El fiscal intimó al exjefe de gabinete tras analizar el informe de la DAFI que detectó diferencias entre los ingresos comprobados de su esposa y los gastos y adquisiciones realizados entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó a Manuel Adorni a justificar el origen de una serie de fondos, bienes y gastos que, según la investigación, no encuentran hasta el momento una explicación suficiente en los ingresos lícitos comprobados y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
La intimación fue presentada ante el juez Ariel Lijo y comprende el período que va desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, hasta el 27 de junio de 2026, cuando renunció al cargo. El fiscal le dio 15 días para responder y estructuró el requerimiento en 20 puntos concretos.
Uno de los principales aspectos señalados por Pollicita es la diferencia entre los ingresos y los gastos del grupo familiar. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, Manuel Adorni percibió 35 haberes correspondientes a su función pública durante el período analizado, a los que se sumaron los ingresos comprobados de su esposa. En conjunto, esos recursos alcanzaron los $229.752.283,20.
Frente a esos ingresos, el fiscal reconstruyó gastos por $272.820.832,20, que incluyeron seguros, expensas, servicios, impuestos, electrodomésticos, viajes y consumos con tarjetas de crédito. La diferencia asciende a $43.068.549.
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El desbalance también aparece en las operaciones realizadas en dólares. La investigación determinó que el grupo familiar desembolsó USD 402.578,12 para distintas operaciones y gastos. Dentro de esa suma se encuentran la compra y remodelación de la propiedad en el Country Indio Cuá, la adquisición de un departamento en la calle Miró 550, en el barrio de Caballito, y la compra de mobiliario para ambos espacios, además de viajes, alquileres y otros gastos corrientes.
Entre los principales puntos que deberá explicar Adorni está el origen de los dólares en efectivo manifestados en sus declaraciones juradas. Para Pollicita resulta dudoso que esos fondos hayan sido atribuidos a la supuesta “venta de activos” y reclama que se identifique qué bienes fueron vendidos, cuándo, a quién, por qué monto y cuál fue la trazabilidad de esas operaciones.
La investigación también puso bajo la lupa dos préstamos atribuidos a su madre, Silvia Pais, y a Norma Zuccolo. El fiscal pidió que se acredite la existencia de ambos mutuos, su fecha cierta, la efectiva entrega del dinero, el destino de los fondos y la evolución de las obligaciones. Según el requerimiento, la concertación y la entrega de esos fondos no habían sido documentadas de manera suficiente.
Por otra parte, Gerardo Pollicitta pidió conocer el origen del dinero utilizado para comprar el lote 380 del Country Indio Cuá y la vivienda construida allí, que figura a nombre de Angeletti. También reclamó precisiones sobre la remodelación integral de esa propiedad, por la que se pagaron USD 245.000 al contratista Matías Tabar. La Fiscalía quiere que se individualice el origen de cada suma y se aporten los comprobantes correspondientes.
En el caso del departamento de Miró 550 de Caballito, Pollicita pidió que Adorni explique tanto el origen de los fondos utilizados para adquirirlo como la naturaleza de la operación. También deberá aclarar el dinero destinado a los muebles de ese inmueble, que fueron abonados en dólares y en efectivo.
El requerimiento, ahora en manos del juez Lijo, hace mención a las diversas formas en que determinados bienes fueron declarados por Adorni y por su esposa, deudas informadas ante el Banco Galicia que luego desaparecieron de declaraciones posteriores y la falta de presentación en tiempo y forma de anexos reservados correspondientes a Angeletti. La Fiscalía también cuestiona cómo se explica la evolución de determinados gastos, que según el documento aumentaron aproximadamente un 119% durante 2024.
Otro aspecto llamativo para los investigadores fue la utilización de terceras personas para adquirir bienes o realizar pagos en nombre del grupo familiar. Adorni deberá explicar por qué recurrió a esas personas, quiénes fueron, qué bienes o servicios pagaron, cuáles fueron los importes y cómo se realizaron los posteriores reintegros en efectivo. También deberá precisar el nivel de consumos efectuados mediante tarjetas de crédito.
A Adorni también se le pidió aclarar sobre el capital en criptomonedas con el que inició sus operaciones y sobre cuatro cuentas de activos virtuales incorporadas posteriormente mediante declaraciones juradas rectificativas. Además, el informe técnico de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación vinculó al exfuncionario con otros activos virtuales.
En ese punto, el requerimiento también hace referencia a un capital informado por Adorni ante una billetera virtual al momento de validar su identidad que, según la Fiscalía, no había sido exteriorizado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Pollicita pidió además que se explique el origen y destino de los criptoactivos incorporados en la declaración rectificativa de 2023 y su relación con el circuito de billeteras identificado en el informe SIFRAI-DAFI.
La Fiscalía analizó para reconstruir el patrimonio información proveniente de numerosas fuentes: declaraciones juradas patrimoniales, registros inmobiliarios y automotores, Migraciones, cuentas bancarias, plataformas de activos virtuales como Binance, Lemon y Buenbit, Mercado Pago, organismos tributarios, registros laborales, operaciones bursátiles, agencias de viajes y aerolíneas, entre otros. También fueron incorporados testimonios de contratistas, escribanos, vendedores, desarrolladores inmobiliarios y personas vinculadas con operaciones financieras o patrimoniales.
La intimación alcanza incluso consumos realizados por personas del entorno de Adorni como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas al exfuncionario. Pollicita pidió que se identifique quién pagó cada liquidación, si hubo reintegros y qué parte de los consumos atribuidos en el informe de la DAFI corresponde efectivamente a cada titular.
También deberá aclarar una facturación superior a $4 millones emitida en 2026 por una concesionaria automotriz a nombre de su esposa. La Fiscalía busca determinar si corresponde a la adquisición de un vehículo que no fue declarado, a una operación ya contabilizada o a otro concepto.
El fiscal reclamó, además, explicaciones sobre acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo de Adorni en el Banco Nación que no provendrían de organismos estatales ni de transferencias entre cuentas propias. A eso se suma la necesidad de precisar cómo fueron valuadas las mejoras realizadas en el departamento de Miró 550 y en el lote del Country Indio Cuá, y con qué fondos fueron financiadas.
El origen de la investigación fue una denuncia de la entonces diputada nacional Marcela Pagano, luego ampliada por la propia legisladora y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. La hipótesis investigada es la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito a partir de gastos que, en principio, resultarían desproporcionados respecto de los ingresos legítimos atribuidos al funcionario.
Fuente Mdzol