El titular de ANSES, Mariano de los Heros, defendió hoy la decisión del Gobierno de suspender las asignaciones mensuales vitalicias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, citando tanto fundamentos legales como éticos. Según el funcionario, la medida responde a la existencia de una condena judicial definitiva que la inhabilita para continuar percibiendo estos beneficios, establecidos bajo la Ley 24.018.
«La sentencia de la Cámara de Casación Penal ratificó su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. Esto satisface el doble conforme requerido por el artículo 8 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», explicó de los Heros esta mañana en Radio Rivadavia, en el programa «Si pasa, pasa». Además, aclaró que no se trata de una jubilación común, sino de una asignación graciable que depende de mantener la dignidad e investidura del cargo, algo perdido, según él, al ser condenada.
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Cifras exorbitantes: 35 millones mensuales
Uno de los puntos más llamativos que destacó el titular de ANSES fue el monto que percibía la expresidenta. «En noviembre, Cristina Kirchner cobró $35.255.297,03 entre sus dos asignaciones. Esto equivale a 139 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo (AUH) o 21 jubilaciones máximas. Es una inequidad absoluta«, afirmó.
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Adicionalmente, Cristina Fernández había presentado un certificado de domicilio en Río Gallegos para justificar un suplemento de Zona Austral, beneficio destinado a residentes de provincias del sur argentino. Este adicional alcanzaba los $6.354.523 mensuales. «Lo irónico es que la vemos diariamente en Buenos Aires. La señora pasa más tiempo aquí que en Santa Cruz», cuestionó el funcionario.
Un beneficio en el marco de la ley, pero cuestionado
Las jubilaciones de privilegio están reguladas por la Ley 24.018, que establece asignaciones vitalicias equivalentes al salario de un juez de la Corte Suprema para expresidentes, y al 75% de este monto para exvicepresidentes. Sin embargo, el artículo quinto de esta misma ley especifica que estas asignaciones son incompatibles con cualquier otra pensión graciable, algo que Cristina Fernández judicializó con éxito durante el gobierno de Alberto Fernández.
De los Heros criticó este accionar, calificándolo como un abuso de derechos: «La ley era clara. La incompatibilidad existía, pero el gobierno anterior no la aplicó. Nosotros corregimos esta injusticia».
Fundamentos éticos y legales
El titular de ANSES subrayó que la suspensión de estos beneficios no solo tiene un respaldo jurídico, sino también ético. Comparó las asignaciones presidenciales con una donación: «Si uno atenta contra el donante, se revoca la donación por indignidad. Aquí ocurre lo mismo. Una condena por corrupción representa esa indignidad».
La medida también abarca al exvicepresidente Amado Boudou, quien cobraba $6,3 millones mensuales y cuya condena por delitos contra la administración pública fue igualmente ratificada. «No podemos permitir que quienes fueron condenados por perjudicar al Estado sigan recibiendo estos montos descomunales», afirmó de los Heros.
Impacto cultural y judicial
Finalmente, el funcionario expresó su esperanza de que la justicia argentina esté «a la altura de las circunstancias» para respaldar esta medida administrativa. «Es hora de un cambio cultural en el sistema judicial. La equidad no puede depender de medidas cautelares que priorizan a unos pocos sobre miles de jubilados que esperan años por un fallo», concluyó.
Con esta decisión, el Gobierno busca marcar un precedente respecto a los beneficios percibidos por exfuncionarios condenados, apelando a un criterio de justicia y equidad en la asignación de recursos públicos.
Fuente: cronista.com