Con nuevas normativas establecidas en un decreto, se prohíbe el uso de las escuelas como «espacios de imposición ideológica», y la propaganda partidaria en edificios del Estado nacional.
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional implementó una serie de medidas destinadas a eliminar la propaganda política partidaria en edificios públicos y a establecer estrictos límites en el uso de bienes estatales con fines personales o partidarios. Un paso más en la “batalla cultural”, que parece apuntar principalmente contra la politización en las instituciones estatales.
El decreto 1084/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, introduce una regulación que busca garantizar la “neutralidad institucional” y evitar el “culto a la personalidad” en los espacios y recursos pertenecientes al Estado. Se prohíbe explícitamente la colocación de imágenes, símbolos o referencias que puedan interpretarse como propaganda política o como una exaltación de figuras políticas en edificios, monumentos y demás bienes estatales.
Además, el decreto establece un requisito temporal para la asignación de nombres a bienes públicos. Según el Artículo 2°, deberá transcurrir un mínimo de diez años desde el fallecimiento de una personalidad o desde un hecho histórico antes de utilizar su nombre para designar cualquier bien del Estado. A pesar de que es una normativa general, pareciera una alusión directa a aquellas sedes y espacios que se denominaron “Néstor Kirchner” meses después de su fallecimiento.
Además, queda prohibida la asignación de nombres de personas que hayan accedido a cargos de gobierno mediante actos contrarios al sistema democrático y al orden constitucional.
Por otro lado, se establece que ningún funcionario, independientemente de su jerarquía o forma de contratación, podrá emplear recursos del Estado para promover su imagen, ideología, afiliación o cualquier atributo personal.
La normativa también habilita a los ciudadanos a denunciar posibles incumplimientos de manera gratuita a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD). Este mecanismo apunta a fomentar la participación activa de la ciudadanía en el control del cumplimiento de las disposiciones.
Finalmente, el decreto señala que cualquier violación de estas prohibiciones será considerada una infracción grave en el ejercicio de la función pública, con posibles sanciones administrativas, patrimoniales e incluso penales, en línea con las normativas vigentes.
Capital Humano a la cabeza de la “batalla cultural”
A mediados de noviembre, la ministra Sandra Pettovello, de Capital Humano, compartió imágenes en sus redes sociales mostrando el retiro de retratos, afiches y bustos de Eva Perón de diversas sedes gubernamentales. “Los edificios públicos son de todos los argentinos”, expresó en aquella oportunidad, mientras se retiraba también un busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la ANSeS en la Ciudad de Buenos Aires. La imagen del expresidente Néstor Kirchner fue retirada de su edificio central. A este episodio le siguió el desmantelamiento de posters y pegatinas que representaban a María Eva Duarte de Perón en diferentes dependencias gubernamentales. En el barrio de Retiro, la sede del Correo Argentino se tapó un mural que representaba al expresidente Kirchner.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que supervisa estas acciones, se aseguró que los objetos retirados serían tratados con cuidado. «Serán trasladados a depósitos correspondientes, como el de la ANSeS, para su adecuada conservación. Los objetos que no estén patrimoniados y no sean propiedad del Estado serán entregados a sus dueños siempre que estos puedan demostrar la titularidad de los mismos», detallaron en un comunicado oficial.
En el marco del Decreto 1086/2024, el Ejecutivo justificó estas decisiones subrayando la necesidad de mantener los bienes estatales “al servicio de toda la comunidad y no de intereses específicos”. Según el documento, “los recursos y bienes del Estado Nacional son públicos y deben estar al servicio de la comunidad en general y no de intereses particulares o partidarios que suponen una imposición forzada a la memoria colectiva”.
La medida también destacó que los bienes públicos deben preservar una neutralidad que evite confusiones entre lo estatal y lo político. “La denominación y/o identificación de obras de infraestructura pública, monumentos, edificios, oficinas y espacios públicos no debería estar basada en intereses políticos partidarios, para no desvirtuar la finalidad y el significado cultural o histórico de dichos bienes”, menciona el texto oficial.
En paralelo, el Gobierno abordó la problemática del adoctrinamiento político en el ámbito educativo con la modificación de la Reglamentación de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El decreto incorporó disposiciones específicas para garantizar que las instituciones educativas no se conviertan en espacios de imposición ideológica. “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes”, señala uno de los párrafos añadidos.
Desde los sectores críticos al Gobierno se ha denunciado en reiteradas ocasiones que, bajo la excusa de la lucha contra el “adoctrinamiento político” se esconde la censura y la vigilancia a los docentes en las aulas. En ese sentido, semanas atrás estalló una polémica por textos difundidos en las escuelas bonaerenses que el oficialismo consideraba “inadecuados”, como Cometierra, de Dolores Reyes, lo que suscitó críticas de Axel Kicillof y su entorno.
La normativa oficial subraya que cualquier intento de influir políticamente a estudiantes no solo afecta su dignidad, sino que también atenta contra su derecho a la educación y a la libertad de pensamiento.
Fuente Perfil