En un duro dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita cerró la investigación por corrupción y chantajes por parte del Polo Obrero.
El piquetero Eduardo Belliboni quedó cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Le atribuyen los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión «sobre miles de personas» que debían percibir fondos correspondientes al plan social Potenciar Trabajo. El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó el requerimiento de elevación a juicio oral de esta primera etapa del caso: aún se investigan operaciones de lavado y la responsabilidad de ex funcionarios K.
En un dictamen de 274 páginas al que accedió Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal firmó el pedido de elevación a juicio oral del líder del Polo Obrero y de otras dieciséis personas procesadas por ofrecer la incorporación al plan Potenciar Trabajo, otorgados en aquel entonces por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, bajo la amenaza expresa de dar de baja el subsidio si no lo hacían.
La fiscalía determinó que en este caso existió una “compleja matriz delictiva” que durante años se “aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”.
La fiscalía concluyó que existió un acuerdo de voluntades entre diversos referentes del Polo Obrero, con una división de roles y alcance nacional, la que fue sostenida al menos desde junio de 2020 hasta marzo de 2024.
Esa organización, se escribió en el dictamen, estuvo destinada a “cometer múltiples delitos en perjuicio de las personas en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica y del Estado Nacional, con el fin de obtener un lucro indebido y el poder intrínseco derivado del manejo de miles de individuos”.
A la cabeza de dicha estructura criminal se encuentra Eduardo Belliboni, como organizador junto a referentes nacionales como Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. Después, como miembros en el ámbito territorial de esta ciudad, se acusó a los referentes María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.
Los cuadernos del Polo Obrero: control de asistencia a las marchas y sanciones.
Esta organización implementó un esquema de “extorsiones y amenazas coactivas con el fin de controlar y manejar —en lo que públicamente se ha denominado “gerenciamiento”— a miles de personas a lo largo y ancho del país”.
La maniobra garantizaba, remarcó Pollicita, “el poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero que aquellos recibían del Estado como ayuda social”.
Según se pudo establecer mediante informes oficiales, en febrero de 2024 el “Polo Obrero” tenía bajo su tutela a más de 65 mil beneficiarios en todo el país —alcanzando su pico, en diciembre de 2022, con una nómina de 83.530 personas bajo su órbita— y los documentos hallados en poder de los propios acusados “revelaron que a todos ellos les sustraían parte del plan, lo que les permitió obtener importantes sumas de dinero”.
La recaudación esperada solamente entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos.
En función de estos mecanismos, la fiscalía determinó que esta organización “defraudó al Estado Nacional mediante la apropiación ilegítima de millonarios fondos públicos que le eran entregados como subsidios a la agrupación Polo Obrero”.
Los fondos públicos eran concedidos para que la organización sindical, realizara actividades formativas “en favor de las personas más vulnerables”. Contrario a estos fines, el Polo Obrero -corroboró la justicia federal- “desvió los fondos en beneficio propio mediante el uso de más de un centenar de facturas apócrifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementación de la política social señalada”.
En este punto, y como segunda parte del expediente, es que el Ministerio Público Fiscal imputó a Emilio Pérsico, que tenía a su cargo la Secretaría de Economía Social, ya que a criterio de los investigadores “el plan delictivo sólo fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios públicos, quienes durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real”.
Los cuadernos del Polo Obrero
Sigue en etapa de instrucción otra línea de investigación donde el eje está colocado en operaciones de blanqueo, en las que supuestamente intervinieron cooperativas y empresas utilizadas como “pantallas” para la aplicación del dinero desviado.
En definitiva, dijo el fiscal Pollicita, “los integrantes de esta organización criminal, para obtener un lucro indebido y consolidar un esquema de poder, se aprovecharon de la vulnerabilidad de los más necesitados para torcer su voluntad bajo amenazas e intimidaciones tales como la quita del plato de comida o de su único medio de subsistencia”.
Ese circuito tuvo en simultáneo la «simulación de gastos con facturación apócrifa, completando su accionar con un proceso posterior de lavado de dinero, para disimular el origen espurio de esos fondos”.
Los cuadernos del Polo Obrero
El esquema extorsivo
El fiscal detalló un “esquema extorsivo-coactivo”, en que por un lado se obligó a los beneficiarios de los planes sociales a “entregar una porción del Salario Social Complementario que recibían como ayuda estatal y, por el otro, se les impuso coactivamente la participación y contribución en “actividades políticas” de la organización”:
Los cuadernos del Polo Obrero
Las exigencias fueron instrumentadas mediante intimidaciones consistentes en el anuncio de que, en caso de no cumplir con lo requerido, “se habrían de imponer, cuanto menos, cuatro tipo de sanciones: el condicionamiento del acceso al comedor y a los alimentos secos y frescos provistos a la organización por agencias públicas; el condicionamiento del acceso al Plan Potenciar Trabajo para los aspirantes que aún no se encontraban registrados.
Entre otras, las sanciones para los titulares del programa eran el cómputo de menos horas de trabajo rendido —lo que repercutía en el monto final liquidado— o la degradación de categoría —si es que ocupaban una posición que implicara una asignación más alta—; la baja total a la ayuda social para los titulares del programa, como instrumento sancionatorio reservado al incumplimiento frecuente de dichas imposiciones ilícitas.
