Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANADIS) rectificaron los términos mediante un comunicado y aseguraron que «nunca hubo una intención discriminatoria». Sin embargo, echaron a la funcionaria responsable.
Luego de la lluvia de críticas que recibió el Gobierno por la terminología utilizada para referirse a personas con discapacidad en una resolución oficial, en donde se las mencionaba como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mental”, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacó rápidamente un comunicado para rectificarse, a la vez que despidieron a la funcionaria responsable.
El texto al que se refieren las críticas fue publicado el 16 de enero en el Boletín Oficial, pero se conoció el jueves 27 de febrero, luego de que diversas asociaciones denunciaran el hallazgo y tildaran de «discriminador» al Gobierno nacional. La misiva comienza con una explicación: “El 16 de enero del corriente año, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANADIS) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025. Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”.
“Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, señalaron.
A su vez, aclararon que la resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes: “Esto será con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación”, indicaron.
Finalmente, desde ANDIS buscaron reafirmar su compromiso “con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan”.
El Gobierno notificó además que la responsable del «error» fue despedida. Miriam Améndola estaba por ser oficilizada como coordinadora en Fiscalización Médica en ANDIS, mientras que la extitular del cargo, Tatiana Alvarado, dejó el cargo antes de que la Resolución 187/2025 fuera publicada. Según detalló Clarín, ambas fueron responsabilizadas por el escándalo.
En qué se basa la terminología utilizada en la resolución oficial
Puntualmente, el texto utilizó palabras obtenidas de una regulación emitida en 1998 durante la presidencia de Carlos Menem. En ese texto, titulado «Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores», se definía un método específico para analizar el impacto de afecciones físicas y psicológicas en los empleados. La normativa establecía criterios detallados para determinar el nivel de invalidez y su correspondiente valoración dentro del ámbito laboral.
El anexo de la nueva regulación introduce cambios en la clasificación de la discapacidad intelectual, dejando atrás las categorías de leve, moderada, grave y profunda, y adoptando términos que han sido cuestionados por su carácter ofensivo.
Según este documento, las personas de hasta 30 años son catalogadas como “idiotas”, aquellas entre 30 y 50 años como “imbéciles”, entre 50 y 60 años como “débiles mentales profundos”, entre 60 y 70 años como “débiles mentales moderados” y, finalmente, entre 70 y 90 años como “débiles mentales leves”.
De hecho, durante todo el jueves 27, las redes sociales se llenaron de críticas por parte de diversas agrupaciones, familiares y pacientes con discapacidad, como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), desde donde exigieron “la inmediata rectificación de esta resolución y el reemplazo de su terminología por un lenguaje acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y con el modelo social de la discapacidad”.
Fuente Perfil