- Se trata de Marcelo Bailaque, sospechado por presuntos vínculos con el capo narco Esteban Alvarado
- El operativo fue ordenado por la Procelac y alcanzó también a funcionarios de AFIP, Aduana e Hidrovía.
Si algo le faltaba a la conflictiva dinámica rosarina en materia de seguridad es que un juez federal, apuntado en el Consejo de la Magistratura, sea allanado en plena mañana del jueves por la propia Justicia, que secuestró su celular y el de otros cinco funcionarios de alto rango, en el marco de una investigación por lavado de activos.
Marcelo Bailaque es el magistrado al cual agentes de Gendarmería y funcionarios de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) le realizaron un allanamiento, que repitieron también en oficinas de la AFIP-Aduana Santa Fe, Rosario, de la Aduana-Hidrovía y de un estudio Jurídico Contable. Lo allanaron en el marco de una causa que investiga evasión impositiva, contrabando y extorsiones a empresarios.
Tal como publicó Clarín, a Bailaque se lo investiga por favorecer supuestamente a Esteban «Lindor» Alvarado, una acusación que él niega. En 2013, el juez rechazó una solicitud de intervenciones telefónicas dirigidas al grupo de Alvarado, solicitada por fiscales federales que ya asociaban al grupo con el tráfico de drogas. Además, hay versiones de que el supuesto contador de Alvarado, Gabriel Mizzau, manejaba las finanzas personales del juez. El hijo de Mizzau, Sebastián, trabajó en el juzgado durante siete años.
Además de Bailaque, también fueron requisados otros funcionarios de primera línea. Uno de ellos fue Carlos Andrés Vaudagna, de la dirección Regional Santa Fe (SDG OPII) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Según el diario La Capital, el funcionario recibió una probation en 2022, en una causa derivada por la investigación de los papeles de la firma Vicentin.Vaudagna había aceptado que eran suyos US$ 200.000 hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de la cerealera.
Otros de los funcionarios cuyos celulares fueron requisados son Fernando Duncan Amante, Luciano Martín Giunta y Pablo Andrés Allegri, de la dirección Regional Rosario (SDG OPII) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Allegri es ex vicepresidente del club Newell’s Old Boys, cargo al que renunció a mediados de este año.
También se requisaron los celulares de Román Scattolon, de la dirección General Aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero; de Omar Albano Rizzo, contador y abogado; y del secretario de Bailaque, Gustavo Guazzaroni. Los procedimientos realizados fueron solicitados por el fiscal Juan Argibay Molina (Procelac) y la Unidad Rosario de la Fiscalía Federal, con intervención de Matías Scilabra y Federico Reynares Solari.
En la mira de la Justicia desde hace tiempo
Bailaque se recibió de abogado en 1987 en la Universidad de Rosario y está a cargo del juzgado número 4 desde 2008. En paralelo a esta causa que le abrieron en su contra, está siendo sometido a una investigación en el Consejo de la Magistratura, donde se analiza su desempeño en la causa contra el jefe narco Esteban Alvarado.
Fuentes judiciales consultadas por Clarín aseguran que Bailaque viene obstruyendo avances importantes en causas relativas al narcotráfico desde hace años. «Tiene etapas, hay momentos en los que activa y sale a investigar, pero muchas veces ha trabado allanamientos y otras medidas de prueba», sostienen quienes trabajaron cerca del controvertido magistrado en diferentes investigaciones.
Su presunto vínculo con Alvarado, uno de los grandes capos narcos de la ciudad santafesina, es cuestionado desde hace tiempo. Condenado en 2019 por el asesinato de un prestamista y por asociación ilícita con empresas vinculadas al narcotráfico, Alvarado habría tenido relación directa con Logística Santino SRL. El contador de esa firma era Gabriel Mizzau, quien le ponía el gancho a los estados financieros y realizaba gestiones, aseguran fuentes cercanas a la investigación, tanto para Alvarado como para Bailaque.
El hijo de Mizzau, según se pudo constatar en la investigación que lleva adelante el Consejo de la Magistratura, trabajó con Bailaque desde 2017 y hasta este año. La versión que circula es que Bailaque y Mizzau fueron compañeros en la escuela secundaria.
El caso más polémico que involucró a Bailaque fue en 2013, cuando rechazó los pedidos de intervención telefónica que se habían solicitado contra miembros del clan Alvarado. Esa situación habría generado un retraso en la investigación contra el narcotraficante. Recién 11 meses después pudieron avanzar con la pesquisa los fiscales Marcelo Di Giovanni y Santiago Marquevich.
Fuente Clarin