- Tras varias idas y vueltas y sin una mayoría en el Senado, el Presidente tomó la decisión este martes.
- Ambos jueces entrarán en funciones durante un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión.
El presidente Javier Milei informó en la tarde de este martes que firmará el decreto para nombrar en comisión durante todo el año legislativo al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte Suprema. Ambos entrarán en funciones de manera inmediata y por el máximo de un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión. El decreto se publicaría en la medianoche en el Boletín Oficial.
El oficialismo buscará el año próximo conseguir las mayorías para nombrarlos de manera permanente en el Máximo Tribunal. Si no los consiguen, en el Gobierno advierten que volverán a repetir el mismo procedimiento dentro de 12 meses. Cerca del Presidente confirmaron que los dos flamantes magistrados, una vez que juren, serán invitados para participar del inicio de sesiones ordinarias, este sábado, y que se sentarán en el Congreso junto al resto de la Corte.
Mauricio Macri había utilizado la misma herramienta en 2016 para ungir a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, pero finalmente los jueces asumieron con el aval de los dos tercios del Senado, que esta vez el Gobierno no consiguió para los postulantes que promovió.
En el Gobierno afirman que, según sus cálculos, tenían los votos para votar a Lijo, pero consideran que los legisladores prefirieron que el Presidente asumiera el costo político de avanzar en las designaciones por decreto. «Prefirieron diferir en vez de resolver«, dijo un funcionario con accceso al despacho de Milei. En la Rosada descartaron cualquier herramienta de la oposición para voltear los nombramientos en comisión. «La Constitución es muy clara. Es una potestad del Presidente y durante este año sus cargos están asegurados«, dijeron.
En Balcarce 50 advirtieron que los nombramientos no buscan crear una Corte adicta o afín a las necesidades del Gobierno y destacan que la nueva conformación le otorgará más dinamismo al tribunal.
En la mesa chica del Presidente consignaron que no están negados a la posibilidad de ampliar el máximo tribunal a siete o nueve miembros o más, como pedían por lo bajo desde el peronismo y varios gobernadores. «No lo rechazamos per sé, pero no forma parte de nuestra agenda«, aclararon. En cambio, desestimaron la posibilidad de nombrar los puestos vacantes de la Justicia, entre los que se cuentan el del procurador, los jueces y fiscales federales y los defensores públicos.
La Casa Rosada informó la decisión del Milei a través de la cuenta en X de la Oficina del Presidente. «El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos», destacó el comunicado.
El Ejecutivo enfrenta en el Máximo Tribunal demandas de una docena de provincias por montos multimillonarios. Distritos de todos los colores políticos reclaman por fondos suspendidos por la administración de Milei: desde el pago a las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la ANSES hasta el fondo de seguridad bonaerense, que votó el Congreso en 2021, o la coparticipación adeuda a la Ciudad.
El comunicado oficial de Presidencia recordó que la herramienta para nombrar a funcionarios de otros poderes y de entes autárquicos que requieran el acuerdo del Senado en comisión ya había sido utilizada por otros mandatarios. «Ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema», reza el texto.
A cuatro días de que el Presidente inaugure frente a la Asamblea Legislativa las sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno lanzó una crítica por elevación a la Cámara Alta. «En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores (…) Durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República», señaló el texto oficial.
En el Gobierno descartaron que la designación por decreto pueda ser disuasiva para potenciales inversores extranjeros. «No estoy al tanto de que sea así; al contrario. Creo que Lijo tiene muy buena relación con los Estados Unidos», reflexionó un alto funcionario del Gobierno, aunque -en rigor- la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) expuso reparos a la nominación de Lijo.
García Mansilla había explicitado durante su exposición en la comisión de acuerdos del Senado que no estaba dispuesto a aceptar un nombramiento en comisión. El bloque de senadores de UxP apuró un comunicado en el que detalló que no está dispuesto a votar los pliegos de jueces que acepten ser ungidos por decreto.
La mano de Lorenzetti
El nombre de Lijo, que tanta resistencia genera entre los bloques aliados a la Casa Rosada (aunque resultó el único cuyo dictamen alcanzó las firmas necesarias para ser tratado en el recinto), fue una propuesta de Ricardo Lorenzetti (como reconoció el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona) al Gobierno para equilibrar el poder en el Máximo Tribunal.
La variante Lijo había sido tanteado por otros candidatos presidenciales y el Ejecutivo barajó la posibilidad de anunciarlo en enero de 2024. Finalmente lo oficializó en marzo junto al de García-Mansilla, que escuchó el ofrecimiento de la boca de Santiago Caputo, según él mismo contó durante su presentación en el Congreso.
Precisamente, los negociadores del asesor preferido de Milei tendieron puentes con el kirchnerismo en la Cámara Alta y en materia judicial. El viceministro de Justicia Sebastián Amerio y Manuel Vidal estrenaron puentes y contactos subterráneos con el senador Eduardo “Wado” de Pedro y con el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena.
