Con minoría en el Congreso, el oficialismo no tiene los números para frenar la iniciativa y negocian a contrarreloj. Sus aliados del PRO dudan y Macri presiona. Martín Menem se vería obligado a llamar a una sesión especial para el martes
Mientras festeja el descenso del riesgo país y siente ganada la batalla con los gremios de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, el Gobierno mira con preocupación el Congreso. La oposición presiona para lograr una convocatoria a sesión especial para tratar una serie de proyectos de ley que buscan limitar el uso de los Decretos de Necesidad de Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo, y los números de La Libertad Avanza para frenarlos no cierran. Si se debatiera y aprobara, Javier Milei perdería capacidad para tomar la iniciativa política y gobernar sin apoyo del Poder Legislativo.
En minoría y sin alianzas firmes con ninguno de los otros partidos, los libertarios se enfrentan a un nuevo fin de semana de negociaciones contrarreloj con los aliados y las fuerzas provinciales, tal como ocurrió en septiembre y octubre en la previa de los debates por los vetos previsional, primero, y universitario, después. Esta vez, para evitar que alguna de las iniciativas para cambiar la ley de DNU logre la media sanción y avance rumbo al Senado antes de fin de año.
El Gobierno le había restado importancia a la iniciativa frente al primer atisbo, impulsado por Miguel Pichetto hace tres semanas. Se sentían fortalecidos por haber logrado sostener los vetos. Y estaban en una luna de miel con el PRO luego de satisfacer, en parte, los requerimientos de Mauricio Macri al nombrar a una especialista de sus filas al frente de la Secretaría de Energía.
“Se va a extinguir, sería demasiado”, decían en la Casa Rosada cuando los opositores empezaron a activar los mecanismos para revivir algunos proyectos para modificar la ley 26.122. No creían que el kirchnerismo, el peronismo e incluso el PRO, que hicieron uso sin miramientos de los DNU cuando gobernaron, se atrevieran a escatimarle esa herramienta a un gobierno con minoría absoluta en las dos cámaras. “Sería totalmente incoherente y, sobre todo, desestabilizador”, decían. Además, recordaban que Cristina Kirchner había ayudado a impulsar esa norma durante el último año del mandato de Néstor.
Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal (REUTERS)
Además, sostenían que no había forma de que los fragmentados partidos se pusieran de acuerdo en un solo proyecto. En total, hay 16 con estado parlamentario, presentados por el radicalismo (Carla Carrizo, Pablo Juliano, Fernando Carbajal), Encuentro Federal (Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Ricardo López Murphy), la Coalición Cívica (Juan Manuel López) y Unión por la Patria (Roberto Mirabella, Mónica Litza). La letra chica varía, pero todos tienen como objetivo la simplificación del proceso de rechazo de los decretos para impedir que el Poder Ejecutivo tome competencias que corresponden al Legislativo.
El tiempo no les dio la razón a los libertarios. El impulso inicial de Encuentro Federal se nutrió del apoyo de Unión por la Patria y los sectores más críticos de la UCR, encabezados por Martín Lousteau y Facundo Manes, y el debate empezó a librarse en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, a mediados de octubre. Hasta que el jueves, tres semanas después, los partidos juntaron las voluntades para exigir en conjunto un llamado a sesión con la ley de DNU en el temario. Y Martín Menem estaría compelido a hacerlo por el reglamento.
“Ahora sí estamos preocupados”, dijo, por lo bajo, un funcionario en la Casa Rosada, mientras los libertarios en el Congreso iniciaban tardías conversaciones, subterráneas, para frenar los esfuerzos opositores. Dependen principalmente del PRO, que nuevamente está en modo dubitativo. Si bien Macri usó los decretos bajo la ley vigente y jamás intentó modificarla, en esas filas aseguran que no tienen decidido cómo actuarán. “Básicamente tenemos diez mil proyectos, incluso presentados por nosotros mismos, para modificar esa ley, hay que ver”, dijo un dirigente de alto mando desde la tribu macrista, en referencia a que uno de los proyectos estaba firmado por la propia Patricia Bullrich, hoy ministra de Milei.
Ese bloque tiene planeado reunirse el lunes para decidir cómo posicionarse en la eventual sesión del día siguiente, después de varios días de ausencia del jefe de bloque, Cristian Ritondo, que viajó a Estados Unidos por las elecciones con una delegación llevada por Amcham y es el delegado de Macri para llevar el día a día de la relación con el Ejecutivo.
Aunque los detalles de cada proyecto varían, las conversaciones entre los partidos opositores apuntan a un dictamen que proponga dos ejes principales. Por un lado, limitar el período determinado para que el Congreso ratifique los decretos entre los 90 y los 120 días. Por el otro, obligar a que ambas Cámaras otorguen la aprobación para que quede firme. Si ese plazo se cumpliera sin que el Congreso se manifestara en algún sentido o una cámara los rechazara, los decretos se caerían.
Cristian Ritondo y Santiago Caputo
Milei ya avisó que vetará la eventual modificación. Pero, aun así, una vez más se vería enfrentado a la oposición para sostener ese posible veto, en un debate que podría prolongarse hasta el 2025. E incluso podría debatirse durante diciembre y enero, en caso de que el Ejecutivo extendiera las sesiones ordinarias o llamara a extraordinarias con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2025 y, eventualmente, incluir dentro de la ley de leyes la eliminación de las PASO. Esas otras dos batallas también se le están complicando a LLA, que reunió por tandas a los gobernadores de los distintos partidos durante las últimas tres semanas en alerta por la necesidad de respaldo.
La estrategia del Gobierno, como en las discusiones más recientes en el Congreso, será responsabilizar por la “intentona” al kirchnerismo, y consecuentemente, intentar asociar al resto de los partidos opositores con Cristina Kirchner. “Siempre contemplamos la posibilidad de que el kirchnerismo hiciera esta clase de movida. Intentaron varias veces restarle poder al Gobierno, no nos tomaban en serio. Pero al ver que sabemos jugar, decidieron cambiar las reglas de juego”, dijo un funcionario en la tarde del viernes. “Estamos trabajando para que las otras fuerzas políticas no se dejen arrastrar a un cambio antidemocrático”, agregó un asesor.
En el caso de las defensas de los vetos, ese plan de “acorralamiento”, como lo llaman, les funcionó, al menos en el caso de PRO. Sin embargo, era otro momento político en la relación con Mauricio Macri. Ahora, el titular del principal socio amenaza con restarle respaldo en las próximas batallas si no empieza a formalizarse la alianza formal que viene exigiendo. El Gobierno, de todas formas, cree que los amarillos terminarán cediendo, como ocurrió en la mayor parte de los casos.
Fuente Infobae