- Lo hizo a través del Decreto 747/2024 publicado en el Boletín Oficial.
- El documento lleva la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger.
El Gobierno finalmente derogó este miércoles el DNU 823/21 que obligaba a los ministerios y organismos del Estado a contratar pólizas con Nación Seguros. Fue esa normativa implementada durante la gestión de Alberto Fernández la que permitió que se armara un enorme esquema de corrupción con el pago de comisiones a intermediarios con relaciones con el ex presidente y también con otros políticos de su gobierno.
La decisión quedó cristalizada con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 747/2024, que no solo lleva la firma de Javier Milei, sino también la del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
«Deróganse los Decretos Nros. 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21», establece el Artículo 1° del flamante documento oficial.
El DNU 823/21, publicado el 2 de diciembre de 2021 y rubricado por Alberto Fernández, Juan Manzur (por entonces Jefe de Gabinete), y Martín Guzmán (en esa época ministro de Economía), “consagró la obligación de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en que esa institución opera”.
Francos pidió a su equipo preparar la derogación de ese polémico decreto, que sigue vigente a pesar de que la Justicia avanzó sobre Alberto Fernández por maniobras con esas pólizas del Estado a favor de sus amigos, sobre todo el broker Héctor Martínez Sosa, luego de una investigación de Clarín.
Cuando Nicolás Posse estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete se analizó la cuestión y el 11 de abril, finalmente, se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de «brokers» con los seguros de los organismos públicos, pero el decreto no se derogó.
El argumento oficial en ese momento fue que una anulación de aquella reglamentación podría perjudicar los convenios en curso y que no «era necesario» para evitar eventuales irregularidades.
Fuente Clarin