Los ministros del Máximo Tribunal Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dieron a conocer las reformas para modificar los concursos del Consejo de la Magistratura, con el fin de reducir la discrecionalidad y reforzar el carácter técnico del sistema.
La Corte Suprema de Justicia avanzó este lunes con su propuesta para reformar de manera integral el sistema de concursos para la selección de magistrados, con el objetivo central de «reducir la discrecionalidad» en la designación de jueces. La iniciativa fue presentada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y quedó plasmada en la acordada 4/2026.
El tercer integrante del máximo tribunal, Horacio Rosatti, participó del acto, pero no firmó la acordada. Su doble rol como presidente del Consejo de la Magistratura —órgano que desde 1994 está encargado de llevar adelante los concursos, entre otras funciones— podría obligarlo a intervenir en el tratamiento de la propuesta, por lo que no anticipó su posición.
El proyecto apunta a introducir criterios más «objetivos, transparentes y previsibles» en todas las etapas del proceso de selección, desde la convocatoria hasta la evaluación final de los candidatos. En el diagnóstico de los miembros del Máximo Tribunal, el sistema actual presenta márgenes que, en algunos casos, terminan desplazando al mérito.
«Los concursos anticipados deben dejar de ser excepciones y convertirse en la regla«, sostuvo Rosenkrantz durante la presentación, al explicar parte del espíritu de la reforma. «La idea original del viejo Consejo de la conciliación de la democracia, tal como se pensó durante la presidencia del Dr. Ricardo Alfonsín, era que la política designara jueces, pero solo eligiendo entre los mejores», describió
“Lo que el sistema actual produce es algo distinto, seamos honestos. La discrecionalidad ocasionalmente desplaza al mérito y muchas veces lo hace de manera opaca, sin dejar rastro”, agregó.
El magistrado también remarcó la necesidad de planificar los concursos con anticipación. “La reforma que presentamos aspira que el Consejo colabore anualmente un plan de concursos basado en datos educativos, existentes y previsibles, carga de trabajo de cada joven y necesidades de servicio al público. La planificación debe preceder a la urgencia”, afirmó.
Por su parte, Lorenzetti puso el foco en el carácter estructural del problema y en la necesidad de un acuerdo institucional amplio. “Es un reclamo generalizado de jueces, juezas, secretarios, abogados y concursantes en todo el país. Tenemos que dar una respuesta”, señaló, al tiempo que subrayó que el objetivo es “regularizar para reducir la discrecionalidad”.
«El problema que advertimos de este déficit estructural no es solo en el Consejo, sino también en todos los procesos de selección que vemos en muchas provincias, donde hemos advertido un deslizamiento progresivo a lo largo de los años hacia una partidización cada vez más intensa de la designación de jueces y juezas en todos los niveles», dijo.
En ese sentido, sostuvo que la iniciativa busca reforzar el carácter técnico del sistema y garantizar que los criterios de evaluación sean claros y verificables. Asimismo, aseguró que la propuesta es «para la ciudadanía”, y concluyó: «Los argentinos, como en muchos otros países, tenemos que volver a discutir y defender la independencia de los poderes y también de los ministerios públicos».
Apoyo político y respaldo institucional
La presentación, realizada en el salón del palacio de Tribunales, contó con un amplio respaldo político e institucional —a excepción del kirchnerismo—, con la presencia de representantes del ámbito judicial, académicos, representantes del Ministerio Público Fiscal. Entre los presentes estuvo el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; su antecesor, Mariano Cúneo Libarona; el Procurador General, Eduardo Casal; y los jueces de Casación Federal Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Mariano Borinsky, entre otros.
También participaron la senadora radical Carolina Losada; el exdiputado del PRO Pablo Tonelli; el diputado libertario Alejandro Fargosi (exconsejero de la Magistratura entre 2010 y 2014); la exdiputada peronista Graciela Camaño (también consejera entre 2018 y 2022), y León Arslanian, exjuez del Juicio a las Juntas y exministro de Seguridad bonaerense.
El excompañero de este último en el histórico juicio contra las Juntas Militares, Ricardo Gil Lavedra, que se desempeña como titular del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, no pudo estar presente pero expresó su apoyo a la iniciativa a través de un comunicado, en el que resaltó «tener jueces y juezas independientes e imparciales es estratégico en una sociedad democrática«.
La incorporación de criterios objetivos, reglas claras y mecanismos que limitan la discrecionalidad, constituye un paso importante para mejorar el sistema, y el excamarista consideró que «el proyecto de la Corte hace un muy buen aporte, en ese sentido». En el contexto actual —argumentó—, «fortalecer procesos de selección más transparentes y basados en el mérito, es fundamental para consolidar una justicia independiente e imparcial”.
Los cambios que plantea el proyecto
La iniciativa de la Corte introduce modificaciones en distintas etapas del proceso de selección de magistrados, con el fin de reforzar los criterios técnicos. En primer lugar, se introducen cambios en la elaboración y corrección de los exámenes. En caso de que se apruebe esta reforma, quienes diseñan las pruebas no serán los mismos que las corrigen, lo que apunta a evitar filtraciones y sesgos en la evaluación.
Por otro lado, se establece la eliminación del uso de material bibliográfico propio durante el examen y la provisión de contenidos idénticos para todos los concursantes. El anonimato, a su vez, será garantizado mediante sistemas informáticos encriptados y auditables. Otro punto es la modificación del esquema de corrección, que dejaría de ser colectivo y pasaría a ser individual por jurado, con criterios previamente establecidos. Se incorpora además una instancia inicial de calificación automatizada para asegurar mayor objetividad.
La entrevista personal —una de las instancias más cuestionadas— pasaría a tener un peso limitado, con parámetros predefinidos y un tope del 10% en la calificación total, con el objetivo de evitar alteraciones arbitrarias en el orden de mérito y privilegiar la evaluación de los antecedentes y el examen.
También se establece que los concursos anticipados pasen a ser la regla, con el fin de evitar vacantes prolongadas y reducir la posibilidad de maniobras discrecionales vinculadas a la “acumulación de cargos”. Este nuevo reglamento será analizado por el Consejo de la Magistratura este miércoles 1° de abril, cuando Rosatti presida las reuniones de labor y después el plenario.
Fuente Perfil