El Gobierno promulgó siete tratados y convenios con impacto en extradición, asistencia penal, alimentos familiares, transporte marítimo y condenados.
El Gobierno nacional promulgó una serie de leyes que aprueban tratados y convenios internacionales suscriptos por la República Argentina con distintos países y organismos multilaterales. Las normas abarcan áreas estratégicas como la extradición, la asistencia jurídica en materia penal, el traslado de personas condenadas, el cobro internacional de alimentos y la seguridad marítima.
Las leyes fueron sancionadas por el Congreso de la Nación el 20 de mayo de 2026 y promulgadas de hecho el 12 de junio, consolidando nuevos instrumentos de cooperación internacional en materia judicial, familiar y de transporte.
Extradición con Polonia y Costa Rica
Entre los acuerdos aprobados se encuentran los tratados de extradición con Polonia y Costa Rica, ratificados mediante las leyes 27.807 y 27.808.
Estos instrumentos establecen mecanismos para la entrega de personas requeridas por la justicia de cualquiera de los Estados firmantes, fortaleciendo la cooperación en la persecución de delitos y evitando que prófugos encuentren refugio en otras jurisdicciones.
Los convenios fijan procedimientos específicos, garantías jurídicas y causales de procedencia o rechazo de las solicitudes de extradición.
Asistencia penal con Serbia y Cuba
La Argentina también avanzó en la cooperación judicial internacional mediante la aprobación de acuerdos de asistencia jurídica mutua en materia penal con Serbia y Cuba.
Las leyes 27.810 y 27.811 ratifican los tratados firmados en 2019 y 2021, respectivamente, que permitirán a las autoridades judiciales de los países involucrados intercambiar información, solicitar pruebas, realizar diligencias procesales y colaborar en investigaciones penales.
Estos mecanismos son considerados herramientas clave para enfrentar delitos transnacionales y mejorar la coordinación entre sistemas judiciales.
Traslado de personas condenadas entre Argentina e Italia
La Ley 27.809 aprueba el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad entre Argentina e Italia.
El acuerdo permitirá que ciudadanos argentinos condenados en territorio italiano, así como italianos condenados en Argentina, puedan cumplir sus penas en su país de origen bajo determinadas condiciones y con autorización de las autoridades competentes.
La finalidad principal es favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad mediante el cumplimiento de la condena en un entorno familiar y cultural más cercano.
Cobro internacional de alimentos para niños y familias
Otra de las normas sancionadas es la Ley 27.806, mediante la cual Argentina aprueba el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y Otros Miembros de la Familia, adoptado en La Haya en 2007.
Este instrumento internacional busca facilitar la obtención y ejecución de cuotas alimentarias cuando las partes involucradas residen en distintos países, agilizando los procedimientos judiciales y administrativos.
La adhesión al convenio representa un avance en la protección de los derechos de niños, niñas y familias, al establecer mecanismos de cooperación internacional para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias transfronterizas.
Seguridad marítima y remoción de naufragios
Por medio de la Ley 27.812, el Congreso aprobó el Convenio Internacional de Nairobi sobre la Remoción de Restos de Naufragio, adoptado en Kenia en 2007.
La norma establece reglas internacionales para la localización, señalización y remoción de restos de embarcaciones hundidas que puedan representar riesgos para la navegación, el medio ambiente o las actividades económicas marítimas.
Además, fija responsabilidades para los propietarios de los buques y mecanismos de cobertura financiera destinados a afrontar los costos derivados de las tareas de remoción.
Mayor integración internacional
Con la entrada en vigencia de estos siete instrumentos, Argentina amplía su marco de cooperación internacional en áreas sensibles para la administración de justicia, la protección de derechos familiares y la seguridad del transporte marítimo.
Las nuevas herramientas fortalecen la capacidad del Estado para colaborar con otras naciones en investigaciones penales, extradiciones, ejecución de sentencias, cumplimiento de obligaciones alimentarias y gestión de riesgos en el ámbito marítimo, consolidando compromisos asumidos en distintos foros y acuerdos internacionales.
Fuente Mdzol.com