- Cuatro son integrantes de la familia L’Abbate, dueña de la constructora Induplack Fiduciaria.
- Hay más de 200 damnificados. Qué dice la resolución judicial.
La jueza Paula González, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, ordenó el procesamiento con prisión preventiva del clan de la constructora Induplack Fiduciaria, una empresa familiar que como lo contó Clarín, ofrecía a través de redes sociales y plataformas inmobiliarias promociones de propiedades en pozo a precios irresistibles que nunca fueron finalizadas y que en algunos casos se vendían a más de una persona. Los involucrados tenían tres días para ponerse a derecho y 48 horas después de que fuera ordenada su detención se entregaron voluntariamente ante la Justicia.
Los procesados son Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores, acusados de integrar una asociación ilícita destinada a cometer múltiples maniobras defraudatorias mediante fideicomisos inmobiliarios. Además, se ordenó el embargo de bienes por 905 millones de pesos a Santiago L’Abbate a fin de garantizar las reparaciones económicas de las víctimas..
Según la resolución a la que tuvo acceso este medio, se imputó a los L’Abbate en su calidad de representantes legales de Induplack Fiduciaria S.A. y a Flores como apoderado de esa firma y presidente de Icons Tech S.A. por «haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo”.
La organización habría comenzado a operar, al menos, en 2012 y continuaba activa hasta junio de 2024. “En su estructura, Vito Antonio L’Abbate actuó y continuaría haciéndolo como jefe, mientras que el resto de sus consortes tomaron parte en su funcionamiento con una distribución indistinta de roles”, indica la resolución.
Cómo era el modus operandi
Los hechos investigados comprenden la comercialización fraudulenta de inmuebles en proyectos administrados por parte de Induplack Fiduciaria S.A., perjudicando a decenas de compradores. Las víctimas entregaban dinero por unidades que no eran construidas o que se vendían a más de una persona.
“Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para cubrir el costo de la construcción, los imputados desviaron el dinero recibido en su propio beneficio y/o de terceros”, describe el documento. Lo que parecía ser una buena oportunidad se transformó rápidamente en una tragedia financiera para cientos de inversores.
El cartel y la oferta desde el pozo que afectó a una de las damnificadas, en México al 1640. Foto: Matías Martín Campaya
Hay más de 200 damnificados. Entre las víctimas se encuentran personas que firmaron boletos de compraventa por departamentos en fideicomisos ubicados en Rivadavia 7159, Oliden 660, Ibarrola 6517, Fragata Presidente Sarmiento 2070/72, Alberdi 6683, México 1640, entre otros. En muchos casos, las obras no se iniciaron, los inmuebles fueron ocupados por terceros, o las víctimas recibieron pagarés que nunca fueron cancelados.
Se detallan maniobras como la firma de boletos múltiples sobre la misma unidad, incumplimientos sistemáticos de plazos, promesas de reintegro de dinero que no se concretaban, y operaciones de reventa de inmuebles ya comprometidos. En uno de los casos, la damnificada describió el edificio como “un edificio fantasma” con unidades cerradas y boletos pegados en las puertas.
“Induplack Fiduciaria S.A., en su rol de fiduciaria, tenía a su cargo la administración de los fideicomisos que se constituyeron para el desarrollo de proyectos inmobiliarios (…) sin embargo, cuando se cumplía el plazo para la entrega y la escrituración, las obras no habían concluido o ni siquiera habían comenzado”, sostiene la resolución.
La jueza también dispuso el congelamiento de los bienes y dinero de todos los procesados, considerando la gravedad de los hechos y la necesidad de resguardar la restitución a las víctimas.
La esperanza de los damnificados
Luz González, una damnificada que había comprado en un pozo en México al 1640 celebró la decisión. “Lo que sentimos es un poco de satisfacción para todos los damnificados, pero a la vez mucha angustia. Somos más de 200 familias que estamos detrás de esto, hay más familias que quieren denunciar y que no saben cómo hacerlo o no se animan. La gente está muy alborotada con lo que pasó. En los grupos de WhatsApp se nos infiltra gente de ellos, cuando comentamos en sus redes nos borran nuestros comentarios”, describe.
Por su parte, pidió a la Justicia que no libere a los detenidos y que los ayuden a finalizar las obras que quedaron paralizadas. “Hay gente alquilando que perdió toda posibilidad de tener una vivienda propia. Fue una masacre financiera, principalmente en el edificio Acuña de Figueroa que reúne a la fecha un promedio de 4/6 compradores por unidad. Que la Justicia no los libere y que el Gobierno o una empresa nos ayude a finalizar las obras que quedaron frenadas. Tampoco olvidar que se investiguen las rutas del dinero, lavado de activos y testaferros”, cerró.
Por otro lado, Alejandro Del Vecchio, que había comprado un inmueble en la construcción en la calle Catamarca al 544 manifestó que la resolución “salió más rápido de lo que pensaba”. “Pero también es una preventiva, quizás pueden arreglar para salir. Es una buena noticia, es el primer paso. Todos, como damnificados, estamos esperando que devuelvan el dinero. Es una buena noticia que estén procesados, pero faltan más vendedores y testaferros de ellos, pero es un gran avance por el momento”, señaló.
Los denunciantes crearon una casilla de mail para que otros damnificados se sumen al reclamo: damnificadosinduplack@gmail.com.
Fuente Clarin