Los obispos católicos alertan por los riesgos de criminalizar a las personas migrantes e instan a recibirlas “con dignidad y respeto” y expresaron su rechazo hacia las expresiones libertarias que promueven “la exclusión, la desigualdad o desprecio hacia quienes piensan y viven de manera diferente”.
El ministro de Defensa, Luis Petri y Patricia Bullrich, avanzan en la profundización del Plan Güemes con la finalidad de ejecutar la militarización de las fronteras por medio del despliegue de las Fuerzas Armadas. Desde la Comisión Episcopal para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes cuestionaron la medida y difundieron un comunicado en el que manifestaron su oposición hacia acciones que “refuercen la xenofobia o el racismo”.
El organismo de la Conferencia Episcopal Argentina es encabezado por el arzobispo correntino, Adolfo Larregain. En su pronunciamiento, los capellanes advierten que “el endurecimiento de las fronteras argentinas replica estrategias de Trump y contraviene el mensaje de fraternidad promovido por el Papa Francisco”.
Los obispos católicos alertan por los riesgos de criminalizar a las personas migrantes e instan a recibirlas “con dignidad y respeto” y expresaron su rechazo hacia las expresiones libertarias que promueven “la exclusión, la desigualdad o desprecio hacia quienes piensan y viven de manera diferente”.
La medida generó incertidumbre en distintos sectores del arco político,como así también la reacción por parte de organizaciones sociales y abrió un nuevo capítulo en la tensión entre las políticas controversiales de Javier Milei y la doctrina promulgada por la Conferencia Episcopal Argentina.
Militarización de las fronteras y cuestionamientos diplomáticos
El Ministro de Defensa y la Ministra de Seguridad de la Nación ya conformaron una mesa a fin de determinar la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas que desplegarán en la frontera y los lugares que se considerados como puntos “estratégicos”.
El plan oficial incluye la colocación de un alambrado de 200 metros en el paso fronterizo entre Aguas Blancas y Bermejo, lo que generó tensión con el gobierno de Bolivia. El embajador del país vecino, Ramiro Tapia aseguró que “su país no fue informado formalmente» y criticó la medida por considerarla “unilateral”.
Por su parte, Patricia Bullrich insistió en la necesidad de reforzar los límites con Bolivia y Brasil, asegurando que los pasos ilegales favorecen el narcotráfico y el contrabando.
Además, enumeró: “Vamos a ir en orden Primero Aguas Blancas (Salta), después la Triple Frontera y luego los límites con Brasil, donde tenemos un problema muy serio”.
Fuente Perfil