- Se enojó con el magistrado cuando le iban a enumerar la acusación en su contra.
- En un escrito, se despegó del broker Martínez Sosa: «se quejaba de que le iba mejor con Macri que conmigo».
En medio de un fuerte operativo de seguridad, a las 9:30 de la mañana de este miércoles Alberto Fernández se hizo presente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como imputado en un caso por presuntos hechos de corrupción. Tres horas después, dejó el edificio de Retiro luego de haber cumplido con el trámite.
En ese lapso, el expresidente presento escrito de descargo, hizo una declaración vinculada con su controvertido decreto que obligó a los organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros y la participación de intermediarios, negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas del juez Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rivolo. Solo respondió preguntas de su defensora.
Fernandez fue indagado en el marco del expediente que analizó los 45 contratos que organismos estatales firmaron con Nación Seguros y en los que intermediaron 25 brokers. El ex Jefe de Estado está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles. Además, serán indagados Héctor Martínez Sosa quien se quedó con el 42% de los contratos y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero.
El ex presidente ingresó a la indagatoria y saludó formalmente a todos los que se encontraban en el despacho. Al comienzo de la declaración, con un manifiesto enojo, sostuvo que insistirán con la recusación del juez.
Tal como se esperaba, presentó un escrito y sólo respondió preguntas de su abogada. Foto Francisco Loureiro
“Yo sabía que usted no iba a ser imparcial, por eso lo recusé”, dijo notoriamente ofuscado Alberto Fernández al comienzo de la indagatoria.
Minutos después, el juez Ercolini le consultó si quería que se le lea la imputación y las pruebas incorporadas al expediente judicial, ante lo cual replicó: “Para qué me van a leer esa barrabasada”. Inmediatamente, el magistrado le expresó que era obligación del juzgado ponerlo en conocimiento de los delitos atribuidos, “salvo que usted ya la haya leído, sino procederemos a la lectura”.
Fue en ese momento en el que el ex presidente señaló que no era necesario pero minutos después, reiteró que el cuadro probatorio que sostiene la imputación por presuntos hechos de corrupción, “es una barrabasada”.
La tensión inicial fue aminorando con el correr de los minutos. Sin embargo, Alberto Fernández no aceptó responder preguntas de la fiscalía ni del juzgado.
Fueron tres preguntas las que le realizó la defensa al ex presidente. En primer término le consultó sobre el objetivo del Decreto 823/2021 frente a lo cual Fernández indicó: “Con ese decreto terminó la cartelización en la República Argentina”.
Más adelante, la doctora Barbita le consultó si había intervenido en los contratos que se firmaron con Nación Seguros y que terminaron beneficiando a los brokers, principalmente, a su amigo Héctor Martínez Sosa. Negó cualquier tipo de participación.
Finalmente, la abogada le preguntó a Fernández sobre unos mensajes que se detectaron en el celular de María Cantero -su ex secretaria-, donde él dijo que hablaría con Cancillería. “Yo me enteré que había un pícaro que se quería meter ahí y por eso dije que iba a hablar para saber que pasaba, nada más”, adujo Fernández
Dirigiéndose a Ercolini, Fernandez volvió a negar las acusaciones: “Voy a hacer dos cosas, primero voy a dejar un escrito que voy a firmar en este mismo acto, donde trato de dar respuesta a las acusaciones que constan en el decreto, y los cargos que me formulan que, la verdad, no logro comprenderlos.»
«En primer lugar, quiero decir que yo creo que este acto es nulo, porque no cumple con ninguno de los requisitos que el sistema procesal argentino prevé. Con una velocidad admirable fue rechazado, pero será apelado. Por lo tanto, como entiendo que es nulo el llamado, creo que es nula la declaración que voy a prestar«, fue lo primero que señaló.
Sin embargo, de inmediato dijo que «como soy un hombre que aprendió derecho con Esteban Righi y que cumple las obligaciones que el Estado de derecho impone, estoy aquí prestando declaración».
El expresidente sostuvo que «el juez y yo sabemos por qué no existe imparcialidad de su parte, y está escrito en mi presentación. Quiero recordar que mi recusación al juez que interviene en esta causa está todavía pendiente de resolución en la Corte».
«El sistema anterior favorecía la cartelización»
Al concluir esos dos puntos, Alberto Fernández se desvinculó de cualquier maniobra presuntamente corrupta en relación a los seguros.
«Durante más de cuatro décadas, el Estado Argentino aseguró sus empresas en una empresa del Estado, que además intervenía en otros rubros, que era La Caja Nacional de Ahorro y Seguro. A su vez, en ese mismo período, la Argentina contó con un reasegurador monopólico, que era el Instituto Nacional de Reaseguros. En los años 90, que era yo Superintendente de Seguros, el gobierno dispuso la privatización de La Caja Nacional de Ahorro y Seguro y el cierre del Instituto Nacional de Reaseguros», explicó.