En junio de 2024, en una entrevista con Clarín, el jefe de Gabinete Guillermo Francos puso arriba de la mesa la posibilidad de ampliar la Corte, una alternativa que seducía al kirchnerismo y a los gobernadores. «Uno puede pensar que la Corte en su actual composición por ahí necesita más integrantes, ¿no? Pero yo supongo que eso será una decisión política del Presidente de la Nación que la tendrá que expresar en su momento. Hoy no ha planteado el Presidente una decisión de incrementar los miembros de la Corte aunque pueda tenerla», sostuvo..
La necesidad de sumar juezas -mujeres- en la Corte puede ser la llave para que el Máximo Tribunal crezca en su composición por encima de los 5 miembros. Algunos gobernadores de provincias relevantes, que hasta el momento tampoco habían puestos reparos con los postulantes que promueve el Ejecutivo, señalaban que el Máximo Tribunal necesitara una composición más federal. En el Ejecutivo recuerdan que para reinstalar la composición de 7 miembros solo es necesaria una ley de mayoría simple, como la que impulsó Cristina Kirchner para reducir el cuerpo en 2006 o Carlos Menem para llevarla a 9 -el número mágico, otra vez- en 1990.
Javier Milei le prometió, en agosto, a Mauricio Macri en una cena reservada en Olivos que no habilitaría esa posibilidad. “Mi posición siempre fue la de no ampliar la Corte”, tranquilizó el jefe de Estado a su antecesor.
Caputo, mientras tanto, mandó a decir una y otra vez que no concentraba sus expectativas en los 33 senadores de UxP sino en el resto de los legisladores. El escándalo de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por haber querido cruzar US$ 211 mil sin declarar fue un terremoto político, pero abortó las conversaciones.
El Gobierno ya había dejado correr que el retiro de Juan Carlos Maqueda que redujo de 4 a 3 miembros la integración de la Corte era de “gravedad institucional” y justificaba el nombramiento en comisión de los jueces vía DNU.
Puertas adentro de Balcarce 50, reconocían que Lijo no estaba dispuesto a ser designado por DNU, hasta que el magistrado -también cuestionado por la vicepresidenta Victoria Villarruel públicamente- envió señales en sentido contrario.Su límite era que su pliego naufragara en una sesión.
En el triángulo de hierro del Presidente prometían en noviembre que la Corte volvería a tener una composición de 5 miembros antes de fin de año. Los operadores de la política judicial del oficialismo se habían abrazado a la idea de que la moneda de cambio con los gobernadores y el kirchnerismo serían los nombramientos del procurador, los 150 jueces federales, además de los fiscales y los defensores públicos que faltan designar. Nada de eso sucedió, pero esas vacantes servirán para negociar los flamantes nombramientos.
El jefe de Gabinete fue el encargado de contestar la acordada de la Corte de noviembre, impulsada por Rosatti y Rosenkrantz, que habilitaba a nombrar conjueces. “Cuesta creer que podamos tener una Corte con tres miembros. Es lamentable que tenga 15 o 20 años para dictar una sentencia. El Presidente lo tiene en la cabeza y lo utilizará en el momento que corresponda; es una decisión de él. Sabe que la Constitución lo habilita. Él decidirá si lo utiliza o no”, advirtió Francos.
En los primeros días de 2025, en algunos de los despachos más importantes de la Rosada dejaron trascender que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar la incorporación de uno solo de los candidatos para conformar una Corte de 4 miembros. “Podríamos insistir con el segundo pliego más adelante, en marzo o el año próximo”, se sinceró un estrecho colaborador del Presidente. Duró poco, enseguida volvieron a abrazarse a su mantra. “Son los dos o ninguno”.
Muy cerca de Milei habían descartado que el Gobierno volviera a poner sobre la mesa la ampliación de la Corte. “Las ofertas las hacemos una sola vez”, dijeron. Ahora, con la decisión tomada, no son tan taxativos.
La semana pasada, cuando el escándalo por $Libra ya había explotado y la sesión del Senado para tratar el pliego de Lijo estaba a punto de caerse, el Ejecutivo dejó trascender que barajaba otros nombres, puesto que el juez federal seguía intransigente en su postura de no aceptar ser ungido en comisión por DNU: se escucharon los nombres de Ricardo Ramírez Calvo, Ricardo Rojas -que había sonado para reemplazar al desplazado procurador del Tesoro Rodolfo Barra-, Alberto Bianchi y Carlos Laplacette.
Finalmente la mesa chica de Milei optó por su libreto original. Los dos por decreto, como hizo Macri en 2016, antes de arrepentirse y conseguir los votos (como se recordó el último boletín de la Fundación Pensar). La medida tiene la suficiente fuerza para dar vuelta la hoja del escándalo por $Libra; al menos, durante un tiempo. El criptogate amenaza con seguir ocupando centímetros en los portales de la Argentina y del extranjero. Algunos, como Forbes, ya definieron a la criptoestafa que difundió el Presidente como «la más grande de la historia».
Fuente Clarin