Con tres decretos y un DNU, ordenó que la facturación de bienes y servicios se realice mediante plataformas que dependen del Ejecutivo. La medida involucra a las 62 casas de altos estudios, pero el foco está en la UBA. Si no cumplen, podrían limitar las transferencias de fondos públicos
Después de un tiempo de tregua, el gobierno de Javier Milei retomó una de las batallas políticas que marcaron este 2024: la discusión por la auditoría de los gastos de las universidades, principalmente los de la UBA. Tres ministerios redactaron una batería de decretos con el objetivo de reformar el actual sistema de gestión económica y financiera de esas casas de altos estudios y, también, prohibir la firma de convenios y acuerdos directos, sin licitación ni compulsa de precios.
El paquete normativo total involucra cuatro decretos -tres publicados hoy y otro previsto para la próxima edición- que modifican el marco normativo para las compras, contrataciones y el manejo presupuestario en las universidades públicas. Estas reformas implican la adopción obligatoria de sistemas electrónicos nacionales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). Además, se restringe al mínimo la posibilidad de firmar “convenios interadministrativos” con entes públicos o cooperativas, que quedaban fuera de los controles del Estado Nacional.
Este último punto es clave, porque en las investigaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), con quien la UBA mantiene una disputa en tribunales, se descubrieron unos 2.400 convenios por montos multimillonarios con diversas irregularidades. En la batería de decretos que elaboraron los ministerios de Capital Humano, Descentralización y Economía se dejó una instancia de negociación: no se establecieron cronogramas ni fechas límite para su implementación. “Queremos el diálogo”, dijeron en el Gobierno.
El conflicto universitario atravesó al gobierno de Javier Milei este 2024
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicaron los detalles de los cambios en una rueda de prensa de la que participó Infobae. Ambos resaltaron que los cambios no avanzarán en modo alguno sobre la autonomía de esas instituciones, que está reconocida por la Constitución Nacional y las leyes, sino que las incorpora a los requerimientos de transparencia que rigen para la administración de fondos en todos los organismos públicos.
En el contacto con los medios, Fariña -virtual viceministro de Federico Sturzenegger- explicó que los decretos “se enmarcan en una lógica de la política de transparencia del gobierno nacional” y puso como ejemplo la disolución de 15 fondos fiduciarios, algunos de los cuales “gastaban el 70 u 80% de su dinero en salarios y no destinaban casi nada de los fondos al fin para el cual habían sido creados”. Otro caso fue “el fin de los privilegios de las empresas públicas, que tenían un monopolio en la contratación del Estado, como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Correo o la agencia Optar”.
“Las universidades tienen autonomía total para definir cómo gastar su presupuesto y eso se respeta y nadie lo cuestiona. Pero los fondos a partir de los cuales funcionan son de la administración pública, que están aplicados dentro de la Ley de Administración Financiera. Las universidades son entes de la administración pública y la visión del Gobierno es que tienen que tener los mismos procesos de transparencia y control que cualquier otra entidad”, indicó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública.
Javier Milei, con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el secretario Alejandro Álvarez
El primer decreto estableció la obligación para todos los entes incluidos en el inciso a) del artículo 8 de la Ley Administración Financiera -dentro de los cuales están las universidades- de utilizar el Sistema de Compras Contrat.Ar y Compr.Ar y regirse por los requerimientos de la Oficina Nacional de Compras. “Hay algunas universidades que ya lo utilizan, otras universidades que no lo utilizan y que están fuera del marco normativo -porque forman parte de la administración pública y tendrían que utilizar estos sistemas de compras- y nos va a permitir tener un mecanismo de transparencia sobre el uso de todas las licitaciones y compras que realizan todas las universidades”.
“De la misma forma que hoy, si el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Desregulación hace una compra y pueden ver la cantidad de oferentes, los precios, cuáles son las compras, queremos transparentar todos los gastos de las contrataciones que realicen las universidades, manteniendo la autonomía -ellas van a decidir cómo ejecutar su presupuesto- y lo único que estamos disponiendo es que van a tener que utilizar los mismos mecanismos que el resto”, explicó el viceministro.
El segundo decreto está relacionado con el E-SIDIF, que es el sistema que se utiliza en el Estado nacional para la gestión de pagos, una licitación, un convenio, una transferencia directa a un ente o a una jurisdicción. “Ese proceso de tomar el Presupuesto, verificarlo, hacer la presentación de la factura, ejecutar el pago, todo se realiza por ese sistema que es el E-SIDIF y que depende de la Secretaría de Hacienda”, indicó el funcionario.
Y resaltó que están instruyendo a la Secretaría, primero estableciendo la obligación de que todas las universidades, empresas públicas y fondos fiduciarios y todos los organismos que pertenecen a la Administración pública utilicen este sistema de forma obligatoria, mediante un cronograma para la implementación”.
