El Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal por “irregularidades en su gestión”

El Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal por “irregularidades en su gestión”

La administración de los este sector quedará a cargo de la Secretaría de Energía, que también asumirá la supervisión de los proyectos en curso

El Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), un mecanismo financiero creado para financiar obras de ampliación del sistema de energía eléctrica en alta tensión. La medida, oficializada a través del Decreto 234/2025 publicado en el Boletín Oficial, responde, según explica el texto de la norma, a irregularidades observadas por las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía en relación al funcionamiento y la gestión de los recursos del fondo.

El FFTEF fue constituido por la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura en el sector eléctrico, en particular, ampliaciones del sistema de transporte en alta tensión destinadas al abastecimiento de la demanda y la interconexión de regiones eléctricas. Para ello, se recaudaba un recargo en la tarifa eléctrica de 0,0006 pesos por kilovatio-hora (kWh), asignado específicamente al fondo.

Según el Decreto 234/2025, el cierre del FFTEF no implica la eliminación del recargo tarifario, sino que los fondos continuarán destinándose a la financiación de obras identificadas por la Secretaría de Energía. La medida también establece que el 19,86% de lo recaudado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica seguirá orientado a proyectos de infraestructura en el transporte de energía eléctrica.

El decreto cita informes de la SIGEN y de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía que señalan deficiencias en la administración del FFTEF. Entre las observaciones mencionadas se encuentra la falta de manuales o instructivos internos formalizados, el incumplimiento del “Reglamento de Contrataciones CAF” y la inexistencia de un sistema integral de gestión y registro financiero. Según la auditoría de la SIGEN, las operaciones del fondo se registraban sin un sistema informatizado adecuado.

Las auditorías también indicaron demoras en la ejecución de obras financiadas por el FFTEF, lo que generó incrementos en los costos de los proyectos. En algunos casos, se identificaron hasta 47 re-determinaciones de precios en una misma obra. Asimismo, se advirtió que el fondo no contaba con indicadores estadísticos para medir el impacto de su gestión.

Otro punto señalado en el decreto es el crecimiento en la dotación de personal del fondo fiduciario, que pasó de nueve empleados en enero de 2023 a 45 en diciembre del mismo año, a pesar de que la normativa vigente establece que los fondos fiduciarios públicos no pueden contar con estructura de personal permanente o temporario a su cargo.

Torres de alta tensión

Según el decreto, se registraron gastos no relacionados con el objeto del fondo, como la contratación de servicios gastronómicos para eventos internos y la celebración de la firma de un contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica. Como parte del proceso de disolución, las sumas líquidas, los títulos públicos y otros activos financieros del FFTEF serán transferidos a la Secretaría de Energía para continuar con la ejecución de proyectos en curso.

La administración de los fondos destinados al transporte eléctrico quedará a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que asumirá el rol de comitente en los contratos de obra en curso. Asimismo, la Secretaría será responsable de la documentación técnica y la supervisión de las obras financiadas con los recursos reasignados.

El Decreto 234/2025 también establece modificaciones que implican una redistribución de los recursos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Bajo la nueva disposición, el 60% de los fondos se destinará a subsidios para compensaciones regionales de tarifas a usuarios finales, mientras que el 40% restante se asignará al Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior.

Fuente LA NACION