La medida se publicó este viernes en el Boletín Oficial. La resolución señala que la “conducta delictual” contra el Estado “resulta incompatible” con el beneficio de la expresidenta.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) emitió la Resolución 1092/2024, mediante la cual se dispone la baja de la Asignación Mensual Vitalicia y la Pensión percibidas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de la confirmación de su condena judicial.
Esta medida llega tras la reciente decisión de la Cámara de Casación Penal Federal, que ratificó la pena impuesta en diciembre de 2022, de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El proceso judicial que derivó en esta resolución se remonta a la causa “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación”, en la cual la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal rechazó los recursos de apelación presentados y confirmó la condena en su totalidad
La exmandataria contaba con beneficios estipulados en la Ley N° 24.018, destinada a expresidentes y vicepresidentes en reconocimiento a su servicio. Sin embargo, esta normativa establece que estos beneficios solo son válidos en casos de “buen desempeño en el cargo”.
Para el Gobierno, la jubilación de privilegio es “incompatible con una conducta deshonrosa”
“La asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa”, remarca el escrito.
La condena inicial contra Fernández de Kirchner fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, tras ser hallada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, el dictamen incluyó la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, sanción que también fue ratificada en la instancia de casación.
La medida del Gobierno también señala que la “conducta delictual contra la administración pública” afecta el derecho a una jubilación de privilegio.
“En igual sentido, se expresó el Congreso Nacional mediante la sanción de la Ley N° 26.475 que declaró extinguidos los beneficios otorgados a expresidentes del gobierno de facto de 1976-83, por considerarlos indignos de tal distinción al actuar contra el sistema democrático”, punzó la administración de Javier Milei.
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