“Todos los gastos y transferencias y pagos que realicen las universidades van a tener el mismo sistema de seguimiento y control y de auditoría que permite hoy en día o que tiene toda la administración pública y todo lo que son los fondos públicos que salen de los impuestos de cada uno de los ciudadanos”, explicó.
El tercero, que es clave, es un DNU que modifica el decreto delegado de las contrataciones públicas, como puede ser una compra directa, una licitación internacional, una licitación pública. “Todos esas acciones tienen una diferentes metodologías de adquisición de bienes y servicios y algo que se llama “convenios interadministrativos”, que es un proceso que es mucho más acelerado y que se utiliza para algunas situaciones en particular”.
“Estamos eliminando la posibilidad de que haya convenios interadministrativos con universidades. Para que tomen la dimensión del tamaño de esto, con la SIGEN hicimos una auditoría respecto a los últimos dos años -2022 y 2023- y encontramos más de 2.400 convenios entre el Estado nacional y diferentes universidades de todo el país”, explicó Fariña.
El viceministro reconoció que, “lamentablemente, a lo largo de la historia, se han utilizado esos convenios de formas incorrectas, con marcos que daban poca transparencia, organismos que hacían contrataciones por montos muy grandes con universidades, en las cuales no había un fin concreto, no se entendía claramente, cuál era el servicio que se estaba brindando, en algunos casos se ha llegado a hacer contrataciones de personal mediante este tipo de convenios”.
“Queremos brindar la mayor transparencia en el funcionamiento de la administración pública. Esto no implica que se pueda hacer una contratación en una universidad. No lo prohíbe, pero lo único que establecemos que tiene que ser en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa”, agregó el secretario de Transformación del Estado.
Y aclaró: “Si un Estado o un organismo necesita hacer una consultoría específica sobre algún tema en particular, tendrá que ir a una licitación pública, se podrán presentar empresas privadas, se podrá presentar una universidad pública, se puede presentar una universidad privada y, en base a los criterios de los pliegos, se elegirá al mejor postor, pero que no exista la posibilidad de un camino indirecto, de un camino poco transparente, de directamente hacer un convenio interadministrativo con una universidad pública que permite una vía de gastos de dinero poco transparente”.
“El cuarto decreto es un decreto reglamentario para adecuar los cambios que se tienen que hacer a partir del cambio en el DNU que mencioné recién y que se publicará en las próximoas horas”, explicó.
Los roces con la UBA
Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, afirmó que en el sistema de compras que se va a poner en marcha a partir de estos decretos ya hay universidades. “Tenemos 35 universidades que están dentro del sistema, que es más o menos la mitad del sistema. La idea es que pasen a estar en el 100% de las universidades. Sabemos que es un proceso lento, porque tampoco podemos de un día para otro hacer que se cambien todos los sistemas”.
El funcionario explicó que el resto ded las existe un sistema que es el SIU (Sistema de información universitaria) que tiene diferentes subsistemas, como el de administración de personal, un sistema de información de alumnos y un sistema de contratación y pago, que se llama Pilagá. El subsecretario aseguró que el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, “está de acuerdo” con los cambios y que habían empezado a discutir la implementación.
“La idea era hacerlo en un proceso dialogado con el CIN para implementarlo”, dijo Álvarez, aunque reconoció que con la Universidad de Buenos Aires el diálogo está interrumpido. “Hay 62 universidades, además de la UBA, hay otras 61. Nosotros tenemos que gobernar todo el sistema, no solamente la UBA, porque también esto es todo muy UBA dependiente. Es importante, es el 50% del sistema en cuanto al presupuesto, pero como me han escuchado a mí varias veces que lo dije, va a llegar un momento en que la UBA va a tener que aceptar que la Argentina tiene una Constitución y tiene un sistema legal que tiene que acatar. No puede ser que tengamos la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la UBA, que tiene su propio sistema legal”, afirmó.
“La ley se interpreta según su propio beneficio. Estamos discutiendo ahora: la UBA tampoco quiere el sistema de créditos. Acaba de reunirse el Consejo de Universidades. Se votó por unanimidad la aplicación del sistema de crédito paulatinamente, tampoco es una cosa manu militari, sino que lentamente, y tampoco la UBA participó”, consideró.
Por último, el subsecretario de Políticas Universitarias reveló que la última auditoría realizada sobre la cantidad de alumnos que tiene la UBA confirmó una disparidad entre los inscriptos y los estudiantes que efectivamente tienen actividad. “De los 300 mil, el 25% está en duda, no tiene datos. De esa matrícula, 25% que no tiene ningún dato en el sistema. No sé si son inventados, son remanentes, eso estamos investigando, a ver qué es lo que pasó con esos datos. Con tanta cantidad de alumnos sin ningún dato, sin ninguna materia rendida, sin inscribirse ninguna materia, nunca, es para observarlo”, afirmó.
Fuente Infobae