La compañía había tenido un resultado financiero negativo de casi $30.000 millones en 2023; durante la gestión massista al frente del transporte sumó a más de 100 empleados por año; en lo que va de 2024 demandó transferencias de al menos $37.000 millones
La empresa Belgrano Cargas, tal como se la conoce hoy, nació en 2013, cuando fue conformada a través de un DNU firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios, entre ellos Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Florencio Randazzo. Dentro de esa nómina no figuró quien encabezaba el Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido. Su cartera poseía competencias en materia de transporte hasta después de la “Tragedia de Once”. Las transfirió al entonces Ministerio de Interior y Transporte que encabezaba Randazzo.
En medio de esa reestructuración, la gestión kirchnerista creó Belgrano Cargas y Logística S.A. Pese a ser una sociedad anónima, el Estado es dueño del 100% de sus acciones. Un documento oficial describe que el 75% pertenece a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, también conocida como FASE, y el 25% restante, a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, comúnmente denominada AGP.
Según datos oficiales, su planta está compuesta por 4429 personas. La memoria y estados contables de Belgrano Cargas y Logística S.A. indicó que al cierre de 2019, final de gestión macrista, la empresa tenía 1168 empleados que, al sumar a los trabajadores que absorbió de las líneas San Martín, Urquiza, Belgrano y Tafí Viejo, llegaba a 3939. Es decir, si se comparara esta cifra con la que encontró Milei al llegar al poder, se podría afirmar que incorporó a 122 personas por año (uno cada tres días) durante la administración massista al frente del transporte en el Gobierno de Alberto Fernández.
Para ponerlo en perspectiva, el tamaño de la plantilla de Belgrano Cargas representa un quinto del personal a cargo de la empresa madre del holding ferroviario, Operadora Ferroviaria (Sofse), que opera ocho servicios distintos, entre ellos los del AMBA. Dicho sea de paso, el Gobierno considera que Sofse posee una dotación de empleados superior a la que necesita. De hecho, entre 2019 y 2023 registró 4266 incorporaciones.
De vuelta en Belgrano Cargas, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, la empresa contaba con 4644 trabajadores. De esta manera, el recorte durante estos 10 meses alcanzó a 215 empleados. De esas desvinculaciones, unas 192 demandaron transferencias del Tesoro equivalentes a $3360 millones para poder costear las bajas. En línea con esto, la Oficina del Presidente describió al tamaño de la dotación de Belgrano Cargas como “sobredimensionada” y con una “estructura jerárquica elevada, no acorde a sus funciones”.
Las planillas del Ministerio de Economía muestran que la empresa cerró el primer semestre del año con un resultado financiero positivo de $9067,3 millones. Esto cambió la tendencia del año pasado: en la primera mitad de 2023 la compañía acumuló números rojos por $1660,7 millones y al cierre del año, de $29.492 millones.
Parte del buen registro que marcó durante este año puede entenderse a partir de las transferencias que recibió del Gobierno. El informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó ante el Congreso reflejó que “para solventar tanto sus gastos corrientes como sus gastos de capital”, la compañía recibió $37.030 millones.
Este último número parece abultado, pero en perspectiva se queda atrás de lo que debió absorber Sofse por el servicio en la red de pasajeros del AMBA, los trenes regionales y de larga distancia. Según los números del Gobierno, el Tesoro le transfirió $373.723 millones. Es decir, una cifra diez veces más grande.
Este paralelismo entre Belgrano Cargas y Sofse no sólo permite dimensionar el tamaño de la empresa que el Gobierno anunció avanzará hacia su privatización, sino que también forma parte de las conversaciones entre actores del sector ferroviario en las que se debate qué hacer con el rompecabezas de empresas que el Estado tiene en los trenes.
La eventual privatización del Belgrano Cargas tiene el visto bueno de los sindicatos ferroviarios. O, al menos, del más poderoso: la Unión Ferroviaria. Sergio Sasia, su jefe, mantiene periódicamente reuniones en la Secretaría de Transporte. Sasia se garantizó que en caso de que surja un interesado en la concesión, deberá absorber a la planta de empleados, que es de 4429. Sasia negocia hoy mano a mano con el Estado por el achique en el sistema ferroviario, donde la gestión libertaria prevé disminuir un 15% los costos y el personal de la Sociedad Operadora Ferroviaria, que emplea a unas 23.000 personas. Este acercamiento a la gestión libertaria le provocó un quiebre en su alianza con los Moyano, que ahora buscan destronarlo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. “Si no somos inteligentes, va a quedar marcada una grieta muy fuerte en el movimiento obrero. Nos va a pasar la realidad por encima si no discutimos una actualización laboral”, argumentó Sasia ante LA NACION sobre sus razones por las que aceptó negociar con el Gobierno. No se opone a la privatización de los ferrocarriles. Imagina un sistema mixto y asegura tener coincidencias con los grandes grupos empresarios que gestionan mejoras en el trazado del servicio de cargas.
De esta manera, el Gobierno avanzó sobre Trenes Capital Humano, dado que hace tres semanas anunció su cierre, inició las gestiones oficiales para privatizar Belgrano Cargas, y proyecta un recorte en Sofse. El holding ferroviario estatal comienza a desarmarse.
Por Ignacio Grimaldi
Fuente Lanacion