- La de este jueves será la última sesión del año.
- Cuáles serán las principales inversiones de 2025.
«Ajustes» al Código Urbanístico, catálogo de inmuebles protegidos, Presupuesto 2025, registro de deudores alimentarios. Este jueves, los y las legisladoras porteñas tendrán una intensa actividad parlamentaria, en lo que será la última sesión ordinaria del año. Una agenda signada por temas que atraviesan de manera central la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires.
Por un lado, una actualización necesaria para el Registro de Deudores Alimentarios, que en territorio porteño cumple 25 años. Entre otras cosas, apunta a priorizar las necesidades de los hijos frente a gastos superfluos de los deudores, como ir a la cancha o recitales. Y hacer solidariamente responsables a empleadores que los oculten.
Además, el Presupuesto, Ley Tributaria y Código Fiscal. En 2025 el Ejecutivo porteño planea recaudar $ 13.926.000.000.000 (casi 14 billones); esto contando con los 200 mil millones de pesos por mes que reclamaba por Coparticipación Federal y que acordó, ante la Corte Suprema de Justicia, con el Gobierno nacional. Según el proyecto de ley, las principales inversiones, los más grandes gastos de capital, se los llevarán seguridad y transporte.
Al Presupuesto le quitará protagonismo otro tema central en la agenda, los «ajustes» al Código Urbanístico (CUR). Un largo debate y una concurrida audiencia pública anteceden estas modificaciones propuestas por el Ejecutivo porteño a un Código que se votó originalmente en 2018 y que llevó a los barrios de casas bajas la construcción en altura, la pérdida de los corazones de manzana y la multiplicidad de usos comerciales; una densificación que los vecinos y vecinas de estas zonas rechazan.
El proyecto del Ejecutivo fue presentado con el objetivo de limitar alturas en barrios y así ganar, además, espacios en los pulmones de manzana.
El paso bajo nivel de García Lorca y las vías del Sarmiento, en Caballito, entre las prioridades para el Presupuesto 2025. Foto: Luciano Thieberger
Además, la Ciudad llevó un proyecto de ley que, entre otras cosas, incorporó una herramienta conocida como “capacidad constructiva adicional”. En concreto, se otorgan permisos de construcción en el norte de la Ciudad, sobre avenidas, siempre que los desarrolladores hagan la misma cantidad de metros en los barrios del sur. Este propuesta tiene muchos grises, porque no quedó claro cómo se realizaran los controles para que se lleven a cabo las obras en las zonas «menos interesantes» a nivel de las inversiones inmobiliarias.
En la primera lectura, a fines de septiembre, el texto obtuvo 32 votos positivos (necesitaba 31) de Vamos por Más (que reúne al PRO y la Coalición Cívica), junto a las bancadas de la UCR, Confianza Pública, el socialismo, Republicanos Unidos y algunos libertarios.
En contra votaron tres legisladores de La Libertad Avanza y tres del Frente de Izquierda; mientras que el bloque de Unión por la Patria se abstuvo (sumados a tres diputados que responden a Patricia Bullrich y Marina Kienast, del Frente Liberal Republicano, que solían votar con el oficialismo).
La sesión estuvo a punto de naufragar por la inclusión, a último momento, de un artículo que se bautizó como «ley Francella» y pretendía que volviera a ser obligatoria la construcción de la vivienda para los encargados.
«Estamos convencidos de que la Ciudad se merece otro Código Urbanístico. Lo que sucede es que para ello hay que planificar y tener una visión clara de Ciudad. Algo que está muy lejos de la propuesta que trajo a la Legislatura este gobierno de fin de ciclo del PRO, sin visión y sin gestión», concluyó la legisladora Claudia Neira, recientemente nombrada presidenta del Bloque Unión por la Patria.
«Nosotros tenemos en claro que hubiéramos afrontado estas reformas de otra manera muy diferente, con un análisis manzana por manzana, con la actualización del Plan Urbano Ambiental, la implementación de un Código Ambiental y con otro sistema de participación. No hay que olvidar que esto comenzó con un gran movimiento barrial de vecinos que se organizaron y vinieron a la Legislatura pidiendo a los legisladores que atendiéramos lo que estaba ocurriendo en sus barrios», recordó Neira.
Los vecinos y vecinas de los barrios más afectados -casi una veintena, desde Villa del Parque, Ortúzar, Urquiza, Parque Chas, Saavedra, Chacarita, entre otros- se organizaron para hacer oír sus reclamos, incluso a través de una red que los agrupa, la Interbarrial Buenos Aires. Y participaron masivamente de las audiencias públicas; hubo más de 1.700 inscriptos.
También del bloque Unión por la Patria, Graciana Peñafort sumó dos puntos críticos que generan preocupación: «Los inmuebles catalogados como protegidos también van a generar capacidad constructiva adicional. Así, quien resulte titular de un inmueble de este tipo, puede venderle a un desarrollador su certificado de capacidad constructiva adicional, para que el desarrollador pueda construir más metros por fuera de los permitidos en otro lugar. El detalle que consolida este engendro es que, pasados 10 años desde la primera venta, el dueño del inmueble catalogado puede volver a vender el certificado de capacidad constructiva adicional», explicó.
Otro tema que también preocupa a los vecinos y que no se resolvió es el de las alturas y el «enrazamiento»: «Se declama que se disminuyen las alturas máximas permitidas, pero en las manzanas donde ya existan construcciones por encima de las alturas máximas, se permiten construcciones de igual altura a las existentes», sumó Peñafort.
De la misma manera que aquellos metros que se ganan en corazón de manzana, se trasladan a más metros en altura. Por eso los «ajustes» que propone el Ejecutivo porteño no conforman a vecinos y vecinas de los barrios. Pero con la conformación de la Legislatura, y los bloques aliados, se descuenta que se convierta en ley este jueves (el procedimiento de doble lectura aplica a toda norma que modifica la planificación de la Ciudad).
El otro tema que tendrá tratamiento en la última sesión será el catálogo definitivo de inmuebles de valor patrimonial, a los que se les otorgará distintos tipos de protección; se había aprobado en primera lectura a mediados de octubre.
También se da por hecho que se votará positivamente, con menos resistencia que el CUr. Así quedará definido un listado de unas 4.300 construcciones que hasta ahora formaban parte de un listado preventivo (algunas llevaban 15 años en este listado).
Luego de aprobado el proyecto de ley, se les dará protección definitiva. Entre ellos se destacan edificios y construcciones icónicas como el arco de ingreso del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, la Botica del Angel, la Farmacia Suiza y los hospitales Fernández y Ricardo Gutiérrez.
Fuente Clarin