Un nuevo proyecto de ley que busca legalizar la muerte asistida en Gran Bretaña será presentado en el Parlamento el miércoles, lo que marca la primera vez en casi una década que la Cámara de los Comunes debatirá si permitir a los médicos ayudar a poner fin a la vida de las personas después de que fracasaran impugnaciones judiciales anteriores para cambiar una prohibición legal general.
La política laborista Kim Leadbeater presentará un proyecto de ley que otorgará a las personas con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales una forma de permitir que los médicos las ayuden a morir, aunque los detalles no se darán a conocer hasta más adelante en el mes, antes de una votación parlamentaria.
El primer ministro Keir Starmer ha prometido que los legisladores tendrán “voto libre”, lo que significa que no estarán obligados a votar según las líneas partidarias. Starmer apoyó un proyecto de ley de muerte asistida en 2015 y ha dicho que “existen motivos para cambiar la ley”.
“No se puede en absoluto presionar a personas discapacitadas o con enfermedades mentales que no estén en fase terminal para que se pongan fin a sus vidas”, afirmó Leadbeater en un comunicado. Agregó que es “importante que la legislación sea correcta, con las protecciones y salvaguardas necesarias”.
La política laborista Kim Leadbeater. UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS
Es probable que el proyecto de ley de Leadbeater sea similar a un proyecto de ley sobre muerte asistida presentado en la Cámara de los Lores a principios de este año y que solo ha avanzado lentamente.
La Cámara de los Lores, que no es electa, estudia y enmienda la legislación aprobada por la Cámara de los Comunes. Si bien los proyectos de ley pueden tener su origen en la Cámara de los Lores, rara vez se convierten en ley.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de los Lores restringe la muerte asistida a los adultos con seis meses o menos de vida y requiere el permiso del Tribunal Superior después de tener una declaración firmada por dos médicos, entre otros criterios.
Esther Rantzen, fundadora de una organización benéfica británica para niños que padece un cáncer de pulmón avanzado, animó a la gente a escribir a su diputado local del Parlamento, diciendo que “lo único que pedimos es el derecho a elegir”. Rantzen dijo que, a falta de una forma legal de terminar con su vida en Gran Bretaña, planea viajar a Suiza, donde el suicidio asistido es legal para los extranjeros.
El primer ministro Keir Starmer ha prometido que los legisladores tendrán “voto libre”, lo que significa que no estarán obligados a votar según las líneas partidarias. REUTERS/Tom Nicholson/Foto de archivo
Sin embargo, los opositores a la muerte asistida dicen que no hay manera de cambiar la ley sin poner en peligro a las personas vulnerables, según la actriz Liz Carr, activista por los derechos de las personas con discapacidad.
El suicidio asistido, en el que los pacientes toman una bebida letal recetada por un médico, es legal en Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, España, Suiza y partes de Estados Unidos, y las regulaciones sobre los criterios de calificación varían según la jurisdicción.
Naomi Richards, antropóloga especializada en muerte y agonía en la Universidad de Glasgow, dijo que el número de personas que podrían recurrir a la muerte asistida, si se legalizara en Gran Bretaña, sería bastante limitado, a menos que el público presione por un acceso más amplio.
“Son preguntas que en una democracia sólo encontrarán respuesta más adelante”, afirmó.
Gran Bretaña debería ser abordar las desigualdades en la atención sanitaria en todo el Reino Unido.
Trudo Lemmens, profesor de derecho y política sanitaria en la Universidad de Toronto, dijo que la primera prioridad de Gran Bretaña debería ser abordar las desigualdades en la atención sanitaria en todo el Reino Unido.
“Lo que hemos visto es que las personas piden asistencia médica para morir porque sienten que son una carga para los demás”, dijo Lemmens, refiriéndose a Canadá después de que legalizara la muerte asistida en 2016.
“Es inevitable que aumente la presión para ampliar la práctica más allá de lo que establece la legislación”, afirmó Lemmens. “Los países deberían ser extremadamente cuidadosos en este aspecto y estudiar en profundidad lo que ha sucedido en otras jurisdicciones antes de permitir que los médicos pongan fin a la vida”.
(con información de AP)
Por Maria Cheng
Fuente: infobae.com