Los fondos Burford y Eton Capital exigen activos de la compañía como garantía de pago de la sentencia que obliga al Estado a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito a efectos de solicitar a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazar el pedido de los fondos Burford y Eton Capital, que pretenden quedarse con activos de YPF para cobrar el fallo en el juicio por la expropiación de la petrolera que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones.
La novedad se dio a conocer el mismo día en que Donald Trump fue anunciado oficialmente como ganador de las recientes elecciones presidenciales.
El Departamento de Justicia norteamericano dijo que la orden de ‘turnover’ de las acciones de YPF que piden los demandantes «viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos» y le pide a Preska que «la rechace», según informó el abogado Sebastián Soler en X con una imagen de la nota presentada por el Gobierno de los Estados Unidos a la jueza que lleva el caso YPF.
«Este amicus curiae del Gobierno de los Estados Unidos en el caso de la expropiación de YPF era esperado», consideró Sebastián Maril, quien sigue la evolución del derrotero judicial de la Argentina ante distintos tribunales internacionales por decisiones tomadas durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Maril dijo que el gobierno norteamericano sostiene que se violan ciertas leyes de su país y al mismo tiempo se abre la puerta para que haya algún tipo de reciprocidad y la Argentina en el futuro haga lo mismo con alguna empresa o un activo soberano norteamericano.
«Esto no afecta el fallo de los US$ 16.000 millones, esto no afecta al alter ego y esto no afecta la apelación», explicó el director Regional de Latam Advisors.
Los fondos Burford y Eton Capital, que resultaron ganadores en el litigio por la expropiación de YPF, ocurrida en 2012, en primera instancia, solicitaron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
La defensa argentina se negó y los demandantes comenzaron un proceso para detectar activos que pudieran ser embargados.
En este contexto, la Procuración del Tesoro se puso en contacto con el Gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y explicar las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción, según explicaron a La Nación fuentes oficiales.
Las acciones que tiene la Argentina de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no tiene tenencia de activos que cotizan en Nueva York.
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En septiembre, el Gobierno estadounidense había pedido tiempo para evaluar si presentaría un escrito acerca del pedido de los demandantes de que la Argentina entregue sus acciones de YPF. En concreto, había pedido expedirse sobre el caso este 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales en EE.UU.
Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.
Controversias en torno al artículo 7° del estatuto de YPF
Los fondos sostuvieron que el Gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.
En su momento, Argentina no formuló la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: «Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’».
Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron dicha frase para justificar los alegatos y el fallo.
«La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos‘», objetó la magistrada.
En el extremo opuesto, la defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.
Fuente Perfil