de privatización no contemplaría de manera suficiente cuestiones vinculadas con la expansión de redes, el mantenimiento de la infraestructura, las obras de saneamiento, la remediación ambiental y la continuidad de un servicio considerado esencial.
En ese marco, la presentación sostuvo que existía el riesgo de que se redujeran exigencias regulatorias y se postergaran inversiones consideradas estratégicas para garantizar el acceso al agua y el saneamiento.
La advertencia del tribunal
En su resolución, López señaló que el nuevo esquema impulsado para AySA no refuerza las garantías vinculadas al acceso universal al servicio ni incorpora mayores mecanismos de prevención o recomposición ambiental.
Asimismo, advirtió que, en una evaluación preliminar, el proceso podría derivar en una flexibilización de controles y en la demora de obras consideradas críticas para la prestación del servicio.
Por ese motivo, decidió otorgar una cautelar de no innovar para evitar cambios que puedan afectar a los usuarios mientras se analiza el fondo de la cuestión.
El plan de privatización del Gobierno
La decisión judicial representa un obstáculo para el plan oficial de privatizar AySA. El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, mientras que el resto del paquete accionario sería colocado en el mercado.
La empresa adjudicataria quedaría a cargo de la prestación del servicio bajo un contrato de concesión por 30 años, con posibilidad de extenderlo por una década adicional.
La medida cautelar fue dictada en un contexto en el que el Ministerio de Economía ya había avanzado con el llamado a licitación para desprenderse de la mayor parte de la participación estatal en la compañía.
El antecedente de los años noventa
El debate sobre el futuro de AySA también reavivó las discusiones sobre la experiencia de privatización de los servicios de agua durante la década de 1990.
La empresa tiene sus orígenes en Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912. Durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue concesionado a la firma Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado recuperó el control de la compañía tras diversos cuestionamientos vinculados al cumplimiento de inversiones y expansión de la red.
Diversos estudios académicos señalaron que durante aquella etapa se registraron incrementos tarifarios significativos y controversias relacionadas con compromisos de inversión y calidad del servicio.
Mientras continúa la discusión judicial, la cautelar obliga a AySA a mantener intactos sus niveles de operación, infraestructura y obras, al menos hasta que se resuelva el planteo de fondo sobre la legalidad y el impacto del proceso de privatización.
Fuente Perfil