Desde el entorno del ex presidente boliviano, alegaron que su vida «corre peligro» y que la Justicia de ese país reabrió una causa archivada para «voltear su candidatura» de cara a los comicios del 2025.
La fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó este jueves la emisión de una orden de detención contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego de que no se presentara ante la Fiscalía, donde estaba citado a declarar por el supuesto caso de abuso de menores y trata de personas por el que está siendo investigado.
«Ya estamos trabajando en lo que corresponde conforme a ley, lo que corresponde es precisamente eso, sacar el mandamiento de aprehensión, para aquellos que han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos. Simplemente, el mandamiento de aprehensión que se va a emanar será para que ellos puedan apersonarse a presentar su declaración», explicó la fiscal ante los medios.
Gutiérrez aclaró que la medida afecta también a los padres de la víctima, que tampoco han acudido a la citación. «Se han presentado dos memoriales sin la notificación debida», afirmó, antes de aseverar que «todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal».
Desde el entorno de Morales, se aseguró que no acudiría a declarar alegando que su vida corre peligro. «Ha recibido amenazas de muerte», deslizaron sus aliados.
La eventual detención caldearía aún más los ánimos entre los partidarios de Morales y el actual presidente, Luis Arce, quienes vienen desde hace años protagonizando una férrea disputa que no solo divide a la izquierda de Bolivia, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro político más inmediato.
De acuerdo con la investigación, Morales podría ser responsable de un delito de abuso de menores y trata de personas por hechos supuestamente cometidos en 2016 (cuando todavía era presidente de Bolivia), por una relación con una menor de 15 años, de la que nació una niña.
La negativa de Morales a declarar y el argumento de su abogado
Evo Morales rehusó comparecer este jueves ante la fiscal que lo investiga por el presunto abuso de una menor durante su mandato, lo que podría desencadenar en una orden de arresto en su contra.
De 64 años y convertido en el mayor opositor del gobierno de su exministro Arce, el líder indígena fue citado por la fiscalía del departamento de Tarija para que rinda su testimonio dentro del proceso por «estupro, trata y tráfico de personas».
Sin embargo, su abogado Nelson Cox anticipó que Morales – que tilda de «una mentira más» los señalamientos – se ausentó porque considera que la investigación es «ilegal».
El expresidente «no se va a presentar entre tanto no se regularice» el proceso, señaló Cox, tras remarcar que la Justicia ya investigó el caso y archivó la misma denuncia en 2020.
La fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada por una jueza que aceptó un recurso del exjefe de Estado.
Gutiérrez, quien fue removida y restituida en su cargo, reabrió la causa contra Morales no solo por «estupro» -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años-, sino que añadió al expediente la presunción de trata y tráfico de personas.
Según el escrito que sustentó la orden de aprehensión anulada por la justicia, los padres de la menor la inscribieron en la «guardia juvenil» de Morales «con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor», lo que configuraría el delito de trata de personas.
El jueves el ministro de Justicia, César Siles, advirtió que la fiscalía, conforme la normativa penal, debería ordenar el arresto de Morales en caso de que no cumpliera la citación a declarar.
«Cualquier orden de citación señala en su texto que, en caso de incomparecencia, se expedirá el mandamiento de aprehensión», señaló Siles.
Por otro lado, abogados consultados por la agencia AFP plantearon que, en efecto, Morales se arriesga a ser detenido si la fiscal desestima los argumentos de la defensa para no comparecer este jueves.
Morales denunció «persecución judicial» en su contra
En medio de la escandalosa denuncia, Morales acusó al gobierno de Arce de reactivar el caso como parte de una «persecución judicial» para sacarlo de la carrera por la nominación del oficialismo para las presidenciales de 2025.
En un mensaje en X, sostuvo que el gobierno reabrió el caso para detenerlo e incluso «acabar» con su vida.
«El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano. Todo es producto de la desesperación del gobierno que no tiene ninguna respuesta a la crisis (económica) y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral», expresó en la plataforma X.
Morales encabezó este jueves actos políticos en la región cocalera del Chapare (centro), muy lejos de Tarija, pero evitó referirse a su decisión de no comparecer ante los fiscales.
Sus bases se declararon en vigilia y amenazaron con bloquear carreteras si la fiscalía ordena la detención de Morales.
El Chapare, su fortín político, es el puente de paso obligado que une vías entre la próspera región de Santa Cruz (este) con La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
«Si sale una orden de aprehensión o se intenta aprehenderlo, inmediatamente se activa bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del país. Estamos en estado de alerta en defensa de Evo«, subrayó el senador y dirigente cocalero, Leonardo Loza.
Fuente Perfil