El máximo tribunal desestimó la presentación de siete condenados que habían denunciado a la fiscal por presuntas irregularidades en las primeras indagatorias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo de siete de los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. El reclamo no apuntaba directamente contra las condenas, sino contra la actuación de la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales, a quienes la defensa atribuía supuestas irregularidades durante las primeras horas de la causa.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quienes consideraron que el recurso no contaba con una fundamentación autónoma suficiente y que no lograba rebatir los argumentos de las decisiones judiciales anteriores.
La denuncia había sido impulsada por el abogado Hugo Tomei, quien representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. La defensa cuestionó las indagatorias realizadas poco después del crimen y sostuvo que a los detenidos no se les habían comunicado de manera adecuada los hechos atribuidos ni las pruebas reunidas en su contra.
El defensor también objetó las circunstancias en las que se confeccionaron y firmaron las actas de esas declaraciones. Según el planteo, los procedimientos no habían respetado las garantías previstas en el Código Procesal Penal bonaerense.
A partir de dichos cuestionamientos, Hugo Tomei promovió una denuncia penal independiente por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad. Entre los denunciados figuraban la fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la investigación del homicidio; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había ordenado las prisiones preventivas.
La controversia se remonta a febrero de 2020, cuando el abogado advirtió supuestas inconsistencias en los horarios consignados en las actas de las indagatorias. Para la defensa, las diferencias de apenas unos minutos entre algunas declaraciones no permitían cumplir con todas las formalidades legales, como informar a cada detenido sus derechos, explicarle los hechos imputados y comunicarle las pruebas existentes. Tomei también pidió apartar a Zamboni de la investigación, pero el planteo fue rechazado.
En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores avaló que los siete condenados intervinieran como particulares damnificados en el expediente. Sin embargo, la denuncia fue desestimada por ausencia de dolo y que tampoco prosperaron los pedidos para que los rugbiers declararan como víctimas ni otras medidas de prueba solicitadas por su representante.
La defensa insistió ante distintas instancias judiciales. Cuestionó el mecanismo utilizado para revisar el archivo de la denuncia, recusó al juez Mancinelli y pidió que se declarara inconstitucional el procedimiento. Argumentó que ese sistema era arbitrario y les impedía a sus representados ejercer su derecho a ser escuchados por un juez imparcial.
Los planteos fueron rechazados por el magistrado y posteriormente por la Casación Penal bonaerense. La Suprema Corte provincial también desestimó, en agosto de 2025, un recurso de queja y, en abril de este año, desestimó un recurso extraordinario con el que se buscaba llevar la discusión a la Corte Suprema.
El caso
Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue atacado a golpes a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, durante la madrugada del 18 de enero de 2020. Tres años después, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.
El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque descartó la agravante de alevosía y mantuvo la del concurso premeditado de dos o más personas. Las defensas continuaron presentando recursos para intentar revertir las decisiones judiciales.
Fuente Mdzol