Categorías creadas contra los más vulnerables
Las personas que eran coaccionadas y extorsionadas por los acusados sufrían también la instrumentación de categorías creadas por los dirigentes sociales, señaló la fiscalía.
“Por una parte estaban los ‘beneficiarios especiales’ —se los denominaba ‘cuadrilla’, ‘esenciales’ o ‘nexo’, según el caso—, que percibían hasta el doble de la prestación social, a cambio de exigirles —además del dinero y las ‘movilizaciones’— más tareas a determinar en cada caso”.
Por debajo de éstos se encontraban los “beneficiarios comunes —que percibían la prestación social y, a cambio, se les exigía una parte del subsidio y su asistencia a las “movilizaciones”—.
Finalmente, en un estrato inferior, se ubicaban los integrantes de las “listas de espera”, quienes debían cumplir determinada cantidad de “movilizaciones” o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo o a los alimentos provistos por los comedores
“Las amenazas transmitidas a las víctimas con el fin de que cumplieran con las exigencias ilícitas eran efectivamente ejecutadas por los imputados”, remarcó el fiscal del caso.
Los cuadernos del Polo Obrero
Según dio por corroborado el fiscal Pollicita, la agrupación dirigida por Belliboni “negó el acceso a la comida que el Estado repartía y degradó o dio de baja del Programa Potenciar Trabajo a personas carenciadas que no cumplían con sus exigencias ilícitas, para de esa forma conservar —en forma individual hacia el sancionado y en forma preventiva-general hacia las restantes víctimas— la idoneidad y eficacia del mecanismo extorsivo-coactivo instaurado”.
La coacción y la extorsión se sustentaron -expresa el dictamen-, “en un mecanismo de contabilidad paralela centralizada. Los acusados exigieron ilegítimamente a miles de víctimas una porción del dinero que recibían como ayuda social y las obligaron a realizar actividades político-partidarias, lo que les aseguraba tanto dinero como poder”.
¿Cómo se distribuía el dinero? El 50% iba al Polo Obrero Central, el 5% a la “Regional” correspondiente y el 45% restante quedaba en la propia asamblea.
El sistema de las facturas truchas
El Polo Obrero “desvió y sustrajo fondos públicos que le eran entregados como subsidio institucional por la ex Secretaría de Economía Social en el marco del Programa Potenciar Trabajo”. Para esta etapa de la maniobra delictiva “se valió de cuanto menos 188 facturas apócrifas de las empresas Ediciones e Impresiones Rumbos, Coxtex, Urban Graphics, Ricoprint, Miniso Trade y de Carlos Osvaldo Monfrini.
Esas facturas fueron incluidas en las rendiciones de cuentas presentadas a las autoridades públicas hasta diciembre de 2023, “simulando gastos no concretados por un monto nominal de 49.417.301,89 pesos”.
El dinero cuestionado y las firmas fantasmas
Entre junio de 2020 y diciembre de 2022, la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo Resplandor suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social, por los cuales recibieron 361.087.500 pesos en concepto de subsidio institucional.
El Polo Obrero firmó tres acuerdos en junio de 2020, 2021 y 2022 y los subsidios se concretaron en cuatro pagos a través de transferencias bancarias. La primera fue de 75 millones de pesos, la segunda de 37,5 millones de pesos, le siguió otra -ya en 2022- de 36,2 millones y en enero de 2023, un último pago de 37,5 millones de pesos.
Facturas truchas que utilizaba el Polo Obrero
La Cooperativa de Trabajo El Resplandor firmó dos acuerdos en junio de 2021 y diciembre de 2022. Fueron tres los desembolsos que se hicieron a favor de dicha organización: dos de 37,5 millones de pesos y el último en enero de 2023, por 99.900.000 pesos.
Ediciones e Impresiones Rumbos es una sociedad que no cuenta con sede social ni comercial de actividades, que fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas sin capacidad económica para vender o prestar los servicios facturados, pero desde al menos octubre de 2021 emitió alrededor de 179 facturas por 31.475.027,04 pesos.
Las facturas fueron para la supuesta compra de bienes que se “enmarcaban en los rubros “materiales, indumentaria e insumos”, o bien “maquinaria, herramientas y equipamiento”— para ocultar, de tal modo, su verdadero destino”.
Facturas truchas que utilizaba el Polo Obrero
Cotex tampoco tiene sede social ni comercial, carece de una actividad real y también fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas. Se verificó que quienes figuran como socios son prestanombres, que no registraba movimientos bancarios —pese a haber facturado montos millonarios— y en esta causa “emitió dos facturas para simular gastos del programa por un monto total de 5.144.418 pesos”.
La simulación de gastos fue mayor. Se corroboró la existencia de facturación apócrifa de Urban Graphics SA (una factura por un monto de $5.180.019), Ricoprint SRL (una factura por un monto de $2.769.378), Carlos Osvaldo Monfrini (dos facturas por un monto de $1.220.450 y $253.006, respectivamente) y Miniso Trade SA (una factura por un monto de $3.060.003).
Fuente Clarin