Buscando correrse de la imputación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el ex Jefe de Estado indicó que hasta la firma del controvertido decreto 823/2021 «el Estado se aseguró con empresas privadas con intermediarios en un sistema que favoreció la cartelización del sistema asegurador y los más espurios negocios».
Las empresas de seguros -consideró- se «repartían las entidades a asegurar entre si, simulaban licitaciones, y además, usaban productores de seguros. Lo que quiero significar es que es una práctica desde hace muchos años que los bienes de los Estados provinciales se aseguren con empresas del estado provincial. Creo que la que más peso tenía en el Estado Nacional era Provincia Seguros».
Después criticó las políticas económicas de Mauricio Macri y remarcó que cuando asumió en 2019 «el estado económico del país era desastroso. El sistema financiero estaba en una grave crisis, con una grave deuda que hasta el día de hoy estamos cargando. Permítame destacar además, que el gobierno de Mauricio Macri había declarado el default de la deuda en pesos, con lo cual la contención de pesos por parte del Estado era muy importante».
Además, el gobierno que me precedió, había dictado lo que se conoció como «el cepo», que redujo sensiblemente la salida de dólares, pero la medida estuvo determinada precisamente por la enorme fuga de dólares y la escasez de dólares en Argentina. Explico todo este cuadro para que se entienda el contexto en el que el decreto fue dictado».
Cuando se refirió a la firma del decreto cuestionado en esta causa, que a su vez habilitó la intermediación de los brokers de seguros, a quienes se les pagaron más de 3.300 millones de pesos en comisiones desde 2019 a 2024, Alberto Fernández dijo que buscaban «generar la mejor sinergia entre los recursos públicos. El Estado tenía una empresa de seguros que operaba en el mercado como cualquier otra, y pensamos que ésa era la mejor forma de optimizar los recursos, en lugar de pagarle a empresas privadas, podíamos direccionar esos recursos a una aseguradora que los dirigía al Banco de la Nación, para mejorar la existencia crediticia».
Justificando su decisión manifestó que cuando asumió la presidencia prácticamente todos los seguros que se tomaban se reaseguraban en el exterior. «Y eso generaba una salida de divisas insostenible para las condiciones económicas que teníamos».
Bajo esa misma línea defendió que los coaseguros, como los que se analizaron en el caso puntual de ANSES, se realizaba «es una práctica habitual en el sistema asegurador. No necesitaba del decreto para poder hacer coaseguros, en el mercado argentino son una práctica habitual y es la forma de los aseguradores para retener una parte del riesgo sin tener que pagar un reaseguro».
Em otro tramo de su exposición remarcó que no se tuvo en cuenta «la complejidad que significa asegurar los bienes del Estado. No sé si es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tiene la obligación de asegurar en el Poder Judicial. Pero la infinidad de riesgos es inmensa. Por ejemplo, Aerolíneas e YPF tienen un departamento específico de seguros por la complejidad del tema. Quien tiene a su cargo un hospital, ¿debe asegurar la mala praxis de los médicos?; ¿la Prefectura y la Armada deben asegurar sus buques?, ¿el Ejército Argentino sus tanques?, ¿el Ministerio de Educación, la mayor colección de cuadros?. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene la obra pictórica de los más grandes pintores argentinos?. ¿Qué funcionario hay con capacidad para resolver eso?» se preguntó.
La relación con el broker Martínez Sosa
Respecto de Héctor Martínez Sosa, su amigo broker y señalado como uno de los más beneficiados con la maniobra bajo investigación, Alberto Fernández admitió que “he tenido siempre una relación de afecto. Pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema”.
Defendiendo al broker que se hizo del 42% de los contratos, el expresidente dijo que en sus cuatro años de mandato “no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”.
Continuó con esa línea argumentativa y planteó: “yo llegué al mercado de seguros como superintendente, Martínez Sosa era el broker más grande de Argentina, y hoy debe serlo, es una empresa que tiene más de cincuenta años, la inició su padre. Tuvo seguros con el Estado en todos los tiempos y con todos los gobiernos. Debo confesar que Martínez Sosa se quejaba de que le iba mejor con Macri que conmigo, cosa que me enaltece”.
La acusación
La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es un Decreto, el 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.
El ex presidente Alberto Fernández se presenta en Comodoro Py. Foto Guillermo Rodríguez Adami
A criterio de los investigadores, ese decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández.
El juez responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Para ello, varios de los nombrados, -detalló el magistrado- “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
Al analizar estos elementos, el juzgado sostuvo que la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.
Fuente Clarin